Centeneras de persones, convocados desde diferentes organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, se concentraron este jueves alrededor del Palacio Legislativo para manifestar su rechazo a la ley de urgente consideración, texto enviado por el Poder Ejecutivo que está siendo discutido en la Cámara de Senadores.
Luego de que nuestro país comenzara un proceso de apertura tras la cuarentena exhortada por la aparición de la pandemia del Covid-19, los colectivos convocaron a manifestarse siguiendo las disposiciones sanitarias: el tapaboca fue de uso colectivo y la distancia entre personas fue mayor que en otras manifestaciones.
"¿Qué es urgente? ¿Qué es lo esencial? Lo que importa es la calidad de vida", decía una de las pancartas que llevó el colectivo "No todo está perdido", que agrupa a personas en situación de calle. "Sin trabajo no puedo vivir", decía otro.
Sobre las 18 horas, una hora después de comenzada la concentración, una representante de los colectivos fue a iniciar la lectura de la proclama, cuando dos allegados de la bancada del Partido Nacional se acercaron e invitaron a conformar una delegación y participar del debate de la ley. "Cualquier cosa están invitados", dijeron.
"Desde adentro del Parlamento parece que quieren escucharnos. Sepan con la proclama lo que pensamos de esta ley", dijo la manifestante y comenzó a leer el texto.
"La LUC atiende los intereses de los ricos y poderosos, atacando la educación pública, los derechos de los trabajadores y los sectores más precarizados. Profundiza las medidas punitivas, aumentando el control social, entre otras medidas", comenzó.
La ley urgente "ataca las herramientas y las conquistas del movimiento sindical y gremial limitando el derecho de ocupación y de huelga. Se prohíben los cortes de expresión y de protesta de todo el movimiento social, que tiene su antecedente con el decreto antipiquete del año 2017", continuó.
Los manifestantes rechazaron el "avance privatizador" del proyecto, "que favorecerá a los grandes capitales", por ejemplo, señalaron, con la desmonopolización de la imprtación de hidrocarburos.
También repudiaron el "retroceso en materia educativa", con el "aumento en el poder del gobierno para imponer políticas educativas", la centralización de las direcciones de escuelas, liceos y UTUs: "Pone a la educación pública en las manos de quienes nunca pasaron por ella".
Además cuestionaron el aumento de penas y la creación de nuevos delitos como "únicas respuestas" a la situación de inseguridad, especialmente como el aumento en los casos de femicidios.
"Sabemos que las medidas punitivas no transforman la violencia estructural que atraviesan las mujeres", enfatizaron, y remarcaron la "criminalización de la pobreza" y que se "profundicen" las políticas represivas "que se vienen ejecutando desde hace más de 30 años".
"Seguiremos movilizándonos en contra de esta ley y en contra de cualquier medida represiva. Seguiremos gritando ni una militarización. A la ley urgente de los ricos la enfrentamos en las calles", finalizó.