El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, brindó explicaciones este viernes en rueda de prensa sobre los cuestionamientos de las últimas horas vinculados a transferencias de dinero que hizo el Estado a Uruguay Adelante, la ONG que se encargó de distribuir alimentos a las ollas populares durante la pandemia a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En esta línea, Sciarra señaló que no “hay nada que no esté al día y fueron varios convenios que se fueron firmando a lo largo del tiempo”.

“Cada convenio establecía cuotas de pago. Esas cuotas solo se liberan si la organización, como todas las organizaciones con las que trabajamos hoy presentan la rendición y las facturas. Se realiza un control en el Departamento de Rendición de Cuentas del ministerio, que es un equipo técnico de contadores dedicados a esto. Luego pasa al Tribunal de Cuentas que se encarga de controlar la legalidad de lo que se presentó”, defendió el jerarca.

Y añadió: “Solo después de cumplirse con todo ese proceso legal, se liberan los pagos. Por lo tanto, se cuenta con toda la documentación”.

Consultado sobre una partida de $ 63 millones que recibió Uruguay Adelante, cuando aún no estaba conformada formalmente como empresa, Sciarra respondió que las facturas de ese primer convenio están.

“Lo que pasó en ese momento fue que se pagó con fondo covid. Entonces, la organización rindió directamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cuando la periodista solicita el acceso a la información pública [Patricia Madrid] por Uruguay Adelante se le brinda, pero lo de la otra organización estaba en poder del MEF”, aclaró el ministro, que añadió que ninguno de los convenios realizados tuvo objeciones por parte del Tribunal de Cuentas.

“Nosotros contratamos con Uruguay Adelante en un contexto de pandemia, por lo que había que actuar extremadamente rápido. El Mides optó por esta modalidad para dar una respuesta inmediata y contundente. Habíamos recibido, por otra parte, un INDA (Instituto Nacional de Alimentos) completamente desmantelado y con equipos técnicos reducidos. Sin llegada al territorio”, añadió Sciarra.

En su programa de radio Así nos va, la periodista Patricia Madrid denunció que Uruguay Adelante manejó $ 332 millones de pesos del Estado durante la crisis del covid y cuestionó la forma en que se manejaron los fondos públicos.

“Esta ONG en manos de privados, pero utilizando fondos públicos para comprar y distribuir alimentos durante la crisis sanitaria y alimenticia. Pudimos verificar, por ejemplo, que el principal proveedor de Uruguay Adelante durante los años que estuvo activa fue la empresa Tienda Inglesa. Le compró insumos por $ 97 millones. El segundo proveedor fue la empresa Frescosur, una empresa que no existía, que se armó especialmente para ser proveedora de Uruguay Adelante. Terminó facturando $ 55 millones. Uruguay Adelante tuvo a lo largo de su funcionamiento dos cajas, una por la que le ingresaba plata que le daba el Estado y otra por la que ingresaban donaciones o de dinero de sponsoreo bajo la denominada responsabilidad social empresarial. Mientras la plata del Estado salía por una caja para comprar a los proveedores, esos mismos proveedores hacían que la plata regresara a Uruguay Adelante. ¿Cuánta plata se trianguló de esa manera?”, cuestionó Madrid, que dedicó dos informes sobre el tema en su programa radial en Carve.