El subsecretario de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, defendió este miércoles el decreto que habilitó cambios en el empaquetado de cigarrillos, tras modificar una norma de 2019 que fue impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez.

En diálogo con Montevideo Portal, Verri expresó la posición del MIEM sobre el tema y aseguró que hay un “error de interpretación”, porque el nuevo decreto “no tiene nada que ver con la política antitabaco y no se modifica ninguna norma sanitaria”.

“Por el contrario, se mantienen todas. Lo que se busca es darle al decreto original parte que no fue contemplada, que es de lucha contra el contrabando. El decreto de 2019 no tenía ninguna norma vinculada al combate del contrabando y hoy es un problema, porque lo que hay es una diferencia enorme de precio”, justificó el jerarca.

Verri informó que el 40% de los cigarrillos que se consumen en el país son de contrabando y, por lo tanto, no tienen “ningún tipo de control sanitario”.

En este sentido, afirmó que se “está afectando la salud de la población por la diferencia de precio que hay y por el contrabando que existe”.

“Lo que se buscó fue establecer alguna norma que permita controlar qué cigarrillo es de contrabando y cuál no. Además, se establecieron sanciones para cuando el cigarrillo es de contrabando iguales a las que prevé el decreto original para la lucha antitabaco. Es a la inversa, se está incentivando la lucha contra el tabaco cuidando la salud de la población. No hay ninguna otra cosa atrás de esto, al contrario. No hay ninguna modificación sanitaria atrás del tema”, insistió Verri.

Sobre la posibilidad de que el producto vuelva a ser comercializado en cajas blandas, el dos del MIEM argumentó que esa habilitación a las empresas tiene como objetivo permitir la venta en ese tipo de cajillas, debido a que “el contrabando compite mucho” con ese formato.

Consultado por Montevideo Portal si se consideró la posibilidad de una baja impositiva a los cigarrillos ($ 90,22 del precio de una cajilla de 20 unidades corresponde a Imesi), Verri aclaró que esa opción no estuvo arriba de la mesa y no está en discusión.

“El nuevo decreto lo que hace es seguir potenciando la política antitabaco, pero, a su vez, poder tener elementos de control sobre la mercadería de contrabando”, defendió el jerarca, que reconoció que existe una preocupación de la industria del tabaco por el alto consumo en Uruguay de productos de contrabando.

“Es un reclamo que viene desde siempre e incluso el sindicato lo ha planteado. Lo que está afectando la salud de la población con mercadería que no tiene ningún tipo de control. De lo que estamos hablando es que si un ciudadano decidió seguir fumando a pesar de las restricciones, no se vea incentivado de comprar un producto de menor precio. En ese caso, la política antitabaco estaría dando un resultado inverso. Estaríamos potenciando el consumo de cigarrillos de contrabando sin ningún tipo de control sanitario. Ese es un poco el objetivo”, agregó Verri.

Finalmente, sobre los aportes económicos realizados por la empresa tabacalera Montepaz para la campaña de la fórmula presidencial del Partido Nacional rumbo al balotaje en 2019, Verri (Partido Colorado) respondió a Montevideo Portal: “Si aportó o no aportó al Partido Nacional o a otros partidos, yo no lo sé ni me corresponde. Este es un tema estrictamente de gobierno, una decisión de gobierno que nada tiene que ver con eso. Esas son las cosas que se le buscan explicaciones, a las cosas que no la tienen. Si uno analiza objetivamente este decreto, el objetivo de las modificaciones es el mencionado. La campaña antitabaco se mantiene igual, el precio de los cigarrillos se mantiene igual, las prohibiciones se mantienen iguales. Si para combatir el contrabando necesitamos autorizarlos a envasar en cajilla blanda, ese es el objetivo. No hay otras razones”.

De acuerdo a datos de la Corte Electoral consignados por El Observador, la empresa aportó $ 552.180 (US$ 13 mil) en apoyo a la fórmula de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.