El debate sobre la jubilación en nuestro país está en el tapete. Todos —de distintas formas— fantaseamos con ese momento de “poner los pies en remojo” y aflojar el cuerpo; de tener tiempo para leer o dedicar nuestra energía a ese hobby que ha permanecido latente. Pero la discusión, una vez más, recién comienza: Uruguay es un país avejentado, que debate si modificar o no la edad jubilatoria y que tiene sobre la mesa el desafío de sostener el nivel de vida de los retirados. Mientras se discute sobre la viabilidad del sistema previsional, organizaciones de distintas esferas intentan mejorar la calidad de vida de esa población que, según el censo de 2011, representa un 14% del total de uruguayos y uruguayas; y que, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, serán uno de cada cinco habitantes del país en 2043. 

A principios del siglo XX comenzó en Uruguay un proceso de envejecimiento poblacional que no ha cesado. Hoy, según datos elaborados por el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento de Udelar, Uruguay se encuentra en una fase de “envejecimiento avanzado”: casi el 20% de su población mayor a 60 años (más de 650.000 personas). Uruguay es uno de los países más envejecidos de América, luego de Canadá y Cuba.

El doctor en Psicología por la Universidad de la República, Fernando Berriel, integrante del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, explica a Montevideo Portal que una de las formas para evaluar cuánto envejece una población es medir el Índice de Envejecimiento, que surge de la proporción entre personas mayores de 60 años respecto a las personas de 15 o menos años de edad: “A fines de los años ‘50, el Índice de Envejecimiento en Uruguay estaba apenas por encima de 50 y actualmente se aproxima a 90”. Esto significa que hay casi nueve personas mayores por cada diez niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.

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Hoy para jubilarse es necesario tener al menos 60 años y 30 años de aportes al BPS o 35 en otras cajas. En tanto, el tiempo que los uruguayos viven tras retirarse del mercado laboral ha crecido considerablemente. En una población con un importante número de personas mayores de sesenta años, esto se convierte en un tema socialmente relevante. En muchos casos, las condiciones mentales y físicas de estas personas ya jubiladas les permiten desarrollarse en diversas áreas.

De hecho, la imagen de abuelos dedicados solo a disfrutar de sus nietos quedó muy lejos en el tiempo. Hoy, la mayoría de las personas jubiladas llevan una vida activa, especialmente en los primeros años de su jubilación. Muchos, además, continúan trabajando de distintas formas, ya sea por necesidad o por elección. 

“Si tomamos consciencia de que gran parte de nuestra vida hoy probablemente la transitemos como personas mayores, entonces queda claro que un país con un buen desarrollo humano de su población implica la consolidación de políticas públicas y acciones de la sociedad civil orientadas a garantizar el acceso universal a los derechos de las personas mayores”, dice Berriel.

De acuerdo con relevamientos del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Udelar, casi el 84% de las personas mayores de 60 años no presenta ningún tipo de limitación para realizar sus actividades cotidianas. Incluso, muchos de ellos quieren seguir estudiando o formándose, pero las opciones no abundan: los datos de 2011 señalan que más de 266.000 de los 457.662 personas mayores no lograron superar la primaria. Desde la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam) ya en 2019 alertaron que la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sustentable no contemplaban la vejez y proponían, a partir del cuarto objetivo (Educación de calidad), “promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas”.

Con esa misma inquietud, en 1983, un grupo de amigos trajo un modelo que había comenzando en la década del ‘70 en Francia y armaron la UNI3 en Uruguay, una organización sin fines de lucro para la formación de adultos mayores. Desde esas primeras charlas que hacían los viernes para unas 35 personas, pasaron a talleres permanentes y no han dejado de crecer: hoy la UNI3 de Montevideo ofrece 115 talleres y cuenta con 1500 participantes. En todo el país, además, hay un total de 22 UNI3, que funcionan de forma independiente, aunque se mantienen interconectadas.

Foto: Gentileza Uni3.

“Nosotros defendemos el derecho a la educación durante toda la vida, porque si bien los derechos se declaran, después hay que defenderlos, y UNI3 es una defensa”, explica Nuria, animadora e integrante de la actual comisión directiva, docente y de investigación de UNI3 Montevideo.

“A veces se nos ve como personas que no entendemos la tecnología y se olvidan de que somos la generación que vio el primer satélite llegar a la luna. Después tuvimos la primera radio portátil, conocimos la primera computadora, el teléfono, el celular. Ahora nos enfrentamos a herramientas como WhatsApp o Zoom…y acá estamos, ¡seguimos vigentes!”, dice Walter Pepe, actual presidente de la institución. 

La pandemia, un gran desafío 

Durante los peores meses de la pandemia, las medidas para proteger a los adultos mayores de los contagios de Covid-19 fueron el aislamiento social y el distanciamiento físico. Sin embargo, en numerosos casos, “el remedio fue peor que la enfermedad” y las consecuencias psicológicas estuvieron a la orden del día.

“Puede haber mucho más efecto en la salud mental de las personas mayores por sufrir el aislamiento de sus familiares, que el verdadero efecto Covid-19”, dijo Mariana Paredes —socióloga, demógrafa e integrante del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Udelar— en una entrevista en Canal 10 en 2021. 

La irrupción de una nueva realidad mundial, no dejó de lado a los adultos mayores ni a la UNI3. Adaptar las propuestas a la virtualidad y mantener el contacto con cada uno de los participantes se convirtió en un gran desafío y las secuelas de la pandemia aún permanecen: “Hoy, estamos atendiendo a las personas que viven solas o que tienen una escasa red de vínculos y sufrieron secuelas”, explica Andrés Pereira, uno de los fundadores. 

El derecho de los adultos mayores a la educación

La Redam es una unión de organizaciones heterogéneas dispersas por todo el territorio nacional (agrupaciones de mayores, clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, UNI3, hogares de ancianos, organizaciones de mujeres mayores, y más). 

Esta red se formó con el objetivo de promover la participación política y social de las personas mayores. Cada una de las organizaciones que conforman la Redam es un colectivo que funciona de forma independiente y el trabajo coordinado a través de esta red no va en desmedro de las características particulares de cada organización integrante.  

En el marco de un encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2019, Águeda Restaimo, una de las delegadas de Redam, hizo una presentación en la que abordó, entre otras temáticas, el derecho a la educación de las personas mayores:

“Necesitamos que el Estado nos involucre en generar oportunidades educativas, porque nosotros tenemos el derecho de aprender durante toda la vida, como lo explicita el artículo 20 y 21 de la Convención: Derecho a la Educación en igualdad de condiciones y derecho a la Cultura. Si bien se han generado adelantos, resta mucho por hacer. En este sentido, continúan escaseando programas de educación adaptados a las necesidades de las personas mayores durante toda la vida”, indica el documento. 

En este mismo documento, Restaimo agrega: “Si bien el envejecimiento está pautado por ‘cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales’, debemos saber que siempre estamos cultivando nuestro intelecto y tratando de mantener una interrelación con quienes nos rodean. No debemos perder la autoestima, independencia, para defender los principios que atañen la vida”. 

Actualmente, la Redam trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) en la construcción, proyección y monitoreo de las acciones estatales que se vinculan con la vejez.