MYSU: ginécologos evitan interrumpir embarazos en hospitales de Colonia, Melo y Mercedes

En Uruguay se cumplen diez años desde que se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (18.987), y de la implementación de servicios legales de aborto en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Así, este 28 de setiembre, en el Día por la Despenalización del Aborto, que se definió en 1990 en el V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe, la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU) presentó una proclama en la sede del PIT-CNT. En esta línea, la organización expuso que, en esta última década, se realizaron unos 10.000 abortos legales, aunque aseguró que los servicios “no se difunden ampliamente” y que gran parte de la población no conoce la ley en profundidad.

Asimismo, aseveró que en Colonia del Sacramento, Melo y Mercedes hay hospitales públicos con “100% de profesionales de la ginecología que rechazan brindar el servicio ‘por sus creencias personales’”.

En este sentido, la MYSU sostuvo que, desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en este gobierno se designaron profesionales “objetores a cargo de los servicios que reniegan dar”.

La ONG hizo hincapié en que “no es lo mismo” resolver un requerimiento de salud con “información adecuada, supervisión profesional, atención protocolizada y con la seguridad de que ante una complicación habrá el debido cuidado”, a realizar uno con “miedo, con riesgos, en soledad y sin atención sanitaria”.  

MYSU detectó problemas “a varios niveles”, además del conocimiento de la ley, también destacó que el “estigma no se combate”, y que “la discriminación sigue existiendo hacia quienes deciden abortar” y a “los equipos profesionales que brindan la atención”.

Además, la organización dijo que, durante la pandemia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no tomó medidas para informar a la población y asegurar el acceso a la salud reproductiva en todo el país. También, aseguró que no se recurrió a la “telemedicina” de forma organizada y que “no se tuvo en cuenta a las mujeres migrantes que tienen condicionada esta atención si no cumplieron con un año de residencia en el país”.

En diciembre del 2020 murió una adolescente en un proceso de aborto legal y MYSU aseguró que no tuvo respuesta de las autoridades “explicando lo que sucedió ni qué medidas se adoptaron para evitar que haya que lamentar otra tragedia como esta”. “No estamos pidiendo nombres, estamos exigiendo saber las razones que determinaron su muerte y conocer las medidas adoptadas por MSP y ASSE para fortalecer la prevención y la atención de los embarazos no deseados y las maternidades forzadas en la población adolescente”, señaló.

De este modo, la ONG exigió que el aborto esté asegurado para quien lo requiera y “se inscriban en la atención integral de la salud sexual y reproductiva, con cobertura universal y de calidad”. Para esto, sostuvo que “se deben asignar recursos para su adecuado funcionamiento, fiscalizar el cumplimiento de protocolos y guías clínicas desde el Ministerio de Salud para que las instituciones y equipos profesionales los implementen adecuadamente, de la misma manera que deben asegurarse los insumos y fortalecer un sistema de información que permita identificar los vacíos y problemas que deberían subsanarse”.  

El mundo ya evolucionó, y nuestro marco normativo debe superarse para armonizar con la experiencia acumulada en esta década de implementación de la ley y con base en las nuevas evidencias y directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Erradicar el delito del aborto del Código Penal es un pendiente.

Por último, MYSU exigió al Estado que garantice las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones; respete la autonomía reproductiva y la libertad de decidir de las personas que se enfrentan a una situación de embarazo no deseado para que no se obligue a nadie a transitar por una maternidad forzada. También, que fortalezca los mecanismos de difusión de los servicios y de denuncia “cuando estos no están o no cumplen con la calidad y condiciones que establecen las normas”; fiscalice que se realiza el cumplimiento en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud; y que evite que las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir sus embarazos sean víctimas de discriminación y violencia.