El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, destacó que la reglamentación de la ley para que el Estado pueda trasladar a personas en situación de calle a refugios o lugares asistenciales sin su consentimiento, responde a un momento en que Uruguay "se va encontrar con un invierno muy duro".

"No solamente por el frío, sino también porque hay consecuencias sociales que en este momento no podemos medir su magnitud. Esta situación de dificultad hace que tengamos que recurrir a todas las herramientas a nuestro alcance, para dar la mejor atención que se encuentre en nuestras manos", manifestó el jerarca este jueves en conferencia de prensa.

Lema subrayó que la ley "mandata" a asistir a aquellas personas que al vivir en la intemperie, pueda tener riesgo de muerte o enfermedades severas.

"Hay dos opciones claras. Ignorar la ley, o cumplirla, reglamentarla y disponer un protocolo. La ley debe tener un orden para darle garantías a las personas", enfatizó, en justificación a la reglamentación de la ley. 

El protocolo contempla en este sentido la actuación del Mides, el Ministerio del Interior, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Salud Pública.

La ley sostiene en su artículo único: "Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad".

Lema explicó que cuando un funcionario del Mides se encuentra con una persona que "en su apariencia puede llegar a tener riesgo de muerte o de enfermedades severas", se deberá solicitar auxilio a ASSE.

"El primer paso es recurrir a que la persona en situación de intemperie voluntariamente se deje asistir. Pero también pasa que una gran cantidad de personas que se encuentran en esos contextos tienen problemas de adicciones, de salud mental o de convivencia. Han sido duramente golpeados por su vivencia. El Estado tiene que dar cobertura, aunque la persona afectada por factores externos -por adicciones- se oponga a la atención médica", justificó Lema.

Agregó que el rol a cumplir por parte del Ministerio del Interior, para los casos en que las personas se nieguen al traslado, será el de derivarlo a un refugio o centro asistencial.

"Sabemos que vamos a encontrar situaciones de mucha adversidad. Lo que estamos haciendo es incorporar herramientas para disminuir los riesgos de tener que lamentar hechos que no queremos que ocurran", dijo el ministro.