Los impactos de la contaminación en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes en Chile

Por Angelina de los Santos | @angelinadlsh

Cuatro veces, madre y padre, han tenido que cargar a su hija Millaray en brazos o sobre el hombro para llevarla al hospital. Desde agosto de 2018, cuando ella tenía 14 años, es frecuente que sienta que una faja le comprime la cabeza, que el dolor le nuble la vista y se le entumezcan las piernas. O que se desmaye, o que sufra taquicardias. 

También desde agosto de 2018, madre y padre han llegado al hospital con Alexis, el hermano tres años menor de Millaray, brotado de ampollas, granos o manchitas rojas que arden, pican y le recorren todo el cuerpo. 

Al igual que Alexis y Millaray, desde agosto de 2018, miles de niños, niñas y adolescentes que habitan la bahía de Quintero-Puchuncaví han sufrido con mayor magnitud y frecuencia los efectos de la contaminación. Los dolores de cabeza, vómitos, entumecimientos, diarrea, obstrucción bronquial, urticaria y picazón son los síntomas que más han experimentado. 

En agosto de 2018, nubes amarillas tiñeron el cielo de la bahía y envenenaron a unas 2.000 personas, según organizaciones sociales locales. Al hospital Adriana Cousiño de Quintero llegaron al menos 1.400, de los cuales el 58% eran niñas, niños y adolescentes, según un informe de la Defensoría de la Niñez de Chile. Entre ellas estaba Millaray. 

Ellas y ellos sufren los impactos de los gases tóxicos emitidos por termoeléctricas a carbón, industrias químicas, refinerías de petróleo, regasificadoras de gas natural, centros de descarga y almacenaje de combustibles, y fundiciones de cobre. Todas estas plantas forman el Complejo Industrial Ventanas, que desde hace seis décadas funciona sobre la playa de la bahía, a unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile. Hoy la bahía es considerada una de las cinco zonas de sacrificio del país, donde territorio, personas y animales son destruidos y abandonados a favor de la prosperidad económica. 

Manifestaciones 2018 - Cortesía de Felipe Cantillana

Condenadas a la enfermedad

La investigación sobre las afectaciones que sufrieron las niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de la Niñez y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), publicada en 2019, sostiene que debido al aire contaminado que respiran, han naturalizado "un sentimiento prematuro a la enfermedad y una sensación de fragilidad permanente". Sobre el envenenamiento masivo de 2018, en específico, el estudio asegura que "modificó la forma de habitar su territorio, la representación que tienen de su hábitat y las actividades cotidianas fundamentales para los primeros años de vida, como son el juego, la socialización con pares y el deporte o actividad al aire libre". 

Las niñas, niños y adolescentes que crecen cerca del Complejo Industrial Ventanas saben que los días en que no hay viento, que se lleve al menos un poco de los gases tóxicos, van a tener que quedarse en casa y no ir a la escuela, ni a ninguna otra parte. Adentro, van a tener que cerrar lo más hermético posible las puertas y ventanas, y esperar. 

También saben que los días que sí van a la escuela no pueden correr en el patio o jugar en el suelo, y que tienen que lavarse las manos de forma constante. Y que para que todo vaya más o menos bien y no se sientan intoxicados, las escuelas tienen que cambiar los filtros de aire que tienen instalados, o directamente procurar conseguir nuevos cuando fallan, o algún vecino de la zona los roba. "No tienen la mantención necesaria, lo que ha provocado que varios presenten fallas e incluso no funcionen", explicó a finales de marzo a BioBioChile la docente Anabella Tapia. Y agregó que algunos purificadores son robados, por lo que se están generando más casos de intoxicaciones.

Debido al aire que respiran, en Quintero-Puchuncaví los niños, niñas y adolescentes tienen más probabilidad de tener cáncer, según un estudio de 2019 de la PUCV. En su cuerpo tienen mayor concentración de algunos metales pesados como el arsénico, en comparación a jóvenes y adultos.  

Katta Alonso en las manifestaciones de 2018 - Cortesía Felipe Cantillana

La rabia de los pescadores envenenados 

"Acá hay olor a combustibles, a gas. Cuando está bajando la contaminación, uno lo siente en la boca. (...) Cuando hay un olor muy fuerte, nos miramos y decimos: '¿ya empezamos?'. Cerramos las ventanas. No salimos y, si tenemos que salir, salimos con doble mascarilla", señaló Juan Suárez Silva, padre de Millaray y Alexis. "Duele. Por eso uno tiene rabia", dijo sobre sí mismo y los suyos. 

Con 50 años, él, su familia y la comunidad pesquera a la que pertenece, tiene la rabia que le es propia a las personas que se saben sacrificadas. Una rabia que no es mezquina: es el motor que los moviliza y organiza contra décadas de explotación empresarial y estatal de sus cuerpos y territorios.

"Nuestros hijos ya están con rabia, porque son grandes, ya saben. Nosotros [adultos] le inyectamos esa rabia en las venas para que ellos la ejerzan… Porque si nuestros abuelos o nuestros padres, que pasaron 50 años en esta tierra, no hicieron nada, nosotros decimos: 'Basta de esta wea'. Estamos dando la pelea".

Recientemente Suárez Silva y su familia sufrieron la pérdida de Jorge, el hijo del medio de Juan, que murió de un infarto al corazón mientras realizaba sus faenas de pesca en el mar. Su padre advierte que "este tipo de muerte ha sido muy común en nuestros jóvenes en los últimos años".

