El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este miércoles en rueda de prensa, en la que se refirió a varios temas en visita al departamento de Rocha, donde participó de la inauguración del centro Ni Silencio Ni Tabú.
Varias semanas después de la condena, y renuncia, de Pablo Caram y de Valentina dos Santos por las horas extras irregulares asignadas en la Intendencia de Artigas, el primer mandatario finalmente habló del caso de corrupción en el norte del país.
Consultado sobre este hecho en particular y si afectaba al Partido Nacional, Lacalle respondió: “Dos cosas. La primera, hace cuatro años y medio que soy presidente y nunca hablé de política partidaria. No es que ahora me sacó el lazo con la pezuña. Nunca hablé porque soy el presidente de todos los uruguayos. Tampoco voy a dejar de contestar, pero no desde el punto de vista partidario. Simplemente lo que está mal, está mal, del partido que sea”.
Tras un proceso abreviado, el exintendente de Artigas Pablo Caram fue condenado por la Justica por el caso de las horas extras irregulares a 14 meses de prisión con libertad a prueba por omitir denunciar delitos de funcionarios públicos. También deberá cumplir tareas comunitarias.
Por su parte, la exdiputada dos Santos —sobrina de Caram— fue condenada a seis meses de prisión con libertad a prueba, también con tareas comunitarias, por un delito de “usurpación de funciones”.
Tras ser condenados, ambos dirigentes, que renunciaron al Partido Nacional, fueron inhabilitados para ejercer cualquier función pública, según lo establece el artículo 80 de la Constitución de la República que les suspende la ciudadanía.
Por el mismo caso, fueron condenadas dos personas más: Rodolfo Caram (exsecretario general de la Intendencia de Artigas) y su pareja Stéfani Severo.
La condena para Caram y Severo, tras proceso abreviado, fue por el delito de fraude, con una pena de 24 meses de prisión que será sustituida por libertad a prueba y trabajo comunitario. En el caso de la mujer fue condenada como autora, y Rodolfo Caram, primo del intendente, como coautor de dichos delitos. Además, se les dispuso a ambos la inhabilitación durante cinco años para ejercer “cargos u oficios públicos” y una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.724.290) para cada uno.