De 73 años, perteneció a la Brigada Político Social (grupo policial de represión) los últimos años de la dictadura española (1939-1975) y estaba denunciado por varios crímenes en 15 querellas presentadas por las víctimas.

Sin embargo, falleció sin llegar a ser investigado judicialmente, pues los jueces se amparaban en la Ley de Amnistía de 1977.

Además, la Audiencia Nacional se opuso a su entrega en el marco de la querella abierta en el país sudamericano por crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo.

En abril de 2014, ese tribunal español rechazó extraditarlo porque consideró que habían prescrito los 13 delitos de torturas por los que era reclamado y no podían ser calificados "de lesa humanidad" porque no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población".

El Congreso y el Senado españoles habían acordado en febrero pasado iniciar los trámites para publicar el expediente de concensión de medallas a González Pacheco. Y el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, se había comprometido a retirárselas.

En las redes sociales, el vicepresidente segundo del Gobierno, el izquierdista Pablo Iglesias (Podemos), consi/jgbderó que es "una vergüenza" para la democracia, la víctimas del franqusimo y también para el Ejecutivo que el "torturador" muriera "sin haber sido juzgado, con todas sus medallas y privilegios intactos".

EFE