El presidente de Argentina Javier Milei manifestó que despedirá a unos 50 mil funcionarios públicos y que vetará una ley, que tuvo media sanción en Diputados el martes, y que pretende mejorar los ingresos de los jubilados a través de un nuevo cálculo para subir el porcentaje de aumentos.
De la misma manera, el mandatario afirmó que vetará todas las leyes del Parlamento argentino que atenten contra el fuerte ajuste fiscal que está llevando adelante.
“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, expresó este miércoles ante empresarios en el evento Latam Economic Forum.
En cuanto a los despidos de trabajadores, dijo que se enmarcan en su “plan motosierra”. Además, de acuerdo con lo que informó el medio Infobae, los recortes se llevarán adelante a través del nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le solicitará a cada líder de área dentro del Estado que le brinde una lista de los funcionarios a los que no renovarles el contrato.
Más tarde este miércoles el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, afirmó que el gobierno está por entrar en “una segunda revisión” a nivel de despidos a la que “se le va a dar curso el 30 de junio”.
“Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es, se corrige”, sumó Adorni en rueda de prensa.
El cálculo de los 50 mil futuros despidos responde a que en marzo el gobierno de Milei comenzó con esta medida y allí anunció que en total prescindiría de 75 mil funcionarios de su administración.
Desde ese momento hasta comienzos de junio ya se rescindieron 25 mil contratos, por lo que Milei apunta a los 50 mil restantes.
“No solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los contratos. No solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y, también, una caída de la actividad”, admitió el jefe de Estado.