La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado este jueves ante “diversas versiones de prensa” con respecto al caso de presunta explotación sexual y trata de personas en Pueblo Centenario, donde, según informó el Ministerio Público, fueron retiradas unas 17 mujeres de una whiskería local llamada City Night.

El dueño de la whiskería fue imputado el pasado viernes por la fiscal Alicia Ghione como presunto autor de “reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual con un delito de armas y municiones”. Se le dictaminó prisión preventiva por 120 días.

Sin embargo, el abogado defensor del imputado, Nicolás Ghizzo, aseguró a Montevideo Portal que las mujeres manifestaron “apoyo incondicional” a su defendido y pretenden ser convocadas “urgentemente” para declarar con el objetivo de que “esto se aclare”.

“Ahora la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía las está llamando y convocando una por una a declarar y manifestar unánimemente lo mismo que estoy diciendo. Es lo mismo que le dijeron las primeras nueve a la policía cuando allanaron el lugar, que fue el único relevamiento, porque cuando fueron al lugar estaban ellas”, comentó.

Ante esta y otras versiones de prensa, la Fiscalía informó que, en el marco de las competencias atribuidas por el Código del Proceso Penal vigente desde noviembre de 2017, la institución tiene la obligación de “atender y proteger a las víctimas” y que, en el caso de los delitos sexuales, las personas requieren de una “particular atención” por las vulnerabilidades asociadas a esos casos.

En este sentido, comunicaron que el Ministerio Público preside el Gabinete Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos e integra el Consejo Nacional de Combate a la Trata de Personas. Allí, se articulan esfuerzos para “otorgar a las víctimas diversas prestaciones de los organismos” que están vinculados con estás temáticas, en función de las necesidades del caso concreto.

“Los equipos fiscales tienen la obligación de investigar los delitos. En ningún momento se cuestiona el trabajo sexual, lo que representa una actividad lícita en Uruguay siguiendo determinados parámetros”, señala el texto, y agrega que, sin embargo, sí se persigue la explotación sexual de las personas por el daño grave que eso ocasiona para la sociedad en su conjunto, particularmente para las víctimas.