La Fiscalía de delitos de lesa humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, solicitó el viernes pasado la imputación de tres policías retirados por la detención clandestina y torturas a varios militantes del Partido Comunista y de la Unión de Juventudes Comunistas durante la dictadura cívico militar (1973-1985) en el centro de detención Los vagones.
La investigación se inició a finales del año 2016, cuando la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, supo que durante los años de acción ilegitima del Estado (1968-1973) y durante el golpe de Estado existió en la ciudad de Canelones un centro clandestino de secuestro y tortura, que se conoció en la ciudad como "Los Vagones".
La asociación Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria (AGORA) le llevó a Rubino una serie de testimonios de personas que habían sido detenidas y víctimas de "tratos crueles, inhumanos y degradantes" en ese lugar.
Rubino accedió a ese material y decidió denunciarlo ante la Fiscalía.
Perciballe comenzó citando a alguna de las víctimas, por lo menos doce personas, quienes coincidieron en que fueron detenidas ilegítimamente entre los años 1975 y 1976 y recluidas en Los Vagones, que estaba ubicado -en primera instancia- en el Parque Artigas.
En ese lugar permanecieron días y algunos detenidos meses enteros.
"Allí fueron sometidos a apremios físicos y tratos crueles e inhumanos que consistieron en cubrirles la cabeza con capuchas para impedirles la visión, colgamientos de brazos y plantones durante varias horas hasta perder la conciencia, golpizas en todo el cuerpo, el denominado "tacho", que consistía en sumergirle la cabeza en un tacho con agua, el "caballete", e incluso algún episodio de simulacro de ejecución", relató Perciballe.
Las torturas tenían el objetivo de que los detenidos confesaran su pertenencia a las organizaciones prohibidas por la dictadura, y que delataran a otros compañeros.
Tras la admisión de los hechos, las víctimas eran puestas a disposición de la Justicia Militar, que los derivaba a centros de reclusión, como el Penal de Punta Carretas y otros lugares legales.
Las víctimas pudieron identificar a algunos de los represores, que pertenecían a la Dirección de Investigaciones de Canelones: H.O.G.G, W.M.V.A y A.A.F.B.
En el auto de formalización, que colocamos más abajo, el fiscal detalla los testimonios de las víctimas, en el que relatan su detención, identifican a los represores y cuentan sus días en el centro clandestino.
Los imputados declararon que conocían la existencia de Los vagones, confirmaron que hacían procedimientos policiales y que el lugar les "quedó chico", pero negaron que haya habido "apremios físicos" a los detenidos.
La Fiscalía pidió 120 días de prisión preventiva para los acusados, mientras dura la investigación judicial, por la "gravedad ontológica" y la naturaleza de los delitos relatados.
Perciballe señaló que "no cabe duda alguna" de la existencia de los hechos y de la participación de los tres imputados en estos.
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