Sobre la noche de este lunes, la mayoría de las estaciones de servicio del país se habían quedado sin combustible tras las medidas adoptadas por la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC), que había resuelto en la noche del domingo un paro de 72 horas.

Ante el anuncio de los fleteros, fueron largas las filas de vehículos que se pudieron ver desde la noche del domingo, y el desabastecimiento de nafta y gasoil en el país se volvió una posibilidad latente e inminente, en una semana clave para la cosecha de algunos cultivos y en la siembra de la soja.

Sin embargo, a primera hora de la mañana del martes el gobierno informó que había llegado a un acuerdo con la gremial empresarial, bajo el compromiso de postergar por dos años la resolución que establecía la desvinculación de las empresas de transportistas respecto a Ancap a partir del próximo 31 de diciembre.

El acta de acuerdo firmada por el Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) y la ATC constó de tres puntos. Por una parte, la cartera se comprometió a prorrogar “la entrada en vigencia del nuevo régimen de distribución secundaria de combustibles (de las plantas de Ancap a las estaciones de servicios), por lo que se continuará realizando por las actuales empresas transportistas con el número de permisos que tienen actualmente y con los camiones de transporte propios de las estaciones de servicio”.

“La tarifa de fletes vigente se actualizará a partir de enero de 2024 y en julio de cada año, según los coeficientes dispuestos por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)”, señala el segundo punto, mientras que el tercero añade: “El presente acuerdo regirá hasta el 30 de noviembre de 2025, renovándose a su vencimiento en forma automática por periodos sucesivos de dos años”.

En diálogo con Doble click (Del Sol), el subsecretario del MIEM, Walter Verri, reconoció este miércoles que primó en las negociaciones “la necesidad de asegurar el abastecimiento de combustibles ante medidas de lucha bastante extremas”.

Consultado sobre si la orden de llegar a una solución vino desde Torre Ejecutiva, Verri respondió: “No digo que fue una orden, pero sí conversado, obviamente, como todas las cosas, con el Ejecutivo. Desconozco si hubo [orden] directa del presidente, pero había contactos porque el desabastecimiento estaba comenzando. Había estaciones que ya no tenían combustible”.

A su vez, el jerarca reconoció en Primera mañana (El Espectador) que se puede considerar “que hubo humo blanco”, pero “no siempre es bueno tener que prorrogar algo en lo que se cree que se debe avanzar en esa dirección”.

“En función de la circunstancia que vivíamos, con los transportistas resistiendo la metodología, era necesaria una mesa de negociación para revisar la resolución de Ursea. Parece lógico pedir el aplazamiento de la aplicación de este nuevo método, pero ojalá no sea necesario que pasen dos años [para llegar a un acuerdo]”, valoró.

Por su parte, el vocero de la ATC, Roberto Batista, apuntó previo al acuerdo en el programa Más temprano que tarde, de radio El Espectador, que el origen del conflicto radicaba en que “había 250 camiones de empresas transportistas de combustible que tienen vínculo con Ancap, que es la empresa que viene pagando desde hace muchos años los fletes”, según la tarifa dispuesta por la Ursea. Esos vehículos son los encargados de abastecer a las 500 estaciones que hay en todo el país.

“Lo que dispuso el gobierno es que a fin de año dejemos de hacer este trabajo y le va a dar la distribución a Axion, Ducsa y Disa [distribuidoras]. A raíz de eso fue que, en defensa de las fuentes de trabajo de las empresas, no queremos que nos expropie el gobierno la distribución. En principio las medidas son hasta el miércoles, pero veremos qué tenemos arriba de la mesa. El cambio que quiere hacer el gobierno no trae ningún ahorro en el precio del combustible, ni rebaja”, dijo el representante de la gremial, quien no descartó que las medidas de reclamo pudieran extenderse más allá del miércoles en caso de no haber una solución.

