La Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia, un organismo independiente dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entiende que el mercado de servicios portuarios está sujeto a todo régimen de libre competencia.
El organismo se expidió luego de que la empresa Montecon hiciera el reclamo de que la libre competencia se vulneró al extenderle hasta 2081 la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie.
El dictamen del 7 de diciembre de este año emitido por la comisión parte de una consulta de Terminales Granaleras Uruguayas (TGU).
Montecon inició una demanda contra el Estado uruguayo en abril de este año ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, bajo el argumento de que el contrato firmado con Katoen Natie atenta “contra la libre competencia de los operadores portuarios del puerto de Montevideo”. Los denunciantes entienden que se establece un “monopolio de hecho”.
La comisión entiende que se le da “prioridad” a la empresa belga y se incurre en prácticas anticompetitivas, pese a que en su momento el MEF, mediante una resolución de la ministra Azucena Arbeleche, se expidió y consideró que no había aspectos ilegales.
A través de un comunicado de la empresa, el director de Montecon, Fernando Reveco, consideró que la determinación de la comisión genera “una profunda contradicción en el propio Estado y muestra una inconsistencia institucional gravísima”.
A su vez, Reveco expresó que la situación provoca “inseguridad jurídica” para las empresas del sector y también en el marco “de los procesos de integración internacional en los que Uruguay está inmerso o pretende comenzar”.
El MEF revocó dos veces la resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de investigar el contrato entre el gobierno y Katoen Natie. La primera fue en enero, una vez que este organismo aceptara avanzar en una investigación a raíz de la denuncia de Montecon. En ese momento, pese al freno del MEF, la comisión decidió seguir adelante con la investigación bajo el argumento de que la normativa de defensa de la competencia “favorece la recepción de denuncias”. Otra de las razones que se esgrimieron fue que el órgano es “competente para procesar lo denunciado por Montecon”.
El pasado 2 de setiembre, Arbeleche firmó otra resolución que revocó la decisión de la comisión de avanzar con la investigación. Las autoridades entienden que no es su competencia valorar este tipo de temas, ya que la actividad está regulada por la Ley de Puertos de 1992.