Más de US$ 1 millón y 53 funcionarios: los pagos irregulares de horas extras en Artigas

Después del escándalo desatado en la Intendencia de Artigas por el pago de horas extras de forma irregular que desembocó en la renuncia de Pablo Caram, además de una condena judicial que recayó sobre él, la exdiputada Valentina dos Santos, Rodolfo Caram y su pareja, Stéfani Severo, el Tribunal de Cuentas emitió un informe cerrado al 30 de julio de este año.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se detalla “que se considera hora extra las realizadas los días hábiles trabajados luego de cumplida la jornada de seis u ocho horas”, según corresponda la tarea de cada funcionario.

En el amplio informe de 50 páginas a pedido de la Junta Departamental de Artigas, el TC señala que “las irregularidades constatadas son consecuencia tanto de normas que no fueron reglamentadas como falta de controles, separación de funciones y oposición de intereses.

“Escasa rotación de funcionarios y registraciones manuales realizadas por el personal de Recursos Humanos. La ausencia de un ambiente de control eficaz, debido a una falta de responsabilidades y de tareas a asignar a los funcionarios. El comportamiento de los mismos ante la falta de control creó un ambiente propicio para el desarrollo de irregularidades constatadas”, se concluye.

Pese que hasta el momento la Justicia y Fiscalía se pronunciaron solo por un caso, el de la desorbitante cantidad de horas extras cobradas por Severo, el TC amplia la lista de funcionarios que percibieron pagos indebidos por horas no trabajadas, que además se pagan doble.

En el documento, el organismo constata que durante 2021 la Intendencia de Artigas pagó $ 83.778.675 (US$ 2 millones) por concepto de horas extras, en 2022 $ 144.110.536 (US$ 3,5 millones) y en 2023 $ 157.582.376 (US$ 4 millones).

En total, en tres años se pagaron casi US$ 10 millones en horas extras (tomando el precio de la divisa norteamericana al cierre de cada año), aunque eso no significa que se haya dirigido todo ese dinero a horas extras irregulares.

Sin embargo, son 53 la cantidad de funcionarios que figuran con un promedio de horas extras superior a las 80, en algunos casos hasta 134, 128, 118 (promedio por que hubo meses en que se cobraron más de 200), incluida entre ellos Severo. Sumadas las horas extras promedio de los poco más de 50 funcionarios que realizaron por mes más de 80, fueron 4.772.

Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2023 (36 meses), el monto total desembolsado por la comuna departamental a solo a los 53 funcionarios que en promedio hicieron más de 80 horas extras—sin considerar compensaciones— fue por 52.722.024, importe por encima del millón de dólares si se toma un tipo de cambio a $ 40.

 En el anexo del informe, el TC detalla quien dio la autorización para la realización de las horas extras de 26 de los 53 funcionarios mencionados anteriormente.

Muchas de ellas fueron hechas por el alcalde de Bella Unión, William Cresseri, otras no tienen registro, otras fueron avaladas por el director de cada departamento o por la encargada de Recursos Humanos.

“No constan por escrito listado de tareas y justificación de las horas extras”, señala el informe del que informaron El País y El Observador sobre funcionarios que hicieron más de 150 horas extras en un mes: 204, 180, 177,171, 167,166,153, 134 y así sucesivamente.

Condenas

Hasta el momento, el caso de las horas extras pagadas de forma irregular en la Intendencia de Artigas permanece siendo investigado en la órbita judicial, pero las cuatro condenas concretadas hasta este momento fueron solo por lo cobrado por Stéfani Severo.

Por este hecho de corrupción, la mujer fue sentenciada como autora por el delito de fraude con una pena de 24 meses de prisión que será sustituida por libertad a prueba y trabajo comunitario.

Por su parte, el exsecretario general de la intendencia Rodolfo Caram (pareja de Severo y primo del exintendente) fue condenado como coautor de los delitos cometidos contra la administración pública. Además, se les dispuso a ambos la inhabilitación durante cinco años para ejercer “cargos u oficios públicos” y una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.724.290) para cada uno.

El exintendente Caram, por su parte, fue condenado a 14 meses de prisión sustituido por un régimen de libertad a prueba y tareas comunitarias por omitir denunciar delitos de funcionarios públicos.

En el caso de la exdiputada Valentina dos Santos, fue sentenciada por el delito de usurpación de funciones  y deberá cumplir una pena de seis meses de prisión, que será sustituida por un régimen de libertad a prueba y tareas comunitarias durante dos meses.

Los cuatro condenados llegaron a un acuerdo abreviado con la Fiscalía tanto en lo referido a los delitos imputados como en las penas a cumplir.

Tras la condena judicial, la Corte Electoral aplicó el artículo 80 de la Constitución y les suspendió la ciudadanía a las cuatro personas, hasta ahora involucradas en el caso.

Informe del Tribunal de Cuentas