En Colonia del Sacaramento, y junto a los principales dirigentes del Frente Amplio (FA), entre ellos el candidato a presidente Yamandú Orsi y la candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, la coalición de izquierda presentó oficialmente sus principales ejes políticos ante la posibilidad de llegar a volver a gobernar el país a partir de marzo de 2025.
Además de los discursos de los dos integrantes de la fórmula presidencial en la Plaza de Toros, el FA también presentó un documento con los principales lineamientos y sus líneas programáticas de cara al futuro.
En esta línea, se critica que “el país se encuentra a la deriva, sin un horizonte claro de esperanza y no es suficiente con conocer el diagnóstico de la situación; se requiere actuar para resolver los problemas que afectan a la sociedad”.
Entre las 48 propuestas específicas que se presentaron, el FA estableció como prioridades tres temas a atender: estabilidad y crecimiento económico, cuidado y protección social y mejora de la seguridad (ver documento completo).
En este último punto, se explicita: “Es esencial implementar políticas efectivas para fortalecer la convivencia y enfrentar el crimen organizado. Combatir el crimen con medidas contra el lavado de activos, el despliegue territorial del ministerio del interior. Asimismo, la optimización de los controles en fronteras, así como poner énfasis en la integración social. Priorizar la seguridad como un derecho humano requiere la acción urgente”.
Con respecto a la protección social, se hace hincapié en enfocar políticas públicas “en las infancias y adolescencias para garantizar que ningún niño, niña, adolescente o joven quede sin oportunidades; es una prioridad”.
Economía
Posteriormente, en materia económica, se plantea una revisión de los esquemas fiscales para “adaptarlos a nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay”.
También se proponen beneficios en la tarifa eléctrica para pequeñas y medianas empresas, sectores productivos, reducir costos burocráticos y fondos de apoyo para emprendimientos turísticos.
Además, el FA propone la creación de un Plan de Agua y de Riego, para “garantizar el abastecimiento, la producción y la protección del recurso hídrico”, además de “aumentar la producción agrícola”.
A continuación, algunas de las demás propuestas presentadas por la oposición en materia económica (ver documento completo):
En esta materia, el FA propone “fortalecer el Instituto Nacional de Colonización” a través de la “asignación de 25 mil hectáreas para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales”.
Asimismo, apunta a “aumentar el poder de compra de los trabajadores para fortalecer el mercado interno y mejorar la calidad de vida, con especial énfasis en mejorarlo para quienes hoy cobran 25 mil pesos o menos”.
De igual manera, plantean “reintroducir la Tarifa Consumo Básico de energía para hogares que la perdieron y reducir el costo para los hogares vulnerables” e “implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años con formación dual e incentivos tributarios”.
En lo social
En el plano social, se propone ofrecer un apoyo de $ 2.500 a las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas de la ANEP, para el inicio de clases.
A su vez, se plantea multiplicar por cinco las becas para estudiantes de enseñanza media, abrir residencias estudiantiles, aumentar 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y extender el subsidio por maternidad a trabajadoras independientes y profesionales universitarias.
También se proyecta la implementación de proyectos de vivienda colectiva y un Plan de Primera Vivienda para “facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de capas medios”.
En salud, se postula avanzar en un plan de salud mental “para abordar la emergencia nacional en la materia” y mejorar el acceso a medicamentos y prestaciones con reducción de costos.
“Disminuir los tiempos de espera en cirugías, estudios y consultas mediante sistemas de información y control” es el último punto planteado en el documento.
Entre las propuestas vinculadas con la seguridad, se destaca la incorporación de más cámaras y dispositivos de videovigilancia y, en particular, 500 en la frontera; la contratación de “2.000 nuevos efectivos policiales durante el período 2025-2030”; la “regulación de las donaciones anónimas y aportes de empresas privadas a partidos políticos”, y el “limitar designaciones directas en el Estado”, entre otras.