El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció el cierre del ex Ministerio de la Mujer, el departamento encargado de la protección contra la violencia de género en la anterior administración, que encabezó el peronista Alberto Fernández (2019-2023), según un anuncio oficial del Ministerio de Justicia.
“En línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y de eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 —fecha en la que asumieron las nuevas autoridades— el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transformara en una subsecretaría mientras se completaba su cierre”, se informó en un comunicado oficial.
Esta dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva, agrega la nota.
Según el criterio del Gobierno de Milei, el hoy extinto Ministerio de Mujeres “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos”.
“Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito”, en alusión al número de femicidios que se registran en el país, una media de 245 al año. “Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, agregó el Ministerio de Justicia.
La administración Milei asegura haber detectado en una auditoría interna que “en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”.
“Ello implicaba un sobremantenimiento de edificios, estructuras y más de ochocientos empleados, con distintos sueldos, dinero que al Estado argentino no le sobra”, recalcó el departamento de Justicia.
El Gobierno de Milei enfatizó la necesidad de su decisión al afirmar: “Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia”.
El cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género ya había sido anticipado este jueves por la titular de ese departamento, Claudia Barcia, quien este viernes mismo presentó su renuncia al cargo.
Barcia había dicho que el Ejecutivo de Milei tenía proyectado disolver esta área del Gobierno de Argentina, un país en el que, en promedio, cada 35 horas muere una mujer a causa de la violencia machista.
“El día de ayer [miércoles] recibí una llamada de WhatsApp a las 19:57 horas (22:57 GMT) por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante la cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable”, manifestó Barcia en su carta de renuncia, a la que tuvo acceso EFE.
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos indicaron que se trata de una “restructuración” y que se le “quitó la jerarquía de Subsecretaría con el objetivo de optimizar recursos y superposiciones”.
La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género era el último organismo que quedaba del antiguo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que Milei clausuró tras asumir la Presidencia el 10 de diciembre del pasado año, y había sido pasado de la órbita del Ministerio de Capital Humano al de Justicia.
En lo que va del año, Argentina ha registrado 127 casos de violencia machista, de los cuales 114 casos fueron feminicidios, tres lesbicidios, uno transvesticidio, además de nueve muertes relacionadas de varones adultos y niños, según reveló el observatorio de feminicidios Adriana Marisel Zambrano, que dirige la ONG La Casa del Encuentro.
Las estadísticas se mantienen estables en la última década, ya que desde 2014 el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia ha contabilizado un promedio de 245 asesinatos por año, con 2.446 víctimas directas de feminicidio en total en el citado periodo.
En la Subsecretaría trabajaban unas 800 personas que estaban abocadas a tareas de acompañamiento y protección de las víctimas de violencia machista, así como a desarrollar acciones de reparación y acceso a la Justicia.
“Las misiones fijadas por la Ley y las Convenciones Internacionales seguirán cumpliéndose en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras en el ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas Dependientes del Ministerio de Justicia”, aseguraron desde el Gobierno.
EFE.