Lema: “Algunas ollas asistidas por el Estado funcionaban en comités político partidarios”

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que en octubre de este año suspendió a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) como intermediaria para entregar alimentos a ollas populares, presentó los datos de la investigación administrativa que realizó a la organización. De este modo, el ministro Martín Lema, quien reveló los resultados recabados, aseguró que “algunas ollas, asistidas por el Estado, funcionaban en comités de base político partidarios”.

Asimismo, Lema sostuvo que la CPS retiró alimentos en el centro de acopio de Uruguay Adelante que “no fueron entregados a varias ollas y/o merenderos declarados”. También señaló que la investigación reveló que, “pese a que no funcionaban, algunas ollas recibían insumos e incluso, según testimonios, los vendían”. Según el ministro, de la cantidad de ollas y merenderos a los que la CPS hacía referencia públicamente, “al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron”.

En esta línea, el jerarca apuntó que la CPS “inflaba los números de las iniciativas”, “la cantidad de días de atención de cada olla” y “la cantidad de porciones servidas”. Además, aseguró que la distribución de alimentos por parte de la organización “no era transparente”, ya que “no mostraba los remitos con el detalle de los insumos y, en general, las ollas y/o merenderos coordinados por la red recibían menos insumos de los que tenían asignados”.

Los datos recabados por la investigación sugieren que, según testimonios, “algunos referentes de las ollas debían asistir a reuniones del plenario de su red bajo la presión de no recibir los insumos para sus ollas”. En estos espacios, “los contenidos eran netamente políticos y ajenos a temas referentes a la organización de las ollas”, advirtió Lema.

Por último, el ministro reveló que existen denuncias de “apropiación indebida” por parte de integrantes de la red y de referentes de ollas, que fueron realizadas por exintegrantes de la CPS. “Las conclusiones fueron formuladas en el marco de la prueba diligenciada, por lo que constituyen una muestra representativa de la situación actual objeto de la investigación, no descartando la existencia de hechos irregulares adicionales a los aquí constatados”, explicó Lema.

Tras los resultados de la información recabada, el Mides resolvió mantener la postura de suministrar los alimentos a las ollas populares a través de las Fuerzas Armadas y remitir a Fiscalía “todas las actuaciones”. Además, entregará los datos a las comisiones de Población de Desarrollo del Parlamento, porque “corresponde dar cuenta a los representantes de todos los partidos políticos”, dijo Lema, y aseveró que la actuación de la CPS “es una operación política que tiene consecuencias”.

Testimonios recabados por el Mides

A) “A todas las ollas nos pasó que cuando se empezaron a pedir datos, la gente de la red ponía más platos de los que en realidad se servían. Yo una vez llegué a los 189, 200 y ellos ponían 230, 240. Inflaban los números. Pero tampoco es que ponían más platos y te daban más cosas. No…”.

B) “La olla… no abrió en diciembre. Y en enero y febrero abrí yo, pero yo no recibí insumos de la red. Pese a ello, sé que CPS igual retiraba a nombre de esta olla, aunque no traían nada para acá. Yo el 28/01/22 hablé con Pedro de la CPS y le planteé la situación, le dije que no se estaban recibiendo las cosas. Él me contestó que la olla pertenecía a la Red Solidaridad Carbonera y que la CPS no podía hacer nada porque cada red tiene autonomía. Me enteré con fecha 3/02/22 que la olla fue retirada, “liberada” de la Red Solidaridad Carbonera. Frente a eso pedí que la olla se dé de baja en la CPS, así podía recibir directamente de Uruguay Adelante… Fijate que ellos retiraban insumos para acá todos los viernes, pero acá no llegaba nada”.

C) “Me fui de la red porque era todo política. Se hablaba de cualquier cosa menos de la olla. Se hablaba de movilizaciones y demás, pero nada de la gente. Querían venir a la olla a ponerme una bandera política y no los dejé. Yo al irme de la red estaba desesperada. Me querían hacer cómplice de cosas que ‘nada que ver’. Te hacían ir a las reuniones… Se usó las ollas como forma popular de ganarse gente. Yo me fui de la red por todo eso”.

D) “Fuimos echados de la red por diferentes motivos, especialmente persecución política. Empezó en mayo 2021 cuando se votó que se pusieran mesas de votación en las ollas. Nosotros nos opusimos y no lo hicimos, pero los demás sí lo hicieron… Nosotros funcionábamos diferente. Ellos no entendían que no asistiéramos a las reuniones porque no teníamos tiempo, la prioridad siempre fue la gente. Hubo persecución política, violencia de género hacia todas las compañeras… Todos los que pertenecíamos a la CPS teníamos que hacer lo que votara la mayoría y nosotros nos sentíamos incluidos aunque no queríamos. Por ejemplo, después de repartir las canastas, como hacíamos con pollo, huevos y otras cosas, no podía afirmar que había hambre como ellos decían”.

E) “Nos desafectaron porque le dimos captura de que estaban robando los insumos, los que integraban la red. Hicimos la denuncia policial, que está en la Seccional… Un día entro al acopio y veo que, a nosotros, como merendero, nos correspondía una bolsa de 25 kg de leche pero daban menos… Ese día me quisieron dar una bolsa de 4.5 kg y empezaban a desaparecer las cosas. Te daban menos de lo que decía el remito (que a mí nunca me entregaban). Yo levantaba lo que me daban, pero me estaban ‘jopeando’ un montón de cosas. Entonces, ese día a la gente de ahí les reclamé… A raíz de ahí, en un plenario nos echaron y no les importó no tener insumos para darle alimentos a los niños…”.

F) “[…] Es un delito quedarse con cosas que no son de uno. También se quedaban con insumos que no eran de ellos. Se recibían las cosas en el acopio, en el Comunal y veías que se separaban cosas…”.

Durante la investigación se trabajó con actas de constatación elaboradas por funcionarios públicos de la Oficinas Territoriales de Montevideo y de la instructora de la investigación, indicó el Mides. Asimismo, se agregó prueba documental (copia de remitos de Uruguay Adelante, ABC, copia de mensajes de WhatsApp y documentación proporcionada por testigos y por la directora Departamental de Montevideo, entre otros), y se tomaron 53 declaraciones.

“La instructora procedió a convocar a representantes de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) quienes se negaron a prestar declaración”, comunicó la cartera.