Lust tildó de “desprolijo” plebiscito de CA: “Si fuera un examen, quien lo redactó pierde”

El excabildante y hoy diputado independiente Eduardo Lust se manifestó en contra de las dos iniciativas que buscan llegar a las firmas para ser plebiscitadas en octubre de 2024, y señaló que, si bien no cree que haya sido la intención, “hay determinados artículos” en ambas “que ponen en riesgo la estabilidad de la República” y “no pueden ser objeto de plebiscito”.

En conversación con Montevideo Portal, además, el abogado constitucionalista expresó que son incompatibles entre sí, por lo que “si salen los dos proyectos, habría una inconstitucionalidad”. Esto debido a que en el texto del plebiscito contra la usura se modifica la forma en que se cobran las jubilaciones a través de la Caja Notarial o la Caja de Profesionales, ya que son “personas de derecho público no estatal”.

En particular, sobre el plebiscito de la seguridad social que promueve el Pit-Cnt, dijo que “si están en contra de las AFAP y de los 65 años”, lo que se debe hacer es presentar dos proyectos de ley y no una reforma de la Carta Magna. “El Frente Amplio lo podría haber hecho en 15 años y no lo hizo”, agregó.

El abogado expresó también que las dos opciones de reforma están redactadas para ser retroactivas, lo cual considera que es un error.

“Las reformas constitucionales en un Estado de derecho no pueden ser retroactivas”, manifestó Lust.

En esta línea, dijo que el alcance del proyecto apoyado por varios sectores del Frente Amplio “va hasta la creación de las AFAP, que fue en el gobierno de Lacalle padre y cambia todo el sistema jubilatorio”.

Y afirmó que “lo mismo pasa” con el plebiscito contra la usura que promueve Cabildo Abierto (CA).

“Cambia un sistema que está vigente desde 2002 en adelante. Dice que desde enero de 2025 todo lo que se hizo desde 2002 en adelante se retrotrae y se cambia para atrás, entonces ese es el derrumbe del sistema”, dijo sobre este segundo proyecto.

Lust explicó que, como el texto dice que las deudas deberán estar expresadas en unidades indexadas (UI), la reforma regiría a partir de 2002, ya que la UI es un instrumento creado ese año por el Banco Central.

Asimismo, el exintegrante de Cabildo Abierto criticó que la reforma “cambia todo el sistema tributario de los gobiernos departamentales los aportes de ese tipo de empresas y también es retroactivo a 2002”.

“Las deudas anteriores a 2002 quedan fuera del proyecto porque no hay unidad indexada para comparar”, añadió.

Otro aspecto cuestionado por el especialista es el límite puesto a las deudas, que es de 30.000 dólares. “El que tenga 30.001 dólares de deuda queda fuera del proyecto”, manifestó.

Por último, manifestó que hay un “vacío” en los plazos establecidos por el plebiscito.

“Según el texto, el régimen se aplica hasta el 19 de julio de 2023. No sé por qué pusieron esa fecha, pero la reforma empezaría a regir el 1º de enero de 2025, porque se va a plebiscitar en 2024”, dijo el parlamentario, y agregó: “Entonces quedó como un espacio de tiempo entre el 19 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, que no se sabe qué régimen rige, porque la reforma textualmente dice que ese período queda fuera de la reforma”.

Con respecto a esto último, ponderó que “es una cosa muy desprolija”, y que “si eso hubiera sido un examen, el que lo redactó, lo pierde”.

Además, el diputado cuestionó que la Corte Electoral no tenga potestades para aprobar o vetar una reforma constitucional luego de que se presentan las firmas. “La Corte Electoral podría eventualmente decir que este tema no es objeto de plebiscito, pero la Corte sostiene que todos son objeto de plebiscito”.

Para justificar su postura, aludió a lo que en derecho constitucional llaman “cláusulas pétreas”, que establecen que “si pone en riesgo la estabilidad de la República, hay temas que no pueden ser objeto de plebiscito”.

Para ilustrar esto dio un ejemplo extremo: “Hay un artículo en la Constitución que dice que la República Oriental de Uruguay no será nunca patrimonio de persona ni familia alguna, si alguien dijera: ‘Bueno, vamos a transformar Uruguay en una monarquía y llega a las firmas, la Corte, al no revisar los textos, no tiene posibilidad de vetarlo”.

La no discusión política

Lust se mostró crítico sobre el hecho de que el sistema político no esté discutiendo públicamente el contenido del texto denominado “Por una deuda justa”, que aún no ha alcanzado las alrededor de 300.000 firmas necesarias (10% del electorado).

“Creo que piensan: ‘Todavía no llegaron a las firmas, vamos a esperar’, y se le quita entidad”, expresó, y adicionó que “nadie opina, porque políticamente es bastante inconveniente decir que se está en contra de una deuda justa”.

Igualmente, proyectó que en abril de 2024 “saldrán todos los expertos” a “explicar la consecuencia”.

“Yo lo veo desde el punto de vista jurídico, es decir: date cuenta de que yo no estoy a favor de los bancos. Pero el tema, para mí, es la estabilidad de un Estado”, sentenció.