Por The New York Times | Ben Protess, Jonah E. Bromwich and William K. Rashbaum

NUEVA YORK — Desde que el expresidente predijo su arresto a principios de este mes, se anticipaba ampliamente una acusación contra Donald Trump; sin embargo, sigue siendo un misterio cuándo sucedería eso.

Dos personas con conocimiento de la agenda del gran jurado dijeron que, hasta el martes por la tarde, no se esperaba que el panel se reuniera el miércoles. Pero los procedimientos del gran jurado se mantienen en secreto y el calendario podría cambiar.

La fecha de cualquier votación para hacer una imputación depende de las peculiaridades del proceso del gran jurado en Manhattan, que incluye conflictos de agenda y otras interrupciones inesperadas.

El gran jurado especial que examina las pruebas de la investigación sobre Trump se reúne los lunes, miércoles y jueves. El panel no necesita reunirse todos esos días; solo se congrega cuando la oficina del fiscal del distrito convoca a los miembros del jurado.

Aunque, por lo general, el panel escucha pruebas no relacionadas con esa investigación los jueves. Ese día de la semana pasada, los fiscales que dirigen la investigación de Trump estaban frente al gran jurado.

El momento de una acusación también podría depender de la disponibilidad de los propios miembros del jurado. Dieciséis de los veintitrés miembros del gran jurado deben estar presentes para realizar cualquier gestión (y la mayoría debe votar a favor de la acusación para que el caso avance). Además, a fin de que los fiscales puedan solicitar una votación, los miembros del jurado que asistan ese día deben haber escuchado previamente el testimonio de todos los testigos clave.

Aun así, la posibilidad de una acusación ha suscitado una serie de preguntas sobre los alcances del posible caso que enfrenta Trump, quien se convertiría en el primer expresidente estadounidense en ser acusado.

Alvin L. Bragg, el fiscal del distrito, se centra en la implicación de Trump en el pago de dinero para silenciar a una estrella porno, Stormy Daniels, que dijo haber tenido una aventura con él. Michael D. Cohen, el solucionador de Trump en ese momento, realizó el pago durante los últimos días de la campaña presidencial de 2016.

Aunque los hechos son dramáticos, el caso contra Trump podría girar en torno a una teoría jurídica no probada. La condena dista mucho de ser segura.

A continuación, lo que sabemos y no sabemos de la investigación más larga sobre Trump:

¿Cómo comenzó todo?

En octubre de 2016, durante las últimas semanas de la campaña presidencial, Daniels estaba tratando de vender su historia de un amorío con Trump.

Al principio, los representantes de Daniels se pusieron en contacto con The National Enquirer para ofrecer los derechos exclusivos de su historia. David Pecker, editor del tabloide y viejo aliado de Trump, había aceptado estar atento a historias que pudieran perjudicarlo durante la campaña de 2016, y en un momento dado incluso accedió a comprar la historia de la aventura de otra mujer con Trump para no publicarla nunca, una práctica conocida como “atrapar y matar”.

Pero Pecker no compró la historia de Daniels. En cambio, él y el principal editor del tabloide, Dylan Howard, ayudaron a negociar un acuerdo independiente entre Cohen y el abogado de Daniels.

Cohen pagó 130.000 dólares, que Trump le reembolsó más tarde cuando ya era presidente.

En 2018, Cohen se declaró culpable de varios cargos, incluidos delitos federales de financiamiento de campaña relacionados con el soborno. El pago, concluyeron los fiscales federales, equivalía a una donación indebida a la campaña de Trump.

En los días posteriores a la declaración de culpabilidad de Cohen, la oficina del fiscal del distrito abrió su propia investigación criminal sobre el asunto. Aunque los fiscales federales se centraron en Cohen, la investigación del fiscal de distrito se centraría en Trump.

Entonces, ¿cuáles fueron los presuntos actos indebidos de Trump?

Cuando se declaró culpable ante el tribunal federal, Cohen señaló a su jefe. Dijo que había sido Trump quien le ordenó pagarle a Daniels, una contención de los fiscales corroboraron posteriormente.

Los fiscales también cuestionaron los cheques mensuales de reembolso de Trump a Cohen. Dijeron en documentos judiciales que la empresa de Trump “registró de manera falsa” los pagos mensuales como gastos jurídicos y que los registros de la empresa mencionaban un acuerdo de retención con Cohen. Aunque Cohen era abogado y se convirtió en el abogado personal de Trump después de que asumió el cargo, no hubo tal acuerdo de retención y el reembolso no estaba relacionado con ningún servicio legal de Cohen.

Cohen ha declarado que Trump sabía sobre el acuerdo de retención ficticio, una acusación que podría sentar las bases para el caso del expresidente.

En Nueva York, la falsificación de registros corporativos puede equipararse a un delito, aunque sea un delito menor. Para elevar el delito a delito grave, los fiscales de Bragg deben demostrar que la “intención de defraudar” de Trump incluía la intención de cometer u ocultar un segundo delito.

En este caso, ese segundo delito podría ser una violación de la ley electoral. Aunque comprar el silencio de alguien no es delito, los fiscales podrían argumentar que el pago de 130.000 dólares se convirtió en la práctica en una donación indebida a la campaña de Trump, bajo la teoría de que benefició a su candidatura porque silenció a Daniels.

¿Será un caso difícil de probar?

Incluso si Trump es acusado formalmente, condenarlo o enviarlo a prisión podría ser todo un desafío. Para empezar, los abogados de Trump sin duda atacarán la credibilidad de Cohen citando sus antecedentes penales (los fiscales podrían rebatir que el antiguo solucionador mintió hace años en nombre de su jefe de entonces y ahora está en la mejor posición para detallar la conducta de Trump).

El caso contra Trump también podría depender de una teoría jurídica no probada.

Según expertos legales, los fiscales de Nueva York nunca antes habían combinado el cargo de falsificación de registros corporativos con una violación de la ley electoral estatal en un caso relacionado con unas elecciones presidenciales o con cualquier campaña federal. Al tratarse de un asunto en el que no hay jurisprudencia, es posible que un juez lo desestime o reduzca la acusación de delito grave a un delito menor.

Incluso si se mantiene la acusación, se trata de un delito menor. Si Trump fuera encontrado culpable, se enfrentaría a una pena máxima de cuatro años, aunque la prisión no sería obligatoria. ¿Trump será acusado formalmente?

Todavía existe una posibilidad leve de que Trump no enfrente cargos. Los abogados de Trump se han reunido en privado con los fiscales con la esperanza de evitar una acusación.

Una vez que hayan comparecido a declarar todos los testigos del gran jurado, los fiscales tendrán que presentar los cargos y explicar la ley a los miembros del gran jurado, que votarán si se le imputa o no. No se sabe cuánto durará este proceso, ya que los delitos aún se desconocen. Aunque no es una conclusión inevitable que el gran jurado acuse a Trump, estos paneles suelen votar a favor de presentar los cargos que buscan los fiscales.

Hasta entonces, Bragg podría decidir poner freno. Sin embargo, por ahora, eso parece muy poco probable.