Por Macarena Pereyra | @MacaEcheverz

Elaine trabaja desde los 16. Y tiene 47. Es brasileña y empezó trabajando en la calle de ese lado. “Después seguí en el parque internacional y de ahí me fui para un pueblito: Minas de Corrales, en Rivera. Me corretearon bastante, me llevaban presa, me retenían toda la noche y ahí me pasaban para el lado brasileño para poder largarme”, explicó, ya que su documento era extranjero.

Este es uno de los aspectos que aspira OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) a reformar en la ley vigente que regula el trabajo sexual en Uruguay: la cantidad de años de trabajo necesarios que deben tener para poder jubilarse. “Nosotras tenemos un ciclo”, dice Elaine. “Ya con 47 años no es lo mismo”, agrega. Además, el aporte que hacen actualmente es solo para el Banco de Previsión Social (BPS). No tienen derecho a mutualista y sus hijos están desprotegidos.

Una de las principales reformas que se le hace a la ley en este primer borrador es que el trabajo sexual pase a estar regulado bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En este momento, al encontrarse relacionado con el Ministerio del Interior, muchas trabajadoras deciden no sacar la libreta que las habilita a trabajar para no quedar “fichadas”. Eso las estigmatiza y luego les resulta difícil conseguir otro trabajo.

“Vas a la comisaría por un extravío de cédula y a ellos les aparece que sos trabajadora sexual, sale en todos lados”, afirmó Claudia, presidenta de la organización, quien ejerce el trabajo sexual desde hace casi 26 años.

La discusión sobre el trabajo sexual tiene tantas aristas como enfoques. Se puede analizar como fenómeno social: ¿por qué las mujeres deciden trabajar “en la noche”?, ¿es realmente una decisión de ellas?. Se puede ver desde un punto de vista jurídico, distinguiendo el regulacionismo, el abolicionismo o el reduccionismo. Se puede enfocar desde un punto de vista del trabajo sexual como tal y es, desde este enfoque, justamente, que se encuentra trabajando un equipo interdisciplinario para modificar la ley vigente.

La Ley de Trabajo Sexual, nº 17.515 se creó en el año 2002. Es decir que hacen ya 20 años de su vigencia. En este período de tiempo las cosas han cambiado. El ambiente, las normas, la forma de relacionarse y de hacer negocios. Hay leyes nuevas, como la nº 17.815 de Violencia Sexual Contra Niños, Adolescentes o Incapaces, promulgada en 2004. La de Prevención y Combate de la Trata de Personas, nº 19.643, más reciente, promulgada en 2018.

Actualmente, las trabajadoras sexuales se encuentran reguladas bajo la órbita del Ministerio del Interior (MI) y no desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, (MTSS). Para comenzar a trabajar deben sacar una libreta en las policlínicas de ASSE, donde se les hace un estudio de sangre por VIH y por VDRL (sífilis, enfermedad de transmisión sexual), según explicó Elaine a Montevideo Portal, miembro y tesorera nacional de OTRAS.

“Somos un grupo de personas cis y trans, que se nos reconoce en la Constitución uruguaya, Ley 17.515, como Trabajadoras Sexuales y que nos abocamos a la tarea de dar a conocer, reivindicar y ampliar los DDHH sociales, culturales, económicos y jurídicos de quienes nos integran”, se lee al ingresar al portal web de la organización.

Según OTRAS, el trabajo sexual “se trata de una relación contractual de tipo compromiso comercial entre una persona o personas que ofrecen servicios sexuales – recibiendo por ello remuneración monetaria preconcebida y por un plazo acordado anticipadamenten – y una persona o personas que lo reciben”. Así lo definen.

Para las trabajadoras, la organización es un lugar seguro. Es un sostén para las que recién empiezan y también para las que ya trabajan hace mucho tiempo. Es un grupo donde se apoyan unas a otras. Es importante tanto su creación como su continuidad y su misión es fomentar el respeto y el reconocimiento de su trabajo. Su visión es ayudar a la formación de una sociedad más justa y saludable, sin prejuicios ni estigmas, y los valores que estimulan son la tolerancia, la equidad, la perseverancia, la apertura y la integridad. Así se definen.

