Movus denuncia presuntos inclumplimientos ambientales en la construcción de UPM2

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado este martes denunciando que UPM y el gobierno "eluden requisitos ambientales básicos" en la construcción de la segunda planta de la empresa finlandesa.

Según la organización ambientalista, se "autorizó el inicio de la construcción de la planta sin haberse cumplido las condiciones previas establecidas por la autorización ambiental del proyecto".

"Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río, ya muy comprometida en la actualidad. Este requisito define la viabilidad del proyecto y debió ser previo a su autorización, pero no se ha realizado hasta la fecha, cuando se acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para determinar si es aceptable o no la propuesta", expresan.

Además, señalan que se debe evaluar la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, "que debe recogerse antes de iniciadas las obras para estar en condiciones después de medir si sus impactos son aceptables o no". "Ese Plan de Monitoreo Ambiental debía estar pronto en noviembre de 2019 pero aún no ha sido completado", aseguran.

Este plan debe incluir "la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas".

Movus sostiene que todos estos estudios debían estar prontos en noviembre de 2019, seis meses después de la autorización del proyecto que fue el 14 de mayo de ese año, para poder disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. "Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito", dicen.

"Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe", prosiguen, y señalan que los vecinos de las ciudades atravesadas por el tren "tenían razón" cuando cuestionaron "las insuficiencias del proyecto".

"La repetidamente invocada 'seguridad jurídica' del Uruguay y el cumplimiento de los compromisos es una vía en un solo sentido pues UPM incumple con total impunidad. A pesar de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que evidencian los incumplimientos de la empresa, las autoridades responsables de las decisiones nada hacen para controlar a UPM ni impedir los incumplimientos", critican.

Por último, hacen un llamado a la opinión pública por las "graves consecuencias que pueden acarrear estos hechos" y "llaman a la responsabilidad a las autoridades".