Por The New York Times | André Spigariol and Jack Nicas

Este mes, en la primera ronda de las elecciones de Brasil, unas que han sido observadas con detenimiento, las encuestas mostraron un pronóstico errado, ya que subestimaron sobremanera el apoyo con el que cuenta el presidente en funciones de extrema derecha, Jair Bolsonaro, y otros candidatos conservadores de todo el país.

Muchos miembros de la derecha se pusieron furiosos y criticaron las encuestas por estar desconectadas del electorado brasileño.

Esa reacción no fue ninguna sorpresa. Lo que pasó después, sí lo fue.

A instancias de Bolsonaro, algunos de los líderes de Brasil ahora buscan tipificar como delito las predicciones incorrectas de una elección.

La Cámara de Diputados de Brasil ha expeditado un proyecto de ley que penalizaría la publicación de una encuesta que luego se compruebe que estuvo fuera de su margen de error. Se prevé que la Cámara Baja, controlada por aliados de Bolsonaro, vote para aprobar la medida en los próximos días.

El contenido y destino finales de la propuesta de ley aún no están claros. Los líderes de la Cámara han insinuado que quizá ablanden la legislación, y las posibilidades de que se apruebe en el Senado, donde los oponentes a Bolsonaro son mayoría, parecen mucho menos certeras.

Aun así, independientemente de dónde acabe la medida, esta propuesta y otras iniciativas para investigar a las encuestadoras por sus recientes errores de cálculo son parte de una narrativa más amplia sin evidencia promovida por Bolsonaro y sus aliados, según la cual la clase política y la izquierda de Brasil están tratando de amañar las elecciones en su contra.

Mientras Brasil se prepara para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de octubre, las encuestas siguen mostrando que Bolsonaro está rezagado detrás de su rival de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la contienda luce cada vez más cerrada.

Por su parte, Bolsonaro ha optado por tildar a las empresas encuestadoras de “mentirosas” y denunciar que sus errores cambiaron hasta tres millones de votos a favor de Da Silva en la primera ronda electoral, y ha abogado para que las firmas enfrenten consecuencias. “No es por haberse equivocado, ¿OK? Una cosa es cometer un error”, puntualizó. “Es por los delitos que cometieron”.

Bolsonaro no ha aclarado qué delitos considera que se cometieron.

La Asociación Brasileña de Empresas Encuestadoras declaró en un comunicado que estaba “ofendida” por los intentos de criminalizar las encuestas que arrojan pronósticos equivocados.

“Iniciar este tipo de investigación durante el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, cuando las encuestadoras están realizando su trabajo, demuestra otro intento flagrante de obstruir la investigación científica”, aseveró el grupo.

Las firmas encuestadoras agregaron que su trabajo no era predecir elecciones, sino brindar un panorama general de las intenciones de los electores al momento en que se realiza una encuesta.

El proyecto de ley en el Congreso no es el único recurso que se ha entablado contra las encuestadoras. A petición de la campaña de Bolsonaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil le ordenó a la policía federal que abriera una investigación a las encuestadoras por los sondeos que realizaron antes de la primera ronda electoral. Además, la agencia federal antimonopolio de Brasil inició sus propias pesquisas sobre las principales instituciones encuestadoras de la nación por posible colusión.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal y director del tribunal electoral del país, no tardó en ordenar la suspensión de ambas investigaciones, tras señalar que carecían de jurisdicción y parecían cumplir las órdenes políticas del presidente. A su vez, Moraes le ordenó al tribunal electoral de Brasil investigar si Bolsonaro estaba tratando de usar de manera indebida el poder que tiene sobre las agencias federales.

En este último año, Moraes se ha posicionado como el principal contrapeso al poder de Bolsonaro, lo cual le ha valido algunas críticas por medidas que, según expertos en derecho y gobernanza, representan un giro represivo para el máximo tribunal de Brasil.

Entre otras decisiones, Moraes encarceló a cinco personas sin juicio previo por hacer publicaciones en redes sociales que él consideró ataques contra las instituciones brasileñas. El jueves, los funcionarios electorales ampliaron aún más su poder al otorgarle la autoridad unilateral de suspender las plataformas de redes sociales en Brasil que no obedecieran de inmediato sus órdenes de eliminar la desinformación.

Moraes y el Senado del país parecen estar listos para proteger a las encuestadoras de las medidas en contra de sus sondeos.

Sin embargo, las acusaciones reiteradas de que las encuestadoras son corruptas podrían socavar aún más su capacidad para brindar la mejor estimación posible de la opinión pública. Algunos de los asesores principales de Bolsonaro han motivado a sus partidarios a ignorar a los encuestadores con el fin de sabotear sus resultados.

“¡¡¡No le respondan a ninguno de ellos hasta el final de la elección!!! Así será seguro desde el principio que cualesquiera de sus resultados son fraudulentos”, escribió en Twitter Ciro Nogueira, el jefe de gabinete de Bolsonaro. “¿Fue un delito su absurdo error? Solo una investigación profunda lo dirá”.

Las firmas encuestadoras más importantes habían pronosticado que Bolsonaro recibiría alrededor de un 36 por ciento del voto en la primera ronda electoral. Recibió un 43,2 por ciento, una brecha de siete puntos porcentuales fuera del margen de error de prácticamente todas las encuestadoras.

Sus pronósticos fueron aún peores en muchas contiendas por cargos de menor relieve. En Río de Janeiro, las encuestas mostraron que el candidato conservador a gobernador llevaba una ventaja de unos nueve puntos porcentuales. En cambio, ganó por 31 puntos.

En Sao Paulo, algunas encuestas mostraron que un candidato de izquierda que aspira a llegar al Senado llevaba una delantera de 14 puntos porcentuales frente a su oponente antes de la primera ronda de elecciones. En cambio, un candidato de derecha ganó por casi el mismo margen, una diferencia de 28 puntos porcentuales de lo que predijeron las encuestas previas a la elección.

Las empresas encuestadoras han atribuido sus pronósticos fallidos a una variedad de factores, entre ellos los datos obsoletos del censo, los cuales minaron su capacidad de encuestar a una muestra estadísticamente representativa de electores. Esas firmas mencionaron que sus encuestas también fueron deficientes porque una ola de votantes más grande de lo esperado cambió su voto de otros candidatos a Bolsonaro en el último minuto.

Algunas encuestadoras también comentaron que creían que muchos electores conservadores no estuvieron dispuestos a responder sus encuestas.

La proporción de votantes de mayor edad excedió por mucho sus expectativas, tal vez debido a un anuncio que hizo el gobierno este año de que votar era una nueva manera de dar fe de vida y mantener activas sus beneficios de jubilación. Las encuestas en la víspera de las elecciones mostraron que los electores mayores apoyaban a Bolsonaro más que a Da Silva. Un centro de votación para la primera ronda electoral de Brasil, en Sao Paulo, el 2 de octubre de 2022. (Victor Moriyama/The New York Times) El candidato presidencial Luiz Inacio Lula da Silva, al centro, celebra los resultados de la votación que hicieron necesaria una segunda vuelta de elecciones contra el actual presidente, Jair Bolsonaro, en un mitin nocturno en Sao Paulo, el 2 de octubre de 2022. (Victor Moriyama/The New York Times)