Una investigación realizada por el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro analizó la efectividad de diferentes programas aplicados en América Latina y el Caribe para disminuir las tasas de homicidios.
El informe, realizado por el investigador español Ignacio Cano, el sociólogo uruguayo Emiliano Rojido y el criminólogo brasileño Doriam Borges, identifica cuáles son las intervenciones que demuestran que funcionan y cuáles no, aquellas que son promisorias, contraproducentes o que tienen resultados concluyentes.
En primer lugar, se detalla que la limitación al porte de armas ha funcionado en el objetivo de disminuir los homicidios. Para este aspecto fueron identificadas seis evaluaciones sobre programas implementados en ciudades de El Salvador y Colombia que arrojaron resultados positivos.
Otros dos programas que dieron buenos resultados fueron la restricción en los horarios de venta de alcohol en Brasil y Colombia, lugares donde existe evidencia de un alto riesgo de homicidios asociado a los locales nocturnos, y el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios, que fue evaluado en Río de Janeiro y “parece funcionar al menos en lo relativo a disminuir las muertes provocadas por la policía”, según marca el informe.
Se agregó en el apartado de programas promisorios, es decir que concluyen que había alguna evidencia de que el programa podría disminuir los homicidios pero no es considerada determinante, la limitación en la posesión de armas, leyes de violencia de género/feminicidio, estrategias generales de patrullaje policial, mejora en la investigación de homicidios, mejora en los sistemas de información criminales, disuasión focalizada y la prevención social/situacional más intervención policial en áreas de alta incidencia de homicidios.
Acerca de medidas que no tienen un resultado concluyente, se enlistan: creación de comisarías de violencia de género, prevención situacional, transferencia de renta, proceso penal acusatorio, encarcelamiento y endurecimiento penitenciario, otras intervenciones en justicia criminal, creación de guardias municipales, creación de Secretarías Municipales de Seguridad y creación de un canal de denuncia anónima.
Se catalogaron como programas que “no funcionan” la entrega voluntaria de armas, evaluado en Argentina y Brasil, y la prevención social para grupos vulnerables, que algunas registraron el escenario contrario aunque no hay razones teóricas para sospechar de un vínculo causal.
Por último, las medidas que fueron consideradas “contraproducentes” son ambas relacionadas con la militarización de la seguridad pública. En cuanto al patrullaje por parte del Ejército, se comprobó que en zonas de Colombia y México hubo un aumento de los homicidios en áreas contiguas a aquellas en que los efectivos estuvieron presentes.
Acerca del descabezamiento de los grupos criminales, también aplicado en México, se registró un aumento de los homicidios en los períodos posteriores a la muerte o prisión de los jefes de los grupos criminales, “tanto en los estados en los que sucedían esas muertes o prisiones como, sobre todo, en el estado de origen de esos líderes, lo cual estaría relacionado a la lucha por el poder resultante de la neutralización de los jefes”.