Con un cartel y una silla de playa, Evelina Rodríguez, conocida como Chabela por sus cercanos, fue a la puerta de su antiguo trabajo el miércoles 18 de enero a las 9:30 de la mañana a manifestarse, reclamando por el cese de su vínculo laboral en noviembre de 2019 y la falta de indemnización que ella consideraba correspondiente, por la cual llevó el caso a la justicia civil.

Pasó todo el día y toda la noche allí, en la puerta de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, donde empezó a trabajar en 1998. Esa “protesta pacífica” como ella misma la definió en conversación con Montevideo Portal, la mantuvo, día y noche, frente a la puerta de la sede diplomática, primero una semana, luego dos.

A los 17 días, por salud, debió retirarse por salud del lugar y volvió a su casa. El lunes siguiente volvió a Bulevar Artigas y Rivera con su silla y su cartel. Su protesta se mantuvo intermitentemente, hasta que tuvo que dejarla el 23 de marzo, por órden de su cardiólogo.

Ahora, tras el paso por la Justicia y su manifestación, Rodríguez logró alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, por lo que será resarcida.

“Es un buen acuerdo, un acuerdo muy razonable”, dijeron desde el equipo legal de Rodríguez a Montevideo Portal.

El caso

Rodríguez reclamaba haber sido despedida en 2019 sin haber recibido una indemnización, debido a que sostenía que la UE no cumplió de forma correcta su vínculo laboral que cesó cuando la misión diplomática rescindió su contrato.

En enero, ella contó a Montevideo Portal que comenzó a trabajar en 1998 para la delegación en el área de limpieza pero que luego pasó a ocupar un cargo similar a una “intendencia” trabajando vinculada a la administración y la logística, “colaborando” con el área de Cooperación de la misión y en la organización de eventos que ocurrían “tanto en la delegación como afuera”.

“He trabajado muchísimas horas extras. Nunca se me pagó nada. Mi salario y nada más. Nunca tuve un aguinaldo, salario vacacional, nada”, expresó. Rodríguez dijo que ella, al tiempo de ser contratada, se le exigió formar una unipersonal y registrarse ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva como tal. “Pero siempre fui dependiente de la delegación”, sostuvo.

Elbio Palladino, quien fuera en 2019 abogado de Rodríguez, dijo a Montevideo Portal que “a ella la obligaron a abrir una empresa ante el BPS” y que “facturaba por servicios con un contrato anual que todos los años se renovaba”.

“Ella trabajaba en exclusividad. En los últimos contratos, que es parte también del reclamo, hay una obligación de realizar horas extras. Que si usted tiene una empresa que factura por servicios, no hace horas extras. Es parte de una relación de trabajo; ahí hay un reconocimiento implícito que está allí”, apuntó el abogado en aquel entonces.

Tras su desvinculación, Rodriguez y su representante legal llevaron el caso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se realizó una audiencia y se notificó a la delegación de la UE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin obtener respuesta.

Luego de eso, se presentó la demanda a nivel judicial y, según apunta Palladino, se notificó nuevamente a la UE a través de la Suprema Corte de Justicia y Cancillería. “Tampoco contestaron la demanda, no comparecieron”, indicó.

“Se dictó sentencia, porque es lo que corresponde en esos casos, donde se acogieron todos los rubros, salvo un concepto, que eran daños y perjuicios por no afiliación ante el BPS, porque ella nunca estuvo afiliada, trabajó 20 añós ahi y obviamente ese período muerto, podía tener una jubilación ridícula en su condición de titular de esa empresa”, señaló el representante legal.

“Se notificó la sentencia de condena y no hubo ningún tipo de respuesta. En eso, toda la doctrina y jurisprudencia tienen una posición casi unánime. Usted puede promover un juicio contra un organismo diplomático, cuando se tratan de temas que no están vinculados a su función específica, sino en temas de gestión, como un reclamo laboral, daños y perjuicios, por ejemplo, por un choque automovilístico. Pero todos los bienes son inembargables, entonces, no se puede iniciar ejecución. Entonces tuvimos una sentencia pero es lo mismo que si no tuviéramos nada”, agregó.

Palladino señaló que “la justicia puede intimar”, pero “si no se cumple, se tiene que ir a la ejecución” a “trabar embargo sobre los bienes”, algo que “en los organismos diplomáticos es imposible”.

El abogado apuntó que, una vez que el juzgado letrado de Trabajo de 11º Turno dictó sentencia y esta no fue respondida por la legación, no se pudo dar ningún paso más en la órbita judicial. Por lo que siguieron el camino administrativo.

“Iniciamos una gestión a través de la Cancillería, donde hicimos un planteo con miras a promover un encuentro en el ámbito del Ministerio y tratar de encontrarle una solución. El Ministerio le dio ingreso, hay una práctica en ese sentido, se formuló el expediente. Le notificaron a la UE que bueno, tomó conocimiento, pero no hizo absolutamente nada”, explicó Palladino en enero.

Durante el tiempo que Rodriguez mantuvo su protesta, las negociaciones entre los abogados de la Unión Europea y el abogado Guzmán Palladino, que tomó de su padre el caso, se retomaron y derivaron, meses después, en el acuerdo que establece un pago para la exempleada de la delegación.