Los pescadores organizados en el Sindicato Pescadores Artesanales S-24 —agrupación liderada por el hijo mayor de Suárez Silva, Juan Suárez Vergara—, reclaman que se norme la emisión de gases y que las empresas cambien las maquinarias e infraestructura obsoleta con la que operan para terminar con los asiduos derrames de petróleo y varamientos de carbón. Quieren que sean "amigables con los seres humanos" que habitan la bahía.

Manifestaciones en la bahía por las intoxicaciones masivas de 2018- Cortesía Ricardo Quero Arancibia

Alertas rojas, desde siempre

Antes de que el desarrollo económico empezara a echar humo día y noche, los campos puchuncavinos eran una selva rubia que crecía junto al océano: las lentejas tenían un diámetro de unos siete milímetros. Y la costa estaba llena de caletas de pescadores que proveían de peces y mariscos a los centros urbanos. "Hoy, hay nada", dijo Marita Aravena, integrante de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia (Muzosare).

En 1954 se instaló la Empresa Nacional del Petroleo (Enap) en la bahía. Su establecimiento allanó el camino para el ingreso de más de una decena de industrias que, poco a poco, fueron sepultando la vocación pesquera, agrícola y turística del territorio. Los y las trabajadoras de orígenes mestizos, habitantes de la zona, poco a poco, se fueron empobreciendo y padeciendo la precarización de sus condiciones de vida. 

Hoy 8:30 fundición Codelco Ventanas gases fugitivos sin control ¿Hasta cuándo este veneno para población de Quintero Puchuncavi ? @yovyaftap2 @Marcemomo @patriciorosas @MARCOSULANTAY @Alvaro_CarterF @ANDRESCELISM @carreragonzalo @CatalinaDelReal @ch_matheson @Muletjaime pic.twitter.com/MBeC7zpG9I

— Dunas de Ritoque (@DunasdeRitoque) April 30, 2022

En la bahía, los seres vivos son sometidos a la continua emisión de gases tóxicos, no regularizada ni fiscalizada. Ni los envenenamientos masivos de 2018 ni la pandemia han sido suficientes para que las empresas dejen de operar; se excusan en su producción: el 80% del petróleo y el 8% de la energía eléctrica que se suministra en todo el país proviene del Complejo Industrial Ventanas, más el gas natural de toda la región metropolitana. 

Aunque desde hace décadas varias organizaciones dedican su lucha a la denuncia de los estragos de la contaminación causada por las empresas públicas y privadas —como Muzosare—, fue después de las intoxicaciones de 2018 que gran parte de la población se organizó y movilizó para protestar. En abril de 2022 hubo varias marchas, al menos dos protagonizadas por estudiantes de los colegios que tomaron las calles ante la constante aparición de nubes tóxicas, intoxicaciones y la suspensión de clases, a la que acudieron Alexis y Millaray. 

Zonas de sacrificio: ¿qué son y por qué existen en Chile?

Además de Quintero-Puchuncaví que está en el centro del país, en Chile hay otras cuatro zonas de sacrificio. En el norte está Mejillones con industrias, pesca y puerto; Tocopilla con termoeléctrica y minería, y Huasco, con una planta de pellets y termoeléctricas. Al sur está Coronel, que fue productor de carbón y hoy tiene industria y termoeléctricas. Los cinco territorios son habitados por más de 200.000 personas.

Las constantes violencias a las que ha sido sometida la comunidad de Quintero-Puchuncaví y de las otras zonas de sacrificio es consecuencia del modelo de desarrollo que rige en Chile: uno basado en la idea del crecimiento infinito, aseguran las organizaciones ambientales locales. 

"Lo que el Estado está haciendo, es administrar una empresa, no le importa las desigualdades, está enfocado en disminuir los impuestos, en flexibilizar las barreras" con las que se encuentran las empresas, explicó Alejandra Donoso, directora de la Defensoría Ambiental. "Hay plena libertad de industria, establecida constitucionalmente" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), agregó.

Nuevo derrame de hidrocarburos esta jornada en la bahía de Quinteros, en las cercanías de la empresa Puerto Ventanas @MUZOSARE pic.twitter.com/PYH5dNixTs

— Defensoría Ambiental (@Defensoria_ONG) December 22, 2021

La Constitución vigente promueve la alianza empresarial entre lo público y lo privado para explotar bienes comunes no renovables y, en muchos casos, para sobreexplotar bienes comunes que siendo renovables, están en riesgo de dejar de serlo. La alianza es clasista y racista: la destrucción es impuesta por empresarios blancos a mestizos e indígenas, a pobres y obreros. Pese a que este tipo de explotación no es nueva —la producción y exportación hacia Europa del salitre en el siglo XIX ya lo evidenciaba—, durante la primera década del 2000 se vio potenciado por un crecimiento acelerado de las relaciones comerciales con China, acentuando las fórmulas coloniales de inserción históricamente dominantes. 

Pero pronto la Carta Magna de Chile podría dejar de promover ese tipo de explotación. Si a finales de 2022 se aprueba el texto propuesto por la Convención Constitucional —el órgano encargado de redactar una nueva Constitución luego del plebiscito realizado en octubre de 2020—, las zonas de sacrificio de Chile llegarían a su fin y se convertirían en "zonas de restauración ambiental". 

El presidente Gabriel Boric que, durante su campaña como candidato a la presidencia se había comprometido a terminar con las zonas de sacrificio, a mediados de junio de este año anunció el cierre de la fundición de la estatal Corporación Nacional del Cobre situada en Complejo Industrial Ventanas. En un comunicado, la empresa explicó que la decisión se tomó a causa de la "compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví-Quintero".