El reduccionismo y los derechos humanos

El concepto de reduccionismo lo creó Karina, ex presidenta de OTRAS. Según explicó, lo vienen trabajando desde el año 2003 y consiste en “reducir el tiempo en que las personas que ingresan a la oferta de servicios sexuales permanezcan ahí, y eso genera un lapso que permite verse y proyectarse por fuera de la oferta de servicio sexuales y ayuda a reducir las cadenas generacionales que hacen que se generalice la prostituión como una forma válida de la salida de la pobreza”.

“Hay una diferencia entre el discurso jurídico y el discurso activista, el segundo puede ver desde una perspectiva sociológica”, explicó la abogada Agustina Santos, quien trabaja con Karina desde el año 2018. Entre los proyectos que han realizado juntas se encuentra la Exposición de Motivos para la modificación de la ley, realizada en 2021, antes de que el proyecto entrara en la Comisión de Trabajo y Constitución.

Santos explica la necesidad de reformar la ley actual en base a la Teoría de los Derechos Humanos, que pone al ser humano como un ser moral y autónomo. “Todas las personas somos capaces de autodeterminarnos, de determinar qué queremos hacer con nuestra vida, qué es una vida valiosa y qué no, y hacernos cargo de las consecuencias que ello conlleva”.

Dentro de los discursos activistas pueden analizarse las posiciones abolicionistas y los regulacionistas, que en algunas ocasiones pueden perseguir una causa que no necesariamente sea racional, ya que lo que buscan es generar un sentido de pertenencia. “Por momentos esa causa puede volverse muy radical, pero por otro lado, existe el discurso jurídico, que tiene ciertas particularidades, porque primero, está en un marco institucionalizado, en un sistema de derecho, y también porque tiene un efecto coercitivo”. afirma.

Para la abogada lo más importante es ser conscientes de esa característica jurídica en la toma de decisiones. Ese es el momento en el que es necesario un esfuerzo argumentativo y justificativo, es un proceso de búsqueda de respuestas racionales, ya que los efectos recaen directamente sobre las personas. “Justificada en el sistema de derecho, está la teoría de los derechos humanos”, agrega.

“Si partimos de la base de que se reconoce al otro como un sujeto racional, que es capaz de hacerse cargo de su vida, regular el trabajo sexual y brindar las condiciones y garantias que se merecen”, explicó Santos y declara que “acá no estamos diciendo que es un trabajo fantástico, pero sí, que sí hay una persona que decide libremente y con sus capacidades cognitivas suficientes para ejercerlo, brindémosle las garantías necesarias para que lo haga”.

Finalmente recalcó que eso de ninguna manera quita que el Estado tenga la obligación de generar igualdad, de generar condiciones dignas de vida y de no discriminación, pero que esa esa obligación del Estado no se anula con el hecho de reconocer la libertad de decisión de las trabajadoras sexuales.

La manera de que el reduccionismo funcione, y se ha comprobado que funciona, es generar tiempo con la cobertura de necesidades básicas de una persona. “Con esto se logra darle a la mujer la posibilidad de verse fuera del espacio de la oferta sexual”, afirmó Karina. Sin embargo, también agregó que esto solo se logra con quienes son “nuevas” en el rubro.

“Trabajar es salud”

“Hay mujeres que sufren del oído por la música muy alta, de la visión por la luz negra, y eso no son enfermedades de transmisión sexual. Queremos una asistencia en salud integral. Es muy injusto”, dijo Elaine- También resaltó la parte de salud mental: “en la pandemia, nomás, ¿cuántas compañeras pasaron por problemas por depresión y enfermedades psicológicas?”.

Existe desde 2019 una pauta para la atención integral de las trabajadoras sexuales, el mismo puede descargarse directamente de la página del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, Karina afirma que “no hemos logrado que pongan en vigencia la pauta que está desde el año 2019 a nivel país. Solo se implementa en Montevideo.”

