El economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, se expresó este sábado en la red social X (Twitter) en contra de la iniciativa que impulsa el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio para plebiscitar una reforma constitucional de la seguridad social.

Tras el anuncio por parte de la central sindical de que ya sumaba más de 150.000 firmas para impulsar la reforma, Munyo desarrolló un hilo con 10 razones que sostienen que el plebiscito en cuestión puede tener “un impacto potencial muy negativo para el país”.

“El Pit-Cnt propone retroceder 30 años para deshacer dos reformas previsionales que han recibido reconocimiento global (1996 y 2023) y condenar al próximo gobierno a lidiar con las enormes consecuencias negativas que ello implica. La iniciativa es muy fácil de vender: ofrece aumentar el pago mínimo por pasividades y asegura que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al valor del salario mínimo nacional; todo sin reducir los montos jubilatorios de la casi totalidad de las personas. La propuesta es tan populista como retrógrada al reducir la edad jubilatoria a 60 años, exigiendo 30 años de servicios; condiciones similares a vigentes en 1904, cuando la esperanza de vida era 27 años menor que la actual”, comenzó el economista.

Y añadió: “A su vez, con una ceguera ideológica que nubla la realidad, se propone eliminar el ahorro individual jubilatorio y la confiscación de los fondos de cada trabajador que gestionan las AFAP, para que pasen a la bolsa del BPS [Banco de Previsión Social], borrando la identificación de la propiedad individual”.

Diez razones

Posteriormente, el director del Ceres enumeró las 10 razones por las que entiende que, en caso de aprobarse la reforma, las consecuencias para las finanzas de Uruguay serían negativas. A continuación, los argumentos esgrimidos por Munyo:

“1. Suba del gasto por mayores pasividades. Se necesitarían más de US$ 1.100 millones (1,5% del PBI) extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, recursos que el país no posee.

2. Aumento del gasto por la baja de edad de retiro. Un incremento del gasto estimado en el entorno de los US$ 3.000 millones (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las Cajas Militar, Policial y Paraestatales.

3. Potenciales juicios al Estado. Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP (US$ 22.000 millones). Y las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados.

4. Aumento perjudicial de impuestos para cubrir costos extras. La iniciativa sindical presupone un aumento de impuestos (IRAE, Impuesto al Patrimonio, franjas más altas de IRPF) con serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía.

5. Reintroduce inequidades al sistema. Se da marcha atrás en la unificación de subsistemas (Cajas) con prestaciones diferentes para similares aportes, lo que fue un avance de la última reforma jubilatoria.

6. Efectos regresivos en la distribución del ingreso. Los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada.

7. Reducción del ahorro privado. Ante la prohibición del ahorro privado, las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional.

8. Pérdida del grado inversor. Uruguay obtuvo el grado inversor luego de la reforma previsional de 1997, lo perdió con la crisis de 2002, lo recuperó una década después y los solidificó recién ahora gracias a la reforma previsional en marcha.

9. Perjuicio a la seguridad jurídica, que tanto vale a nivel internacional. La iniciativa plebiscitaria deja abierta a la interpretación la exclusividad del Estado en la gestión de servicios en todas las áreas vinculadas al sistema de seguridad social, como por ejemplo la Salud. Retroceso en la agenda de desarrollo en la que debe avanzar el país. La aprobación del plebiscito y el posterior proceso de implementación no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países que les fue peor.

10. Retroceso en la agenda de desarrollo en la que debe avanzar el país. La aprobación del plebiscito y el posterior proceso de implementación no solo sería un frenazo para Uruguay sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países que les fue peor”.

“La seductora propuesta para la que junta firmas el Pit-Cnt representa un cambio de rumbo histórico y nefasto para el país, aunque disfrazado con un aparente atractivo para gran parte de la población. Hay que evitar la tentación populista a la que estaremos expuestos si se alcanzan la firmas. Si se le acercan de la campaña para el plebiscito del Pit-Cnt: escuche que lo van a tentar, pero también recuerde este hilo. Si milagrosamente lo hace, tal vez se aguante y no firme”, finalizó el economista de tendencia liberal.

El PIT-CNT informó que ya tiene más de 150 mil firmas. En estos días de Carnaval se multiplica la militancia profesional para superar las 270 mil adhesiones, necesarias para que el 27/10 tengamos un Plebiscito con impacto potencial muy negativo para el país. Abro hilo al respecto

— Ignacio Munyo (@IgnacioMunyo) February 10, 2024