En mayo de 2021, Gerardo Marcelo Ayala Netto fue encontrado sin vida en su celda de la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez (exComcar). Los policías encontraron el cuerpo del joven acostado en el piso, cubierto con una manta que le tapaba la cabeza y sin signos de violencia.
Nadie sabe qué pasó ni por qué murió, porque la autopsia no logró identificar una causa de fallecimiento. La vida de Ayala estuvo signada por una serie de desequilibrios mentales que lo llevó a transitar una adolescencia plagada de problemas con su familia y con el resto de la sociedad.
Cuando era mayor de edad decidió dejar de tomar la medicación psiquiátrica y eso provocó que su comportamiento se desregulara y con ello su vida y la de los suyos. “Desesperados, sin saber qué hacer, llamaban a la Policía para pedir auxilio y contener a su familia”, indica la demanda a la que tuvo acceso Montevideo Portal y que recoge un informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.
Desde los 18 a los 20 años, Ayala estuvo 28 veces dentro de una comisaría por su comportamiento violento. La Justicia dispuso una medida de no acercamiento, pero él solía incumplirla por lo que su padre lo denunció penalmente. Tras la pericia psiquiátrica correspondiente, el 1° de febrero de 2021 fue condenado por un delito de desacato sin prisión, lo que hizo que le colocaran una tobillera.
“Marcelo se llevaba muy mal con el dispositivo de control, ya que el mismo tiene un elemento de rastreo electrónico que requiere ser cargado por la corriente eléctrica cada cierta hora, dos o tres veces por día, y él no tenía luz ni agua en su pieza, por lo que iba a cargarlo a la Comisaría de Violencia Doméstica de la zona y a un supermercado cercano”, indica el informe de Petit.
El 12 de febrero compareció nuevamente ante la Justicia porque la tobillera se volvió a desconectar y en esa instancia se dispuso prisión preventiva por 15 días. Ayala fue llevado a la cárcel de Las Rosas en Maldonado y, luego de cumplir la medida, fue enviado a prisión domiciliaria por 180 días. Esto hizo que nuevamente se instalara un dispositivo electrónico en su pierna.
“De nuevo en libertad, Marcelo sigue teniendo múltiples problemas con el dispositivo y sigue teniendo muy malas relaciones con su entorno, aunque, nuevamente, no se registraron lesiones a terceros. En esos días, su familia buscó ayuda por todos lados ya que veían que pese al aparato electrónico que portaba, la conducta de Marcelo seguía siendo muy conflictiva”, sostiene el informe.
El 7 de marzo de 2023 fue a la comisaría a cargar la nueva tobillera electrónica que le habían puesto. Como el trámite demoró, Ayala se descontroló y generó un enfrentamiento con los efectivos, que lo detuvieron. Ante esto, la Justicia lo condenó a través de un proceso abreviado a 11 meses prisión.
Pese a que la causa era otra, la Fiscalía no hizo una nueva pericia psiquiátrica, tal y como exige la norma. En el único examen de este tipo que se hizo, no se dio cuenta de que Ayala había terminado la escuela con grandes obstáculos, dibujaba su firma con dificultades, le costaba leer, escribir y hacer cuentas. “No se pasa revista a su larga historia médica y educativa que revelaba un retraso cognitivo importante”, agrega el informe de Petit.
La vida en el Comcar
Tras ser derivado al Comcar, Ayala siguió teniendo un comportamiento complicado. Quería echar a otros reclusos, se sacaba la ropa, andaba descalzo, hablaba como un niño chico, decía que estaba poseído por el demonio, relataba historias irreales, gritaba y hablaba de bombas.
“Un interno que estuvo en su misma celda nos dijo que su agresividad era constante, tiraba la comida sobre una mesa o el piso y la comía desde allí e insultaba”, cuenta el informe de Petit y agrega que los reclusos que convivieron con él consideraban que se portaba “como un animal”.
En ningún momento un psiquiatra volvió a evaluar a Ayala. Sin embargo, los médicos de la cárcel relataban que claramente tenía un retraso cognitivo. El martes 17 de mayo, jornada en la que falleció, sobre las 9:30 horas los enfermeros le suministraron medicación porque estaba descompensado.
En tanto, este martes se celebrará una nueva audiencia por la demanda que presentó la defensa de la familia de Ayala, a cargo del penalista Rafael Silva. Se entiende que la Fiscalía tiene responsabilidad en el proceso porque, en virtud de su salud mental, el fallecido era inimputable.
“Desde pequeño ha padecido una patología psiquiátrica y una discapacidad mental que le ha dificultado el poder insertarse en ámbitos sociales de la vida. Desde su etapa en la primaria se le han presentado situaciones en las que no ha podido resolverlas debido a una ineficiencia en su área cognitiva”, afirma el texto judicial.
En el texto de la demanda se argumenta que la Fiscalía y el Poder Judicial tuvieron responsabilidad dado que Ayala “desde pequeño ha padecido una patología psiquiátrica y una discapacidad mental que le ha dificultado el poder insertarse en ámbitos sociales de la vida”.
Tanto en la historia clínica como en el testimonio de sus padres se da cuenta de que el joven convivió toda su vida con problemas que le afectaron gravemente su salud, lo que llevó a que tuviera atención psiquiátrica desde los seis años.
“La Fiscalía Letrada de Maldonado de 4° Turno, así como también el Juzgado de Maldonado de 4° Turno con el asesoramiento erróneo del Instituto Técnico Forense lo enviaron al sistema carcelario, sellando una sentencia de muerte segura allí, lo que se cumplió claramente”, indica el texto.