El presidente Luis Lacalle Pou recibió en el mediodía de este martes en la residencia Suárez y Reyes a representantes de Familiares de Prisioneros Políticos, el grupo que se autodenomina de esa manera vinculado a presos que cumplen condena en Domingo Arena por graves delitos cometidos en dictadura.

La reunión de dos representantes de la agrupación con el mandatario, que se extendió por más de una hora, tuvo la finalidad de “denunciar la gravísima situación que están padeciendo ciudadanos uruguayos en Uruguay –nuestros familiares–, privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, a consecuencia de denuncias por hechos acaecidos durante los años 70 y 80", expresa el grupo en un comunicado de prensa.

“Nuestro reclamo es en defensa de la vida y la dignidad de nuestros prisioneros políticos –cuyo promedio de edad es 77 años–; en velar por los derechos y garantías que deberían asistirles en un Estado de Derecho y en procura que cesen las consecuencias negativas que sufren en clara violación de la normativa nacional e internacional suscrita por Uruguay (incluyendo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores)”, sostienen.

“Resaltamos el carácter grave y urgente por encontrar una solución que ponga punto final al avasallamiento de sus derechos. La Ley 15.848 ‘De Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado’, legitimada en dos oportunidades por la ciudadanía con una diferencia de 20 años, desplegó efectos y generó derechos irrevocablemente conferidos”, agrega el grupo que la semana pasada mantuvo una reunión con representantes de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay.

Además, sostienen que “en 2011 fue interpretada por una mayoría circunstancial que aprobó la Ley 18.831 ‘Restablecimiento de la Pretensión Punitiva del Estado’, desoyendo las dos consultas populares y retrotrayendo su aplicación a hechos ocurridos hace 50 años”. Desde su perspectiva, “esto violenta los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica pilares del ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Por otra parte, consideran que “empeora la situación que la Ley 18.831, habiendo sido declarada inconstitucional e inaplicable para la mayoría de los juicios que se les siguen a los prisioneros políticos, es utilizada por jueces que desacatan los fallos de la Suprema Corte de Justicia ante la pasividad de todo el sistema estatal”.

Según Familiares de Prisioneros Políticos, “a lo expuesto se suman las siguientes ilegalidades: la aplicación en forma retroactiva de la ley penal más gravosa y no la aplicación de la ley más beneficiosa, en evidente contradicción con el derecho vigente; la inversión del principio de la carga de la prueba; los procesamientos y las condenas por delitos comunes ya prescritos; la negación de acceso a los regímenes: a) de libertades, b) de penas alternativas a la prisión, c) de salidas transitorias; aun cuando se cumple con todos los requisitos legales para que se les apliquen dichos institutos”.

“Entendemos que nuestro requerimiento trasciende la situación de ilegalidad y arbitrariedad contra nuestros familiares, desde que las violaciones e infracciones cometidas por el Poder Judicial y la Fiscalía afectan el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, agrega el grupo.

“Finalmente, agradecemos al Sr. Presidente el habernos recibido, lo que nos moviliza e impulsa a continuar en el esfuerzo para lograr la liberación de nuestros prisioneros políticos”, concluye el comunicado.