El objetivo general de las pautas de atención elaboradas es “aportar herramientas conceptuales y técnicas acerca del trabajo sexual y su relación con el acceso a la salud integral de las personas que lo ejercen, desde un marco de derechos humanos y libre de discriminación.” Capacitar, concientizar sobre todo lo que conlleva el trabajo sexual y sus cuidados, detectar posibles casos de abuso, combatir la estigmatización de la profesión, garantizar la continuidad de la atención tanto en en salud integral como en especificidades. Así lo definen.

Para ejercer el trabajo sexual se debe tener una libreta donde se especifican los datos de la persona y el exámen clínico. En Montevideo, esta libreta, hasta principios de este, año solo podía expedirse en la policlínica del Hospital Maciel. “Ahora logramos que la Intendencia de Montevideo se sumara al proyecto de la solicitud de OTRAS y las policlínicas de ASSE de Montevideo también pueden hacerte y firmarte la libreta”, explicó la ex presidenta de la organización.

Karina tiene 49 años, presidió OTRAS antes que Claudia y trabajó en el rubro desde los 18 años, hasta hace tres meses, cuando decidió dejarlo. Según contó, eliminó más de 28.500 archivos de contenido erótico, producto de su trabajo durante los últimos siete años. “Al principio no le daba mucho corte, pero los días de lluvia por ejemplo que no podía salir a trabajar, hacía un pack de dos o tres fotos y ya con eso me aseguraba algo, que podía pagar mi habitación o que tenía para comer al otro día”, contó.

¿A qué costo?

Hay una realidad existente y una decisión que tomar al decidir trabajar en la noche: la calle, las whiskerías o pubs, o vender imágenes en páginas como hizo Karina en sus últimos años como trabajadora sexual. Como están las cosas en este momento con la ley vigente, muchas trabajadoras mujeres y personas trans prefieren trabajar en la calle para no ser “explotadas”. En el caso de Claudia, que empezó a trabajar a los 20 años y hoy en día tiene 47, hace ya siete años que trabaja por su cuenta en la calle, aunque sabe que corre mucho más riesgo que trabajando en un lugar privado.

Piensa que en “una whiskería estaría mejor”, en cuanto a seguridad se refiere: no tendría que estar preocupada por defenderse de posibles ataques. “En la calle tenes que defenderte sola, no hay quien te proteja. Te puede pasar que te lleven para un lugar, te violen, te peguen, te puede pasar cualquier cosa”, afirma, pero prefiere la calle a “trabajar para un explotador”.

Sus inicios en el trabajo sexual fue debido a un caso de proxenetismo por quien era su pareja en ese entonces. Los recursos escasearon y él la forzó a pararse en “la esquina” y también la enganchó en la droga. Claudia no consume hace 8 años y le gustaría conseguir otro trabajo “donde la gente no te juzgue y te mire con otros ojos”.

Dentro de las personas involucradas en el proyecto se encuentra la diputada suplente frenteamplista Laura Caffaro. Sobre la importancia del proyecto declaró que, “hay un hilo muy fino entre el proxenetismo, la explotación sexual, la trata de personas y el trabajo sexual, todo está íntimamente ligado. Si no queda claramente marcado por la ley, la línea queda bastante difusa, es muy importante regular”.

Dentro de las situaciones actuales por las que tienen que pasar las trabajadoras sexuales que deciden ejercer dentro de las whiskerías y pubs, al día de hoy están: que los dueños te retengan la libreta, que te obliguen a trabajar embarazada, que te multen con cifras de 2 mil pesos uruguayos y más por salir del establecimiento con un cliente, que te retengan la parte de tu dinero generado para que no te puedas ir, entre otras cosas.

