La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2.º Turno, a cargo del fiscal Enrique Lackner, formalizó la investigación contra un capitán de la Guardia Republicana por reiterados delitos de abusos de funciones. De la investigación de Lackner surge que el policía imputado ordenó, en al menos 12 oportunidades, el traslado del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia desde la cárcel de Punta de Rieles hasta Jefatura de Policía, de forma irregular y sin orden judicial.
De acuerdo con la información difundida por Fiscalía, cada traslado de González Valencia costaba al Estado $ 94.000 porque había que hacerlo en una camioneta blindada Tiger, con el auxilio de entre ocho y 12 funcionarios armados a guerra. En suma, se gastaron al menos $ 1.128.000 en los viajes del mexicano.
El capitán de la Republicana que fue imputado disponía los traslados y los efectivizaba, con el argumento de que el preso debía asistir a visitas conyugales. En realidad, González Valencia tenía en Punta de Rieles las condiciones necesarias para recibir las visitas sin restricción.
A su vez, Lackner reunió evidencia suficiente de que el imputado adquirió un teléfono satelital con conexión a internet que fue utilizado por González Valencia para comunicarse con México en varias oportunidades.
El fiscal solicitó la prisión preventiva del ahora imputado porque comprobó que se había vinculado con otros policías para intentar acceder a información sobre el avance de la investigación. En tanto, la jueza del caso no aceptó esa medida y dispuso el arresto domiciliario total con tobillera electrónica y prohibición de comunicación con otros policías por el plazo de 90 días, mientras continúa la investigación.
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