Las críticas del FA a la Rendición de Cuentas y “al país que pinta” la ministra Arbeleche

Un informe elaborado por asesores del Frente Amplio (FA), que es analizado por la bancada de Diputados y por el presidente de la fuerza política Fernando Pereira, hace un análisis de la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento y señala que el gobierno “anuncia un incremento del gasto que no es tal”.

En el documento el FA afirma que “hay una enorme distancia entre el país que pinta la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) en su conferencia de prensa y lo que siente la gente”. “El gobierno, con un discurso autocomplaciente, se vanagloria haciendo alarde de un conjunto de indicadores relacionados al crecimiento económico, como si estos fueran sinónimos -por sí mismos de mejoras en el bienestar de la población”, aseveran.

El texto hace un preámbulo con respecto a distintas encuestas de opinión, una de Factum (junio de 2022, publicada en VTV Noticias) con respecto a “la percepción de los uruguayos de la situación actual” donde “51% de la población opina que la situación actual del país es ´mala´ o ´muy mala´”. El otro reporte (de la Usina de Percepción Ciudadana, publicada en La Diaria) sostiene que “55% cree que hay carestía en Uruguay”.

En el informe, el FA señala que “el Poder Ejecutivo anuncia un aumento de gastos. Se lo exige el malestar de la población, y la presión de sus socios”. “Este incremento del gasto no es tal, en tanto la nueva asignación de recursos ya la pagó la ciudadanía con los aumentos de impuestos, reducción de salarios y pasividades y aumento de tarifas que ya tuvimos, y con el achique del gasto en algunas prestaciones sociales que trajo, entre otras cosas, el cambio de criterio utilizado para ajustar la BPC”, añade el documento, al que accedió Montevideo Portal.

Con respecto a las asignaciones, la oposición recuerda que “se destinan 30 millones de dólares a ANEP en 2023, para la transformación educativa planteada en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024”, pero “ANEP había solicitado 49 millones”, además, “no hay recursos adicionales previstos para la Universidad de la República”.

“UdelaR ha estimado que su presupuesto real caerá 7,6% al final del período si no tiene partidas incrementales. La universidad había pedido recursos para atender el incremento de matrícula estudiantil, el desarrollo en el interior, el Hospital de Clínicas y la construcción de nuevas sedes, además del financiamiento de más becas para estudiantes de grado y posgrado”, agrega la fuerza política.

Por otro lado, el FA advierte que, si bien “se crean tres nuevas fiscalías departamentales especializadas en violencia de género, no se crean Juzgados en la materia, solicitados por el Poder Judicial”.

Recortes

Con relación a ASSE, el FA advierte que hay una “ejecución de 16 millones de dólares menos en 2021 respecto al 2020, y acumulado de 74 millones respecto a 2019”.  “En 2021 la ejecución en medicamentos cayó un 31% respecto a 2020. En estos datos no está el Fondo COVID, pero no debería usarse para gastos permanentes”, añade el texto.

Por otro lado, en ANEP sostienen que “la ejecución 2021 es 20 millones de dólares menor a la de 2020, y el acumulado de menor ejecución en 2020 y 2021 es de 137 millones de dólares”. En ese sentido, expresan que “el artículo 345 asigna 1.260 millones de pesos (29 millones de dólares) para 2023 y 1.680 millones de pesos (39 millones de dólares) para 2024, por lo cual se está lejos de revertir el recorte acumulado de 137 millones mencionado”.

En INAU expresan que “no hay incremento presupuestal” y hay “devolución a Rentas Generales de $755.218.138 sumado a los 766.218,138 de 2020 representa 37,5 millones de dólares”. “El argumento para la devolución en 2020 fue que los fondos se le entregaron en octubre, ya sin tiempo para ejecutarlos. La menor ejecución de recursos, con 2019 como base, acumula 40 millones de dólares”, aseguran.

Otros temas

Otras preocupaciones de la oposición tienen que ver con la derogación de la Ley de Medios, aprobada en 2014 durante la presidencia de José Mujica, donde “se reestablecen normas de la dictadura”. “Se incluyen aspectos declarados inconstitucionales (la posibilidad de que el Poder Ejecutivo determine la obligatoriedad de transmitir gratuitamente por televisión abierta otros eventos, además de los ya previstos relativos a instancias definitorias de las selecciones de fútbol y básquetbol en torneos internacionales)”, sostienen.

También expresaron reparos porque: “se militariza a la Guardia Republicana, que pasa a ser considerada una ´fuerza intermedia´ (esto significa que tiene competencias de seguridad interna, como tiene la Policía, y de defensa nacional, es decir, competencia militar); se modifica la institucionalidad relacionada con el transporte ferroviario; se crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud; se crea una Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA) y se elimina el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU); se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Minería una Dirección Nacional de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear; y hay modificaciones en el Código General del Proceso y en el Código del Proceso Penal”.

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