En el proyecto de Rendición de Cuentas que se vota esta semana en el Parlamento se incluyen dos normas que han sido criticadas desde dentro y fuera de la coalición de gobierno.

Dichas normas establecen el traslado de fondos del Instituto de Colonización para atender la situación de los asentamientos urbanos y suburbanos en todo el país. En julio, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) emitió un comunicado donde advertía que esto consagraba una suerte de enfrentamiento entre “pobres de campo y pobres de ciudad”.

Además, dichas normas no parecen convencer al senador Guido Manini Ríos, senador por Cabildo Abierto, uno de los socios mayores de la coalición de gobierno.

Anoche, Manini brindó una entrevista al programa Tierra de Periodistas, emitido por TV Rochense, donde se refirió al tema.

“La política de este gobierno es no comprar más campos (para Colonización), i una hectárea. No es nuestra política”, sostuvo.  “No tenemos a ningún jerarca en el Instituto, y nos hubiera gustado tenerlo”, lamentó.

Para Manini, es necesario atender las necesidades de los asentamientos per también la de los “camperos” término con el que distingue a la modesta gente de campo de los terratenientes. Asimismo, recordó que la gente que abandona el campo a menudo termina en los cinturones suburbanos de pobreza. Por esa razón, quitar fondos de colonización para “erradicar hoy” asentamientos redundaría en “generar sentamientos en el futuro”.

Del mismo modo, reclamó mantener el “espíritu fundacional” del Instituto, y utilizarlo como una herramienta “para arraigar” a la gente de campo en la tierra y evitar un vaciamiento del ámbito rural.

Pese a lo expresado, Manini no se refirió al modo en que votará sobre esos temas en el articulado de la Rendición de Cuentas. Sí insistió en que su partido “defiende la activación de un fideicomiso aprobado en 2014”, que prevé hasta 100 millones de dólares para que Colonización compre tierras “en caso de ser necesario”.

“Vamos a bregar por eso”, sostuvo.

Contrato portuario

En otra instancia, Manini se refirió también a las diferencias que Cabildo Abierto manifestara sobre el controvertido contrato portuario con la firma belga Katoen Natie (KN). El partido pide una reducción en los años de la concesión (de 80 a 50).

Además, en su audición semanal en Radio Oriental, Manini reclamó “una adenda, un nuevo compromiso o contrato, que establezca que el Estado Uruguayo tiene la última palabra en caso de venta de las acciones de KN en la terminal de carga especializada”.

“KN tiene el ochenta por ciento de las acciones, el otro veinte por ciento lo tiene la ANP. Pero así como está firmado hoy, nada impide que esta empresa le venda la operativa del Puerto de Montevideo, a otra empresa de cualquier nacionalidad. El Estado Uruguayo tiene que tener la última palabra, tiene que ser quién autoriza esa transacción. Y claramente lo vamos a dejar establecido, que Cabildo Abierto exige que se haga esa adenda, ese nuevo agregado al contrato que establezca que no se puede enajenar las acciones, sin tener el permiso del Estado. Porque puede ocurrir que quien venga a operar en el Puerto de Montevideo no sea conveniente para los intereses nacionales por alguna razón”, señaló.

Sobre esta propuesta, el presidente Lacalle Pou fue consultado por la prensa. En su breve respuesta dijo que “como a todo líder político, a Manini se lo escucha, y al ser socio de la coalición de gobierno, se lo escucha mucho más, lo que no quiere decir que siempre estemos de acuerdo”.