El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que militares ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, como exhibieron videos filtrados por medios internacionales el martes, por lo que los involucrados ya “están bajo resguardo” de las autoridades.

“Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

“Están bajo resguardo, un grupo, todos [los que participaron]”, añadió, sin detallar la cifra de participantes ni usar el término “detenidos”.

López Obrador se refirió a los videos que el martes publicaron Univision y El País en los que militares disparan contra cinco personas frente a una pared en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

Las imágenes exhiben que los soldados bajan a golpes a los ciudadanos de una camioneta, les vendan los ojos, les disparan y después les colocan armas encima.

“Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos”, comentó López Obrador.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. En abril pasado, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.

Pero el gobernante mexicano defendió que en su gobierno “cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”, por lo que ya se investiga el último hecho, que ocurrió el 18 de mayo.

“Ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición, los responsables, de las autoridades competentes. Todos los que participaron”, aseguró.

El gobierno de López Obrador ha recibido críticas por el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica.

Pero el mandatario insistió en que en su Administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos como en los sexenios anteriores.

“Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten, o sea que no somos iguales”, manifestó.

“Antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad la llevaba a cabo [Genaro] García Luna [exsecretario de Seguridad de 2006 a 2012] y era la de ‘mátalos en caliente’. Era la guerra, y a los heridos los remataban, y había ajusticiamientos”, añadió.

Amnistía Internacional insta a que autoridades civiles mexicanas investiguen

Amnistía Internacional (AI) recordó este miércoles a México que corresponde a autoridades civiles determinar las responsabilidades de los militares que participaron de los hechos antes descritos.

“AI exige a las autoridades del Estado mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos se realicen en apego al Protocolo Minnesota”, un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó la organización internacional.

“Asegurando [así] que las investigaciones sobre muertes ocasionadas por acción de órganos o agentes del Estado garanticen la rendición de cuentas, el acceso a la información y con juicios a los autores identificados en tribunales civiles y sanciones adecuadas a los responsables”, continúa el comunicado.

AI aseguró que estos hechos no pueden entenderse de forma aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México.

Esto, porque realizan funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles, reclamó la organización, que detalló que destacan casos de violaciones graves “con saldo fatal” cometidas en Nuevo Laredo desde 2020.

“La participación del Ejército en tareas de seguridad pública tanto convencional como constitucionalmente debe ser subordinada a las corporaciones civiles y sus en tareas de seguridad pública extraordinarias, reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, añadió la organización.

“Si no fuera por una cámara de vigilancia y por la labor de investigación de los medios, el país no sabría de los crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, como recientemente ocurrió en Nuevo Laredo el 18 de mayo de 2023”, añadió.

Por último, AI estableció que la impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática.

“Solicitamos a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos que exijan al Estado mexicano medidas adecuadas y efectivas para garantizar que soldados y marinos que cometan esta clase de atrocidades rindan cuentas ante la Justicia nacional o internacional”, terminó el comunicado.

Con información de EFE