“Estamos intentando que se nos incorpore a trabajos y a cursos. Yo trabajé un año nomás en la noche, porque enseguida empezó la pandemia, y después entré a OTRAS. Como tengo el apoyo de ellas, ya no volví más a la noche”, contó Loren. Una de las miles de mujeres que recurren al trabajo sexual cuando no ven otra salida. Loren vivía con sus hijas en un balneario cerca de Montevideo. Luego de ser víctima de violencia doméstica, recurrió a vivir con su madre en Rivera y a depender de ella económicamente.

Como no encontraba trabajo recurrió al trabajo sexual. “El primer mes fue horrible, era otro mundo y las cosas que tienes que soportar”, expresó. “Después conocí a Karina y me uní a OTRAS y les dije que no quería estar en la noche, con su apoyo pude salir y no volví más”. Agregó que sigue “firmando la libreta” porque está en el grupo con las compañeras de OTRAS y va a seguir con ellas “hasta el final”, pero que “en la noche no trabajo más”. Hizo un curso de manipulación de alimentos y, actualmente, su trabajo es cocinar y vender viandas para mantenerse a ella y a sus hijas.

Obsoleta, desfasada.

Estas regulaciones se ven reflejados en el nuevo proyecto de ley. El artículo nº 14, que sustituye al artículo nº 26 de la ley vigente, plantea prohibir los juegos de azar, el alcohol y las actividades ruidosas. En el artículo nº 18 se explicita que si la trabajadora sexual le paga un porcentaje de lo recibido por sus clientes al dueño del establecimiento, será entendido como proxenetismo. En el artículo nº 19 se prohíbe obligar a las trabajadoras a atender clientes en contra de su voluntad, retenerles documentación, cobrarles multas o sanciones, e ingerir alcohol o drogas, entre otros cambios.

Caffaro explicó que este borrador fue concebido en conjunto con OTRAS y con un equipo de legisladores del Frente Amplio luego de recibir a la organización en la bicameral femenina. La diputada explica que se trabajó a partir del derecho laboral, “con una mirada actual sobre la realidad, una mirada que a nivel de las organizaciones sociales y de la academia se ha venido desarrollando sobre este tema”. A su vez afirmó que “las trabajadoras sexuales siguen muy expuestas y vulneradas” y que la “legislación puede aportar su mirada para que esto cambie”.

El borrador de modificación del proyecto de ley vigente ingresó a la Comisión de Trabajo y Legislación, que preside la diputada del Partido Colorado Maria Eugenia Roselló, el 21 de diciembre de 2021 y cuenta con el aval de la bancada de representantes del Frente Amplio. Según Caffaro, es el primer proyecto que se discutirá en la próxima sesión de la comisión, que tendrá lugar el 11 de mayo. El borrador modifica los artículos mencionados, entre otros, y pide derogar 13 artículos de la antigua ley.

De acuerdo con la ley vigente, se creó una Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual. La preside un integrante del Ministerio de Salud Pública, y los demás delegados son del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, Instituto de la Niño y la Adolescente del Uruguay (INAU), de la Intendecia de Montevideo y de OTRAS. En la nueva Ley, la comisión deja de ser honoraria, pasa a órbita del Ministerio de Trabajo y debe sesionar una vez al mes. Además, se eliminan a las figuras del Ministerio del Interior y del INAU, pasa a presidir un delegado/a de el Ministerio de Trabajo y se agregan representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del PIT-CNT y de ASSE, además de OTRAS.

“Hay muchos menores trabajando, no se les ponen multas a las whiskerías y hay muchos proxenetas trabajando ahí, hay fiolos. Queremos que tengan un seguimiento más profundo. Queremos que haya una regulación más seria”, afirma la presidenta de OTRAS y agrega otras partes fundamentales del cambio “que no corra más la droga ni el alcohol en las whiskerías, que cada cuál haga su trabajo, nos paguen y ta, nos obligan a que consumamos alcohol y drogas, a estar toda la noche aguantando cabeza, ese no es nuestro trabajo. Queremos cortar todo tipo de explotación de los patrones hacia nosotras”, zanjó Claudia.