El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se refirió este viernes a la suspensión de 11.500 asignaciones familiares por no concurrir a centros educativos, y en particular a la reacción de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que solicitó reunirse con los presidentes del Codicen de ANEP, Robert Silva, y del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera.

Durante una conferencia que dio en el marco de una recorrida en Cerro Largo, Lema fue consultado sobre este asunto y descartó que haya “polémica” al respecto: “Es una decisión tomada y no hay marcha atrás; estamos convencidos”.

Luego agregó: “Dos cosas dijimos. Lo primero: se va a exigir la contraprestación; el mensaje tiene que ser claro, no solamente a los por los 11.000 casos que estamos hablando, sino por los 369.000 que sí cumplen y por eso mantienen el derecho a la asignación familiar Plan de Equidad. ¿Cuál es la señal y el mensaje? El mensaje que damos, si hacemos la vista gorda, es hipotecar el futuro de esos menores”, y advirtió que él no está “dispuesto” a ir por ese camino.

“Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión, que dar una señal de que es lo mismo que vayan a los centros educativos a que no vayan. Claramente no es lo mismo, porque las consecuencias están a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó Lema.

A su vez, el ministro señaló que cuando se hizo el anuncio de estas suspensiones ya se informó que se tendría un “rol proactivo”, en referencia a que el BPS “está trabajando en las notificaciones por diferentes vías para buscar que cuanto antes se regularicen” las situaciones, y mencionó también que desde el Mides están implementando “un sistema de alertas” para tomar contacto con las familias.

“O sea que estamos tomando una medida necesaria, al tiempo que estamos asumiendo un rol proactivo para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión. Pero es una decisión tomada y no vamos a dar marcha atrás”, concluyó Lema.