El 19 abril de 2016, los entonces senadores del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, el colorado Pedro Bordaberry y el del Partido Independiente Pablo Mieres, entre otros legisladores, promovieron denuncias penales para que se investiguen presuntos hechos delictivos cometidos en Ancap entre 2010 y 2015.

Las denuncias referían a múltiples aspectos de la gestión de Ancap y, tras la indagatoria, la Fiscalía Penal Especializada de Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de Luis Pacheco, solicitó el enjuiciamiento Raúl Sendic, presidente del ente entre 2010 y 2013, y de otros directores y funcionarios, aunque la Justicia solo dispuso el procesamiento del ex vicepresidente de la república, en el año 2018.

Este jueves, según informó el semanario Búsqueda y confirmó Montevideo Portal, la Justicia condenó a Sendic como autor de un delito de abuso de funciones especialmente agravado y reiterados delitos de peculado especialmente agravados. La pena es de 18 meses de prisión, aunque no tendrá que ir a la cárcel, y tendrá cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables (669.500 pesos).

No obstante, se le concedió la suspensión condicional de la pena debido a que es primario, "lo que hace prever que no habrá de incurrir en una nueva conducta delictiva", según la jueza María Helena Mainard. Esto quiere decir que, si Sendic no comete un delito en el próximo año, se le retirará la condena.

El delito de abuso de funciones lo cometió cuando, con el objetivo de Ancap de logar la cancelación anticipada de una deuda con la empresa venezolana PDVESA, excedió los poderes que le confería su cargo y autorizó verbalmente la intervención de otra empresa, Exor, para que interviniera en el proceso.

Más adelante, Sendic firmó un acuerdo en el cual reconocía la intervención de esta empresa, pero lo hizo sin seguir los procedimientos legales, "ocasionando un perjuicio económico al ente cuando Exor fue excluida de la negociación por decisión de PDVESA, sin recibir pago por el trabajo realizado", momento en el que comenzó un reclamo para que Ancap le pagara la indemnización. En este sentido, el fiscal Pacheco interpretó que "la actuación arbitraria e irregular del imputado generó consecuencias perjudiciales para el ente".

De hecho, la Fiscalía señaló que Sendic "realizó actos arbitrarios en perjuicio de la administración consistentes en que la relación entre Exor y Ancap" fue exclusivamente entre él y el representante de Exor, "sin que conste firma de algún documento, acuerdo o contrato en el que se estableciera concretamente las condiciones de la intervención" de dicha empresa para gestionar la cancelación de la deuda.

"En efecto, todas las gestiones y reuniones celebradas a los efectos de la cancelación anticipada de la deuda que mantenía Ancap con PDVESA, así como la participación de Exor, fue realizada por el imputado sin dar noticia al Directorio ni consultar a Servicios Jurídicos", explicó la jueza en su sentencia, a la que accedió Montevideo Portal.

La investigación reveló que en marzo de 2012, un día antes de la firma del primer convenio, Sendic consultó por teléfono al gerente de Servicios Jurídicos de Ancap. En definitiva, Servicios Jurídicos no tuvo conocimiento de las intermediaciones o de las gestiones de Exor hasta la firma del acuerdo, cuando se dio noticia al Directorio para que ratificara lo actuado.

En aquella instancia, Sendic mantuvo la confidencialidad del acuerdo incluso con el Directorio, Servicios Jurídicos y el gerente de Ancap. Estos, según la jueza, "debieron ser consultados con antelación suficiente a la firma del primer convenio celebrado" para que lo analizaran como correspondía.

Según Mainard, Sendic "excedió los poderes de su cargo en tanto autorizó en forma verbal la intervención de Exor para logar la cancelación anticipada de la deuda y firmó un acuerdo en el cual reconocía la intervención de esta, sin seguir los procedimientos legales ocasionando un perjuicio económico al ente cuando Exor fue excluida de la negociación".

Calzado

Por otro lado, Sendic incurrió en reiterados delitos de peculado al utilizar a su favor las tarjetas corporativas de la empresa estatal. La jueza, "considerando la naturaleza de las compras" y "la cantidad", señaló que "existe plena prueba en cuanto a que las compras efectuadas con las tarjetas corporativas no corresponden al ejercicio de la función como presidente del Directorio".

En definitiva, la jueza entendió que los gastos con las tarjetas fueron personales y, por tanto, utilizó "en forma indebida el dinero del ente". "El imputado utilizó las tarjetas corporativas como propias, apropiándose del dinero estatal, en razón de su cargo, obteniendo en definitiva un beneficio económico", argumentó la jueza.

Concretamente, el 24 de junio de 2011, cuando Sendic era presidente de Ancap,  se aprobó un reglamento denominado "Procedimiento para el uso y administración de tarjetas corporativas de Directorio", en el que se estableció que cada director tenía asignada una tarjeta y que su uso era para "pagos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo".

Aquel reglamento indicaba que cada director era responsable de los gastos en los que incurriera y que mensualmente, en un plazo no mayor a dos días hábiles posteriores al cierre de la tarjeta, debían remitir una copia del estado de cuenta y los comprobantes de los gastos.

No obstante, la investigación reveló que Sendic usó indebidamente las tarjetas, ya que incurrió en múltiples gastos que no fueron debidamente justificados. La jueza indicó que Sendic "no aclaró las compras realizadas" ni ante la Justicia ni ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), "ni presentó las facturas correspondientes a los gastos ni los comprobantes de reembolso en el caso de gastos personales".

"De lo estados de cuenta agregados a la causa, resulta que el imputado Sendic usó la tarjeta en más de 300 oportunidades en el país y en el exterior. El listado de gastos incluye hoteles, restaurantes y combustible, compras realizadas en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería, librerías, entre otros", explicó la jueza, quien agregó que el monto aproximado de los gastos asciende 550.000 pesos y 38.000 dólares. El único reembolso efectuado durante su ejercicio como presidente de Ancap fue de 130 dólares, según indica un informe de la Jutep.