Lo que no se declara: las formas en que parte del financiamiento pasa por debajo del radar

Todos los candidatos de los partidos políticos están obligados por ley a declarar sus ingresos por concepto de financiación de campañas electorales. Parte de este porcentaje se hace desde el anonimato y el resto con nombres de empresas o personas. 

Pero eso es lo que aparece en la Corte Electoral. Hay otra parte del financiamiento de los candidatos que pasa por debajo de los escasos radares de contralor que tiene el organismo. 

El ejemplo claro que grafica lo anterior es la entrega de listas en las calles. En el caso de algunos sectores del Partido Nacional, hay colaboradores que cobran una suma de dinero por estar en las esquinas entregando los papeles. 

Bajo el supuesto de que se les pague $ 1.000 por día y solo en Montevideo sean 30 personas encargadas que desempeñaran la tarea por un mes, el cálculo da que más de $ 1 millón se gasta en estas actividades. 

Una fuente blanca contó que en la campaña pasada solía llegar desde el interior y parar en algunas localidades para pedir cambio en almacenes y comercios, dado que se paga en efectivo y por fuera de las leyes laborales. Esto no está contemplado como donaciones o financiamiento propiamente dicho, pero forma parte del combo económico que algunos políticos dicen necesitar para llegar a un cargo electivo. 

Otro mecanismo que pasa desapercibido es el gasto que algunas agrupaciones hacen en combustible para trasladar a los votantes desde sus casas hasta las mesas electorales. En el caso de los nacionalistas, muchas veces es en vehículos de dirigentes, aunque también les pagan a terceros para que utilicen sus autos. 

¿De dónde puede surgir este dinero? No hay una respuesta que sea del todo certera. En algunos casos, seguramente la mayoría, es del bolsillo de dirigentes y militantes más cercanos al candidato o al líder de la agrupación que lo apoya. 

Un actual senador del Partido Nacional contó que, “sacando las cuentas a vuelo de pájaro”, en la última elección gastó cerca de medio millón de dólares con la salvedad de que no fue en una o dos veces, sino a cuentagotas. 

Las campañas caras y los pocos controles

Por fuera del combo de lo que se ve y lo que no se ve para financiar la carrera electoral de una persona, en Uruguay se considera que un gasto “justo pero elevado” para ser presidente podría rondar entre US$ 4 y US$ 5 millones. Esto fue lo que gastó, aproximadamente, Luis Lacalle Pou en 2019 para asumir el 1° de marzo. 

Dentro del Partido Nacional hay varios que sostienen que el senador Juan Sartori fue uno de los que más dinero gastó cuando se candidateó para liderar la interna blanca, objetivo que no consiguió, aunque sí llegó a ocupar una banca en el Senado. 

De acuerdo con la información oficial, la campaña de Sartori salió $ 142.509.353 (US$ 3.816.942), exactamente la cifra que el político justificó haber recibido. Su apuesta fue agresiva a nivel de propaganda en medios de comunicación y vía pública. También contrató un equipo con más de 20 personas que trabajaban todos los días desde el búnker del empresario en Ciudad Vieja. 

El senador ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica, entre otras razones, por su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En un comienzo presentó el documento incompleto y ahora lo único que aparece en la sección ingresos es el salario de legislador. 

Pero el meollo del asunto es que no quiso presentar los bienes de su esposa, la rusa Yekaterina Rybolóvleva. Si bien casi todos sus pares que están casados documentaron el patrimonio de sus parejas, Sartori argumentó e insistió en varias ocasiones que esto es una obligación incumplible e insancionable, y que no afecta su condición de senador. 

Otros legisladores del Partido Nacional cuestionan los pocos controles que hay sobre este tema. “Vos imaginate que si él es precandidato, gana y luego obtiene la Presidencia, va a ser un presidente sin declaración jurada. No es justo que exista esa impunidad”, añadió una de las fuentes.