Tal como informáramos, la semana pasada el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitió un comunicado en el que notificó por un “presunto manejo irregular de fondos en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación” en la última administración del Frente Amplio.

En ese entonces, la cartera afirmó que está “utilizando todos los medios a su alcance para esclarecer cuándo se inició esta maniobra, cuánto fue el dinero eventualmente desviado y la determinación de la eventual responsabilidad de la funcionaria sumariada, así como la identificación de otras personas que pudieran estar involucradas”.

Este miércoles 25, el ministerio amplió la denuncia realizada ante Fiscalía ya que otro funcionario habría participado del presunto delito de manejo irregular de fondos; asimismo, el exdirector de la comisión, Nelson Inda, fue acusado por la secretaría de Estado de haber firmado cheques por “cientos de miles de pesos” tras haber dejado su puesto en 2020, según consignó El País.

Al respecto, el ministro Pablo da Silveira acudió al programa Otra Mañana de Radio Oriental donde dio más detalles acerca del caso.

Así, el jerarca explicó que luego del primer sumario iniciado el MEC comenzó a recibir información sobre el tema, principalmente del Banco República (BROU) porque las situaciones bajo investigación “tenían que ver con transferencias o con cheques en los que intervenía” el ente financiero. Gracias a los datos recabados por el banco fue que se inició un segundo sumario a otro funcionario de la cartera.

“La situación en este momento es: hay dos sumarios en curso. Sobre esto les pido paciencia porque el secreto de sumarios impide que se dé información pública mientras el sumario está en curso. Obviamente vamos a cumplir eso como respetamos todas las garantías de todas las personas implicadas, entonces en ese aspecto todavía no podemos dar información”, sostuvo Da Silveira.

Respecto al primer expediente, el MEC encontró “una situación en la que, aparentemente, ingresaba dinero” a la comisión, que no estaba registrado en el sistema informático que lleva la contabilidad general del ministerio, detalló Da Silveira. “Luego se realizaban transferencias o se emitían cheques contra esos ingresos que tenían destinos que no correspondían”, apuntó; consultado respecto a cuánto dinero se manejaría en esta desviación de fondos, el jerarca señaló que no se sabe con exactitud porque solo se pudo obtener información desde 2018 hasta la fecha en que se detectó la irregularidad. “Estamos hablando, probablemente, de unos $ 12 millones”, estimó Da Silveira, pero acotó que las cifras “pueden cambiar”.

(N. del R.: Da Silveira comentó que se hace difícil acceder a los datos de 2017 y anteriores, ya que el BROU realizó un “cambio de tecnología” en ese año por lo que “da un poco más de trabajo” dar con esa información, pero recalcó que “el banco está en eso”).

Al mismo tiempo está la mencionada ampliación de la denuncia, ya que entre los materiales que el BROU proveyó hay cheques firmados por “el anterior director de la Comisión de Patrimonio luego del 2 de marzo de 2020, es decir, luego de que se había producido el cambio de autoridades”, indicó el titular de la cartera.

“Entre las cosas que nos ha enviado el BROU hay algunos cheques con fechas de marzo ya avanzado, incluso uno recién iniciado abril, en donde una de las firmas que aparecen (en la administración pública para librar cheques hace falta doble firma, no es nunca una sola persona la que firma) es la del anterior director de Patrimonio, que ya no era director de Patrimonio ni iba ni tenía ninguna presencia en las instalaciones de la Comisión de Patrimonio”, contó Da Silveira. El ministro dijo que se pudo determinar a quién pertenecía esa segunda signatura, pero manifestó que no podía brindar esa información. Asimismo, hay cuatro cheques involucrados en esta situación, al menos de los que el BROU ha enviado al MEC hasta ahora.

Finalmente, Da Silveira expresó que Fiscalía “ya está tomando testimonio de los denunciantes”, es decir, quienes trabajan en la Comisión de Patrimonio actualmente. El objetivo del Ministerio Público es “tener una comprensión más completa” de la situación y luego el fiscal actuante “citará a quien crea oportuno” y “sacará sus propias conclusiones acerca de si hay alguna situación que amerita la intervención de la Justicia o no”, subrayó el jerarca.

En esta línea, el MEC cumple el rol de aportar información; si no lo hiciera y, eventualmente, hubiera una situación delictiva, el ministerio “quedaría en situación de encubrimiento”.