El Movimiento de Participación Popular (MPP) realizó este domingo una declaración en la que se refirió a la posibilidad de recolectar firmas para impulsar una reforma constitucional sobre la ley de seguridad social, aprobada en abril de este año y que comenzó a regir el pasado 1° de agosto.

Pese a que el MPP manifestó su rechazo a la reforma jubilatoria, el sector consideró que “no están dadas las condiciones para la convocatoria a un plebiscito con la finalidad de anular la ley vigente aprobada por el Gobierno”.

“No creemos que sea oportuno cambiar una ley por medio de una reforma constitucional. Las herramientas de la democracia directa que han acompañado las diferentes luchas del pueblo uruguayo deben ser empleadas con carácter estratégico, unitario y de proyección para alcanzar avances. Desde el MPP manifestamos nuestro compromiso para que en el próximo gobierno se deroguen los aspectos más negativos de la Ley 20.130 y proponer una reforma integral de la seguridad social que tome en cuenta todas las contingencias que una persona sufre a lo largo de toda su vida”, expresó el MPP en el punto 10 del comunicado.

En esta línea, el sector del expresidente José Mujica señaló que la intención es que la ley sea “revisada y modificada” en el próximo período de Gobierno que asuma el 1° de marzo de 2025.

“La ley aprobada por medio de los votos de la coalición conservadora se trata de una reforma solamente jubilatoria, que lo único que provoca es más desigualdad e injusticias, donde a través de un ajuste fiscal encubierto se termina perjudicando a la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país. Para nada se abordan los problemas de la seguridad social en su conjunto y no atiende las necesidades de nuestro pueblo. Por ejemplo, en un país donde aumentan la pobreza y la inseguridad alimentaria infantil y adolescente, no hay una sola medida en esta reforma que dé respuesta a este verdadero drama social”, se señaló.

La decisión de si impulsar o no un plebiscito contra la reforma de la seguridad social ha divido tanto a la interna del Frente Amplio (FA) como a la central sindical Pit-Cnt.

El Partido Socialista ratificó su voluntad de avanzar con una propuesta que implique una enmienda constitucional. Pero otros sectores son distantes, o directamente contrarios, y piensan que la mejor alternativa es esperar el resultado electoral para, en caso de triunfar, modificar en 2025 la actual ley.

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