El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) organizó un debate entre los senadores Gustavo Penedés, del Partido Nacional, y Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que se realizó en el Auditorio del World Trade Center y contó con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

"El debate de las ideas debe de ser el centro de la democracia. Somos una asociación política, cercana a un partido político, que es la Democracia Cristiana, el partido de Ángela Merkel, la canciller, y nos sentimos muy cercanos a Uruguay, con su debate democrático y sus instituciones", dijo Sebastian Grundberger, representante de la fundación en Montevideo, antes del inicio del debate.

El debate, que se transmitió por el canal de YouTube del CED, en Vera Tv y en otros canales, se organizó en cuatro bloques: la seguridad pública, la regulación del mercado de combustibles y el régimen de alquiler; además habrá un cierre sobre la LUC en general.

Tatiana Cortazzo, la moderadora del debate, planteó que en los 135 artículos impugnados ante la ciudadanía aparecen varios temas asociados a la seguridad pública: "cambios en legítima defensa en portación de armas, agravios a la policía, ocupación de espacios públicos y piquetes en la calle, y más penas para los menores que delinquen", entre otros.

Penadés planteó que el gobierno cambió el "paradigma" en materia de seguridad, "al preservar la paz pública, al preservar el derecho de los ciudadanos, de la inmensa de la mayoría honestos, combatir frontalmente la delincuencia y los nuevos delitos que han aparecido, fundamentalmente el narcotráfico, y un respaldo a la policía y el resultado ya está a la vista: ha comenzado a descender en el índice de preocupación de los uruguayos el tema de la seguridad, hoy ya no se encuentra entre los principales índices de preocupación".

El senador blanco agregó que "la policía ha combatido y ha logrado índices de disminución de los delitos más importantes y se envió un claro mensaje de que el gobierno iba a hacer cumplir la ley y esencialmente dotar a la policía para realizar esta tarea".

Por su parte, en su primera intervención, Carrera destacó que "un conjunto de uruguayos logró en base a esfuerzos y militancia en los peores momentos de la pandemia en Uruguay desencadenar un mecanismo institucional y eso hace que nos ganemos el derecho a debatir" para definir "si estos 135 artículos de la ley deben permanecer en el marco normativo o no".

"Queremos que la seguridad sea con garantías en el respeto de los derechos, garantías que impliquen la construcción de que no existan abusos policiales y garantías con respecto a que todos los ciudadanos sepamos que los delitos que podamos llegar a cometer, si estamos dentro o fuera de la norma, sean claros y específicos. Estos 33 artículos (de seguridad) no permiten mejorar la eficiencia del combate de la delincuencia ni mejorar la seguridad pública", dijo Sánchez.

"El gobierno ha dicho que ya está dando frutos la LUC, porque han bajado y disminuido los delitos en Uruguay, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que cuando uno mira los informes internacionales, la LUC no rige en Argentina, en México, en Brasil, en España, en El Salvador, y también bajaron los delitos. ¿Por qué será que bajaron los delitos? Un informe dice que a nivel global el 37% de los delitos disminuyó el año pasado, y eso se debe a que hubo disminución de movilidad por la pandemia", agregó.