El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que trataron el aumento de los precios de productos de la canasta básica en las últimas semanas y una potencial exoneración para esos bienes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Manini ya se había referido a este tema en el Senado de la República y formalmente trasladó ahora una propuesta al Poder Ejecutivo con el objetivo de contener la suba de precios.

“Hay que establecer una canasta de productos, de una veintena de productos, que son de consumo popular por decirlo de alguna forma. Otros cortes de carne que se agreguen al asado y se establezca que en esa canasta en particular no haya lucro o ganancia por parte del comercio por un período determinado, además de la renuncia fiscal que deberá hacer el Estado”, apuntó Manini en conferencia de prensa tras la reunión.

Agregó, de todas formas, que “todo lo que se haga es poco, pero hay que ponerle un freno a esta escalada de precios contemplando la realidad de una gran parte de la población que está con serios problemas para poder cumplir con sus necesidades”.

Durante la discusión que se dio en Parlamento para exonerar de IVA al asado, Cabildo Abierto planteó extender esa renuncia fiscal a más cantidad de productos.

Sobre el tema se refirió Manini Ríos en el Senado y el diputado Álvaro Perrone en Diputados.

Perrone dijo que le votaría al “Frente Amplio todas las exoneraciones que quiera hacer”, si la oposición vota como contra partida “ponerle IVA a la marihuana”.

Previamente, Manini había expresado en el Senado la creación de una canasta básica “que tengan un tope máximo” de precio y planteó en esa línea que las grandes superficies “no tenga ganancia” con esos bienes durante un tiempo.

El senador Guillermo Domenech también se refirió a este tema y en su audición en Radio Universal dijo que además de las medidas ya aprobadas, deberían aplicarse “medidas complementarias”.

“Muchas veces es necesario el poder del Estado, que restablezca equilibrios económicos que se rompen por circunstancias excepcionales. Este no es un fenómeno nuevo en el país, sino que ya en 1947 se aprobó una ley de subsistencias, que establecía la competencia del Estado para fijar precios máximos a los bienes y servicios, manifiestamente esenciales o convenientes para el consumo popular. También la ley 13.720 en el gobierno del señor Pacheco Areco contuvo expresiones de una naturaleza similar. Y hasta durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se creó una comisión de defensa de la libre competencia en el comercio, dirigida a evitar que posiciones dominantes en el área de la comercialización de productos, entre ellos los de primera necesidad, pudieran llegar a fijarse precios desorbitantes en perjuicio de la población”, expresó Domenech.