Lacalle sobre viajes de Toma: "Es muy grave y ya pedí un informe"

La investigación y posterior archivo de un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre viajes que realizó una delegación uruguaya a principios de este año generó polémica en las últimas horas, tras un informe que realizó la periodista Patricia Madrid en Así Nos Va el pasado miércoles y una nota del semanario Búsqueda publicada este jueves.

El protagonista de la investigación, cuyo archivo dividió opiniones dentro de la Jutep, fue el exsecretario de Presidencia Miguel Toma.

Un mail cifrado, recibido en 2019 por el vicepresidente de la Junta, Daniel Borrelli, denunció irregularidades en misiones oficiales a Roma, realizadas por el juicio a exmilitares acusados de violar derechos humanos durante la dictadura militar.

En esta misión había participado el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y una escribana que oficiaba como técnica de contralor de toda la documentación aportada por Presidencia.

Según la denuncia, algunos integrantes de esa misión habían "ido a pasear". Se pedía que se investigara cuánto cobraron por el viaje y, sobre todo, le pertinencia de la presencia de la contadora de la Senaclaft.

La respuesta de Presidencia, que llegó a principios de este año, incluía una explicación de Toma. El exjerarca justificó la presencia discutida de la contadora ya que oficiaba como asesora de Daños Civiles, derivados de delitos penales y, a su vez, también investigaba la ruta de dineros que podrían estar financiando a los exrepresores, en el marco del Plan Cóndor. Toma aclaró que la funcionaria dio cuenta de que, cuando Italia condenó con penas "pecuniarias" a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay y explicó que gracias a ella se pudo presentar un recurso de casación.

Búsqueda dialogó con el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, quien aseguró que su oficina "no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor" y que la funcionaria integró la misión por "resolución expresa de Presidencia".

Con los votos del vicepresidente y una vocal, perteneciente al Partido Nacional, se consideraron suficientes y satisfactorias las respuestas y se archivó el caso. Sin embargo, no estaba presente entonces el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, que se encontraba de licencia.

A su vuelta, Gil entendió que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta.

Esta mañana, Gil Iribarne dijo a Informativo Carve que le llamó la atención que haya ido alguien de la Senaclaft cuando la Senaclaft no trabajaba en esos temas. "La respuesta era insatisfactoria porque se daba un argumento que a mí me constaba que podía no ser cierto. ¿Qué era lo que había que hacer? Pedir más información", dijo. Agregó también que fue "llamativa" la celeridad con que se archivó la investigación.

El diario El País consultó al presidente Luis Lacalle Pou al respecto. "Hoy tomé noticia del tema por la prensa. Es muy grave y ya pedí un informe. Pero más que eso no podemos adelantar porque aún estamos esperando", señaló el mandatario.