El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado este martes en el que hizo referencia al proyecto Neptuno, orientado a la potabilización del agua tomando agua del Río de la Plata, en el que trabaja el gobierno. Este miércoles se hará presente en la Cámara de Diputados (en régimen de Comisión General) el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para explicar el proyecto.

Movus señala que esta “no es la primera vez” que se discute un proyecto similar, aunque, hasta el momento, “todas las propuestas terminaron siendo rechazadas por consideraciones económicas y técnicas”, en especial por la presencia de agua salada en la zona, un elemento que “imposibilita la potabilización” ya que no existen soluciones que no sean la desalinización. Este punto para la organización es sustancial porque genera inconvenientes desde el punto de vista económico y complejidad desde la mirada técnica.

Haciendo foco en lo económico, el movimiento señala que el actual grupo de empresas que conforman el consorcio se anunció en 2021 con un costo cercano a los 200 millones de dólares, aunque este costo ya se incrementó en más de 40% del costo previo, y llega ahora a los 290 millones de dólares.

“La discusión del tema se ha centrado en su legalidad, se habla incluso de la inconstitucionalidad del proyecto, y si operaría desde lo público o lo privado. En ambos casos de hecho se acepta el proyecto, dejando de lado que el mismo no tiene estudio ni habilitación ambiental alguna”, destaca el comunicado.

“A la fecha no se ha ingresado al Ministerio de Ambiente ningún expediente en ese sentido. Cabe agregar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno hecho por las empresas proponentes detecta unos 90 puntos de impacto ambiental, 25 de ellos con un impacto negativo significativo”, agregan.

Además, ven como “inconvenientes” las palabras de Peña en referencia a que defenderán con “uñas y dientes” el proyecto, ya que no tiene estudios realizados por su cartera. Además, señalan que será licitado antes de que sea estudiado en lo ambiental.

Finalmente, Movus pretende que el estudio y aprobación o negación ambiental sea un proceso anterior a la licitación o adjudicación de proyectos porque “evidentemente puede alterar las condiciones económicas” de este.

“La licitación previa genera un antecedente que, si tuviera que ser modificado por consideraciones ambientales, expone al estado a asumir mayores costos e incluso consecuencias legales, además de ser inconveniente para un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y cuidado ambiental, puntos en que poco ayuda el firme posicionamiento previo, favorable al proyecto, del ministro de Ambiente”, concluye el texto.