Una reclusa de 31 años de la Unidad n.º 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), también conocido como Cárcel de Mujeres, falleció por causas que aún se desconocen y se están investigando, informó el programa socioeducativo y de salud en cárceles Nada Crece a la Sombra. El hecho, que ocurrió el viernes de la semana pasada, generó una protesta de las internas y un posterior comunicado de la ONG.

En el texto, Nada Crece a la Sombra informa que la mujer había sido atendida el miércoles pasado por un problema de salud y que el jueves había estado todo el día durmiendo. Sus compañeras pensaron que era “parte del tratamiento”, menciona el texto.

El viernes, en tanto, siguió durmiendo hasta el mediodía, momento en que el resto de las internas se dieron cuenta de que había fallecido, y pidieron auxilio. La protesta, según la organización, se da por el déficit de atención de salud que hay en la cárcel, algo que advirtieron en “varias oportunidades”. Recordaron también que es una de las cárceles a las que el Ministerio del Interior les prohibió el ingreso en agosto del año pasado.

Con la interrupción de su trabajo, la cartera de seguridad “violó un convenio vigente” e “interrumpió la gestión” que se estaba llevando adelante por el Plan de Salud Sexual y Reproductiva en cárceles. “El convenio se firmó el 13 de julio de 2020 (en esta gestión) con la cartera y contó con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, Asse, la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay. Este era uno de los 12 escuetos puntos del Plan Dignidad”, señala el comunicado.

Nada Crece a la Sombra sostiene en el comunicado que, al estar presentes de lunes a viernes con talleres socioeducativos en esa cárcel, detectaban “múltiples situaciones”, asociadas con problemas de salud, las cuales “derivaron oportunamente”. No obstante, afirman que hay jerarcas del ministerio que son “caprichosos”, que “no saben, pero tienen la soberbia de creer que todo lo pueden”.

“Y así, con esa soberbia y sin justificación técnica alguna, prohibieron intervenciones de la sociedad civil y la academia que han sabido apoyar a la institución en la deficitaria atención de salud y de seguridad que tienen varias cárceles. Hasta el momento, no han tenido capacidad de suplantar estas intervenciones. Tampoco la altura de reconocer que se equivocaron, reintegrar estas acciones y cumplir con los convenios vigentes”, reza el texto.

Finalmente, el comunicado hace referencia a que la atención en salud de las mujeres privadas de libertad “no puede ser un botín” de los que les toca administrar el poder porque de esa forma “los caprichos que habilita el Ministerio del Interior cuestan vidas”.