La lista de denuncias del expresidente de Salto Grande sobre la gestión de Carlos Albisu

El expresidente de la delegación uruguaya Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande Gabriel Rodríguez Fleitas envió una carta en los últimos días, dirigida al programa Informativo Carve, en la que respondió a declaraciones realizadas por Carlos Albisu, actual presidente de la delegación uruguaya en la CTM.

En dicho documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, Rodríguez desmiente declaraciones realizadas por Albisu, en referencia a su gestión al frente de la CTM entre 2010 y 2015. El ingeniero eléctrico de profesión es funcionario de UTE desde 1989 y formó parte de la delegación uruguaya en la CTM de Salto Grande desde 2005 y hasta el 17 de abril de 2020.

Según Rodríguez, Albisu señaló que durante las gestiones del Frente Amplio también se realizaron designaciones directas y afirmó que “hace 40 años que ingresan militantes” de partidos a trabajar en el organismo supranacional.

“Durante la gestión que nos tocó integrar y en parte dirigir, entre el 2005 y 2019, el único ingreso ‘político’ fue el del secretario de la delegación del Uruguay, como está previsto en el Reglamento de la Delegación del Uruguay en CTMSG [Comisión Técnica Mixta Salto Grande], aprobado por el Gobierno de Uruguay en la década del 1960. Salvo ese caso, no hubo otros ingresos de carácter (o por cuota) político. Quien asevere lo contrario, debe demostrarlo. Los demás ingresos a la plantilla de empleados uruguayos fueron resultado de concursos o mecanismos de selección internos/externos sin preguntarles a quien votaban en las elecciones”, se defendió el exjerarca.

En esta línea, Rodríguez afirmó que desde 2007 a 2019 se realizaron más de 260 concursos para la cobertura de vacantes, e ingresaron 128 personas de nacionalidad uruguaya por ese mecanismo. En el documento se detalla que hubo siete ingresos por designación directa en ese período y “solo uno fue de carácter político”.

Además, se agrega que en 2005 la CTM tenía 258 empleados uruguayos y en 2020 la cantidad era de 236.

“Se priorizó la calificación o formación del personal definiendo los perfiles necesarios para cada vacante a ocupar. El nivel formativo promedio del personal ingresado en el período es superior al del personal que se retiró en el mismo período”, apuntó Rodríguez.

Actual gestión

Sobre la actual gestión de Albisu, con quien Rodríguez compartió directorio durante la administración pasada (él como presidente y el salteño como delegado), el ingeniero detalló cambios que se dieron a partir de 2020 en Salto Grande: aumento de plantilla; designación directa de 34 personas, “todos ellos con conocida vinculación política con las autoridades de turno”; beneficios en ascensos “a empleados con vínculos políticos y/o familiares”; entre otros.

El exjerarca también denuncia que entre mayo y junio de 2020 se anularon procesos de selección de personal con consultoras especializadas para ocupar vacantes de profesionales, “que estaban en las etapas finales en marzo de 2020 con los postulantes ya seleccionados”.

“Se ocuparon dichas vacantes en forma directa”, añadió Rodríguez, que agregó: “Se eliminó o derogó la resolución MCTM 002/18 (del año 2018) que establecía la obligatoriedad de mecanismos de concurso o procesos de selección para todos los cargos jerárquicos (vale decir que Uruguay desde el 2007 aplicó este mecanismo como ‘norma’, pero no Argentina). Esto habilitó a permitir nuevamente la ‘discrecionalidad’ en la delegación para la designación, marcando un claro retroceso en la profesionalización necesaria en una empresa como la CTM de Salto Grande”.

“A la fecha se observa un retraso en la cobertura de vacantes técnicas, prioritarias para la gestión del organismo, pero en cambio se ha priorizado el ingreso de personal en áreas nuevas, creadas sin definición de perfiles o cometidos específicos, con la excusa del ‘desarrollo regional’. Un ejemplo: el equipo asignado directamente a la delegación del Uruguay era, en 2019 de 17 puestos, en 2023 es de 34… un 100% de aumento”, señala Rodríguez en la carta.

Y añade: “En suma, en la actual gestión, a valores de 2023, Uruguay debe financiar entre $ 70 y $ 80 millones ‘extra’ por año, que corresponden a esas 34 personas ingresadas directamente y los ‘ascensos’ internos. La cifra es de mi responsabilidad en base a los montos salariales y no se incluyen gastos adicionales como viáticos, horas extras y beneficios. Por si fuera poco, un reciente cambio estatutario en junio 2023 otorga algo así como la ‘inamovilidad’ a los empleados de Salto Grande, estableciendo que solo será posible el despido mediante un sumario por falta grave. Llama la atención que en un gobierno de claro signo ‘liberal’ se tome una medida de este tipo, que no hace otra cosa que asegurar la estabilidad de las personas que entraron a Salto Grande por cuota política y no por capacidades técnicas”.

En el documento también se hace mención a los “retiros anticipados” y menciona casos puntuales, como el de Carlos Gelpi, “un empleado de Salto Grande, ascendido a un puesto de asesor”, que acordó un retiro anticipado en junio de 2023.

“Nadie sabe qué tareas hace esta persona como asesor, ni dónde trabaja. Todo el mundo sabe que es alguien con vínculos históricos con el Partido Nacional, además de un empresario de TV por abonados. El caso del delegado [Daniel] Arcieri: empleado de Salto Grande desde los 90 fue designado delegado por el actual Gobierno. Este directorio, integrado por el propio Arcieri, aprobó una modificación al estatuto de personal que le asegura al delegado, por ser funcionario de CTMSG, que al momento de finalizar su mandato como delegado deberá optar por un puesto de asesor con una categoría de las más altas del organismo, o un retiro anticipado similar al anteriormente descrito”, denuncia Rodríguez, que también menciona el caso del actual vicecanciller Nicolás Albertoni.

“Lamentablemente, la lista de hechos que cuestionan la buena administración pública en la actual administración es más extensa y abruma. Como en todas las organizaciones, lo más importante son las personas que trabajan en el día a día para hacer posible ‘el negocio’. Esa gente, la que aporta, la que tiene la camiseta puesta, es la que se ve más afectada por este desprestigio, producto de ambiciones personales y visiones demasiado cortoplacistas y mezquinas. Ni hablar del daño que sufre el Estado por estas actitudes. Pero volviendo al principio, insisto, no hicimos lo mismo cuando nos tocó estar en ese lugar”, finaliza la carta Rodríguez.

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