El cambio de reglas que no será

Para entender la génesis del conflicto entre el Poder Ejecutivo y los camioneros hay que remontarse a la Ley de Urgente Consideración (LUC), que encomendó a la Ursea en el artículo 237 la revisión del mercado de combustibles y la potestad de establecer una nueva regulación.

En el apartado b y c del artículo se establece la necesidad de hacer “un estudio de la cadena de comercialización interna de combustibles y sobre los aspectos regulatorios del mercado, incluyendo análisis comparativos con mercados de combustibles externos”.

Según explicó la presidenta de la Ursea, Silvana Romero, el organismo llevó adelante lo establecido por el decreto 137 de 2021, que exhorta al regulador a elaborar un nuevo reglamento comercial vinculado a los transportistas, las estaciones de servicio y las distribuidoras.

En esta línea, El Observador consignó que en octubre la Ursea aprobó la nueva reglamentación, que comenzaría a regir a partir del 1º de enero de 2024, y que establecía que a partir de esa fecha las distribuidoras se comenzarían a hacer cargo del costo del flete, en lugar de Ancap. Además, en la resolución 517/023, el directorio del organismo determinó una nueva metodología para el cálculo del margen mayorista y el Precio Máximo Intermedio (PMI).

En el presente, las distribuidoras (Axion, Ducsa, Disa) eligen la empresa transportista, pagan por el servicio y luego facturan a Ancap el costo del transporte para que reintegre el costo. La estatal paga unos US$ 40 millones al año por fletes, costo que pesa poco en el valor del combustible ($ 0,56 por litro en la nafta y menos en el gasoil) y es trasladado por la estatal al precio de venta al público. Según estima el gobierno, esos $ 0,56 podrían mejorarse entre un 20 y 30% si “la cadena fuera eficiente”, apuntó Verri.

En los hechos, el cambio normativo que provocó el rechazo y la reacción de los transportistas implicaba que Ducsa, Axion y Disa seguirían contratando a los fleteros, pero comenzarían a definir los montos a pagar por el servicio (siempre a partir de la nueva metodología establecida por la Ursea), con relación a criterios de competencia con el objetivo de lograr una mayor eficiencia.

Para la gremial de transportistas, este cambio en las reglas de juego (que los distribuidores cubran los costos de distribución) implicaba una amenaza para las empresas chicas y medianas del sector, debido a que las empresas de mayor porte podrían ofrecer precios más bajos, y también estaba sobre la mesa la posibilidad de que empresas extranjeras invirtieran para prestar el servicio.

En tanto, desde la Cámara Uruguaya de Distribuidores (compuesta por Disa y Axion) negaron en un comunicado algunas de las expresiones realizadas por representantes de ATC y rechazaron estar negociando con empresas extranjeras o contratistas que no son los actuales.

Aunque desde el directorio de Ancap se estaba a favor de avanzar en este cambio, según supo Montevideo Portal, desde la empresa se entendió que la nueva reglamentación llega tarde (al menos un año), y además no se comparte la técnica elegida por la Ursea para calcular el nuevo costo teórico. De hecho, desde la estatal se transmitió por vía formal la discrepancia “en su calidad de regulado”, aseguró la fuente consultada.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien participó directamente de las negociaciones con los transportistas, dijo a Montevideo Portal que la intervención por parte de la cartera fue a partir de un pedido ante la inminencia de la posibilidad de decretarse la esencialidad.

“Cuando interviene el Ministerio de Trabajo, el MIEM y la ATC habían avanzado bastante en el acuerdo. Estábamos al borde de la esencialidad, por lo que convocamos para las ocho de la mañana del martes porque había una situación de desabastecimiento. La esencialidad era una posibilidad real. De hecho, hay un antecedente del gobierno anterior, cuando la ministra de Industria era Carolina Cosse, en 2018, y se decretó la esencialidad”, afirmó Mieres.

Consultado sobre si hubo una marcha atrás de este gobierno, el jerarca respondió que desde la ATC se había pedido inicialmente prorrogar por tres años la modificación, y que se llegó finalmente “a un acuerdo razonable” entre las partes.