Mides “siempre va a preferir actuar” cuando una persona a la intemperie lo necesite

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, se refirió este viernes al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento sobre la prestación de asistencia obligatoria del Estado a personas en situación de calle.

La iniciativa, de acuerdo con Lema, amplía una norma de 2011: “Si con riesgo de muerte o con riesgo de salud severo, si se acredita [así] por parte de un médico tratante, más allá de la voluntad de la persona se pueda asistir de forma correspondiente porque el Estado está obligado”, indicó.

De esta manera, el Estado se vería obligado a actuar “en aquellos casos en que una persona está en situación de intemperie producto del consumo de sustancias psicoactivas o de problemas de salud mental” y que, a raíz de ello, implique “un riesgo para sí o para terceros”.

“¿Cuál es la opción de no actuar? ¿Qué la persona se pueda morir por esa situación? ¿Qué pueda tener un riesgo severo en su salud?”, cuestionó el ministro en rueda de prensa. Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Social “siempre va a preferir actuar”, aseguró Lema.

Consultado respecto a si se han resistido personas en este proceso, el jerarca explicó que a partir de la ley de 2011, hubo “al menos nueve casos” en todo 2021 en los que se debió derivar a las personas a un centro de salud.

En detalle

El proyecto de ley en cuestión modifica el artículo único de la Ley N.º 17.787. Esta norma dictamina que las personas “de cualquier edad” que se encuentren en situación de intemperie “completa”, con “riesgo de graves enfermedades” o “incluso de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.

Asimismo, se disponía esta tarea a los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública (MSP) y del Interior, así como también junto con la participación de “los organismos nacionales e interdepartamentales con competencia en la materia”.

La iniciativa de la administración de Luis Lacalle Pou, presentada en el Parlamento en febrero de este año, añade una serie de disposiciones más. En primer lugar, que el Mides pueda solicitar al prestador de salud correspondiente la hospitalización de personas que, además de estar en situación de calle y con riesgo de salud, se encuentren afectados por “una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.

Para ello, no obstante, la nueva ley establece que el informe lo realice un médico psiquiatra, quien deberá acreditar que “las personas sujetas a hospitalización presentan un riesgo inminente para sí o para terceros y/o que el hecho de no hospitalizarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o Impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que solo pueda aplicarse mediante dicha hospitalización”.

De todas formas, luego de la hospitalización los procesos de abordaje “deberán cumplir con la normativa prevista” en la Ley N.º 19.529 (Ley de Salud Mental), añade el proyecto que, según informaron desde el Mides, se aprobó el pasado jueves en al Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y ya se acordó que el texto pasará a votación en sala.

En este proyecto se hace mención a los resultados de los relevamientos realizados por la Dirección Nacional de Transferencia y Análisis de Datos (Dintad) del Mides en 2020. De acuerdo con esta encuesta, de quienes pasan la noche en la intemperie: el 86 % declaró consumir sustancias psicoactivas; el 32 % fueron internadas por uso “problemático” de drogas en Montevideo, mientras que en el interior ese porcentaje es de 21 %; el 24,1 % (en Montevideo) y el 21,7 % (en el interior) presentan problemas de salud mental, y el 20,7 % (Montevideo) y el 17,6 % (interior) fueron internadas alguna vez en “dispositivos de salud mental”.

“Una herramienta más”

No obstante, Lema reconoció que esta modificación a la ley de hace más de una década se trata de “una herramienta más”.

“Obviamente que el tema de fondo es muy complejo y amerita diversificar una cantidad de herramientas, pero eso no quita que si los equipos, en algún momento de lo que es el despliegue territorial de lo que tiene que ver con personas en situación de intemperie, se encuentran con casos de estas características no vayan a actuar”, expresó el ministro de Desarrollo Social.

En esta línea, el titular de la cartera comparó esta modificación con la propia Ley de Salud Mental, la cual requiere una intervención judicial, sostuvo Lema. “Para una persona en situación de intemperie, con el frío y si está con problemas —por ejemplo— de consumo de sustancias psicoactivas, pudiendo generar un riesgo para sí o para terceros, lógicamente que en la tramitación judicial lleva un tiempo que en este proyecto se intenta dar celeridad por las circunstancias y la gravedad que puedan revestir las circunstancias”, enfatizó Lema.

Una vez la persona fue ingresada al centro de salud, tal como reza el proyecto, “la necesidad de esa celeridad pasa a ser de otra forma”, indicó.

De todas formas, Lema insistió en que esta modificación a la Ley N.º 17.787 “no trata el tema de fondo”. Esa problemática, profundizó, “consiste en una cantidad de herramientas diversificadas que traten la prevención o tratamiento en materia de adicciones, que traten la salud mental” o que “haya un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con personas que recuperan la libertad”.

“Insistimos, el Mides camina en la línea de atender las causas que llevan a las personas a estar en situación de calle”, concluyó Lema.