El comodato del local ubicado en General Flores 2419 donde funciona la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) no fue renovado y las organizaciones que allí funcionan tienen alrededor de un mes para buscar otro sitio. Los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) también trabajan en el edificio.

Sobre el tema aparecen versiones encontradas entre Asfavide y la cartera de seguridad, porque la organización asegura que este jueves el ministerio se comunicó para anunciar que tendrán que desalojar. Sin embargo, fuentes de la secretaría de Estado explicaron a Montevideo Portal que el contrato de comodato por el local es entre Asfavide y el Banco de Previsión Social (BPS), por lo que la negociación debe ser entre esas dos partes. 

Desde el BPS, por su parte, aseguraron a Montevideo Portal que es un tema que no está en su agenda. El contrato de comodato fue firmado por el banco en 2014 con el Ministerio del Interior y se venció en 2019, pero el edificio no es de interés para la institución de previsión social, más allá de que cumple con su parte en el comodato. 

Por otro lado, el ministerio sí tiene vigente un convenio entre Udelar y Asfavide. La cartera comunicó a ambas instituciones que las perspectivas son de ampliar dicho contrato y buscar que los servicios de los abogados del consultorio lleguen también al interior del país. 

Hasta hace un tiempo, en el mismo sitio funcionaba el Centro de Atención a la Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid), que pertenece al Ministerio del Interior. La fuente explicó que cuando la organización se movió a otra sede, la responsabilidad de conseguir un sitio para estar pasó a Asfavide. 

El ex fiscal de Corte Jorge Díaz reaccionó a la noticia y consideró que es “muy difícil no interpretar que se trata de una represalia por la actuación del consultorio”. “¿De qué lado de la mecha está el poder? ¿Del lado de las víctimas o de los victimarios?”, preguntó Díaz. 

Los abogados del consultorio de la Udelar defienden a varias víctimas del caso de explotación sexual en contra del exsenador Gustavo Penadés y del ex docente de Historia Sebastián Mauvezín.