El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó una rueda de prensa este sábado tras participar de una exhibición de cuchillería criolla en Montevideo.

El primer mandatario se refirió a la ley de internación compulsiva, que comenzará a aplicarse a partir de este lunes luego de que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo.

“La ley hay que cumplirla, no tenemos opción. En lo personal hace muchos años que insisto con este tema. No insisto por capricho, este tema es una suplica de madres sobre todo, pero también de familiares. Gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental. Mucho de ellos cometen delitos”, defendió el presidente,

En esta línea, Lacalle desarrolló que lo más “complejo” para la aplicación de la normativa es la convivencia de “la ley de faltas con la de internación no voluntaria”.

“Cuando se llega al lugar y hay una persona viviendo en la calle. ¿Qué es? ¿Falta o internación no voluntaria? ¿Quién decide eso? ¿Quién tiene la pericia para decidirlo? No le corresponde a un policía. Por cómo está definido quien podría ser sometido a una internación no voluntaria no lo puede hacer un policía, no es su tarea. Hay que trabajar muy coordinadamente la Policía con ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]. La coordinación es muy importante. Que llegue un médico, una ambulancia”, explicó.

Lacalle Pou firmó el jueves 22 de agosto un decreto que aprueba y establece la puesta en vigor de un nuevo protocolo de actuación para la “prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”, conocida como “internación compulsiva”.

La normativa define roles para el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, ASSE, y agrega la posibilidad de “intervención de otros organismos”.

La ley de internación de personas en situación de intemperie, con riesgo graves de enfermedad o de muerte, fue votada durante el gobierno de José Mujica en el año 2011, pero no fue reglamentada. Tras algunas modificaciones, la actual administración emitió un decreto en 2021 para reglamentarla. Posteriormente, se aprobó la ley 20.279, que sustituyó la que había sido votada en 2011.