El senador frenteamplista José Carlos Mahía consideró que el presidente Luis Lacalle Pou faltó a la verdad el pasado sábado cuando, en conferencia de prensa, dijo que Uruguay estaba obligado a emitir un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
“El presidente nos dijo que el Estado estaba obligado a darle el pasaporte al narcotraficante Marset. Eso no es verdad”, afirmó Mahía, quien ponderó que el gobierno está “en medio de la crisis política más importante que ha tenido el Uruguay desde el retorno a la democracia”.
“Quiero aclarar los tantos. Y para aclarar los tantos tenemos que referirnos a lo que el presidente dijo y no es verdad, y a lo que no nos dijo”, empezó el legislador en un audio al que accedió Montevideo Portal.
Luego de esto, Mahía citó el artículo 34 del Decreto número 129 de 2014 que establece que a los ciudadanos uruguayos “que sean objeto de expulsión por las autoridades del Estado en que residen”, “se les otorgará un documento ‘válido directo a la República por un solo viaje’”, además establece que se debe dejar “constancia en el documento la causa que motivó la expedición del mismo” y “comunicar en forma inmediata a la autoridad competente el medio de transporte y la fecha de arribo al país”.
Este texto legal, consideró Mahía, “desmiente en forma contundente lo que dijo el presidente”. “No estaban obligados a entregarle un pasaporte para que después fugara y estuviera prófugo un narcotraficante uruguayo pesado y peligroso, como dijo el exviceministro Maciel”, criticó.
El integrante de Asamblea Uruguay afirmó que el gobierno “sabía de quién se trataba”, en referencia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que hasta hoy es requerido por Interpol. “Toda la cúpula del Ministerio del Interior y de Cancillería estaban al tanto de que estaban hablando de un pesado y peligroso narcotraficante”, agregó, y denunció que este dato “se lo escondieron” al Parlamento y “se lo pretenden esconder a la Justicia”.
Asimismo, cuestionó que el presidente “no explicó por qué se reunieron en la casona del Prado” y consideró que allí “decidieron no presentar al Parlamento la información clave, los chats que ya tenían”. Además, para Mahía “el Presidente no explicó tampoco cómo alguien que supuestamente no tiene autoridad institucional, como es su asesor, Roberto Lafluf, mandó a destruir pruebas y destruyó documentación pública que no debía siquiera tener”.
Mahía finalizó con un respaldo a la investigación y actuación que lleva adelante Fiscalía en este caso. “Que investigue sin presiones, que investigue a fondo y que pueda llegar a la verdad y que, caiga quien caiga, se haga justicia”, expresó a este respecto.
“El presidente no solo perdió figuras muy importantes, perdió dos ministros, perdió un viceministro y asesor principal, pero lo más importante es que perdió en credibilidad y eso es lo peor. Le hace mal a la democracia que sus presidentes no tengan credibilidad ante la sociedad o que la misma se deteriore día a día”, sentenció.