Boreal, la planta procesadora de cáñamo medicinal, fue inaugurada el 7 de setiembre de 2020, con la presencia de una delegación del Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que prometía ser la empresa más importante del rubro en América Latina.

Según consignó El País en julio de 2023, se trataba de un emprendimiento con inversores canadienses. Sin embargo, de los 400 trabajadores que estaban en planilla al comienzo, la cantidad de empleados fue bajando exponencialmente hasta quedar 40.

Poco tiempo después, de forma sorpresiva, se notificó a los pocos trabajadores que quedaban el cierre definitivo de la empresa.

Tras el cese de la actividad intervino el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y la cartera convocó a las partes para llegar a un acuerdo, pero se encontró con que no pudo identificar a ningún representante de la empresa que diera la cara. Así, al menos una decena de los trabajadores desvinculados no cobraron la correspondiente indemnización por despido. En tanto, el 30 de enero de 2023 se concretó la intervención judicial de la empresa.

Detrás de la inversión inicial de Boreal estaba un grupo inversor canadiense representado por el empresario John Joseph Pollesel y Gonzalo Aguiar, quien fue asesinado a tiros por su expareja Romina Camejo el pasado lunes.

Aguiar, quien creció en La Unión y de joven se fue a vivir a Canadá, regresó a Uruguay en 2019 con la idea de fundar una empresa de procesamiento de cáñamo en el rubro del cannabis medicinal, con capital invertido por Pollesel, hasta ese momento su socio.

La demanda por estafa

Sin embargo, en enero de 2023 el empresario canadiense vinculado a la industria minera presentó una denuncia penal contra Aguiar por los delitos de “estafa y apropiación indebida”, por un monto de al menos US$ 10 millones.

Según información a la que accedió Montevideo Portal, el representante legal de Pollesel señaló en la denuncia que Aguiar y su esposa Roxana Donan (residente en Canadá) convencieron a su cliente de invertir US$ 27,5 millones en un negocio de cannabis en Uruguay, lo que resultó ser “un enorme fraude, mediante el cual Aguiar convirtió en su provecho no menos de US$ 10 millones”.

Aguiar se había acercado a Pollesel a fines de 2018, aunque ya se conocían desde 2016, para proponerle invertir en Uruguay, con el fin de desarrollar un proyecto de cannabis medicinal e industrial, producto que había sido legalizado en algunos países recientemente.

Tras la concreción de la inversión de US$ 27,5 millones por parte del empresario canadiense y su núcleo más cercano, Aguiar desembarcó en Uruguay en 2019 y ahí comenzó el engaño sobre los montos y en qué se había invertido el dinero.

Según informó Aguiar a Pollesel, en marzo de 2019 compró el establecimiento agropecuario donde se iba a desarrollar la operación de Boreal por US$ 1,5 millones, cuando en realidad el costo de adquisición había sido por US$ 700.000. Para el demandante, este fue el primero de muchos “engaños artificiosos”.

Posteriormente, la construcción de la planta de secado y curado se completó en 2020. Para ese entonces, Aguiar informó a Pollesel que la inversión total había sido por US$ 11,5 millones, mientras que el costo de producción del primer año sumó otros US$ 2 millones.

En este contexto, el empresario uruguayo que era conocido hace varios años en el ámbito político, requirió a Pollesel otros US$ 7,5 millones para la compra de tierras en Artigas, con el objetivo de cultivar plantas cannabinoides de CBD y THC.

El empresario canadiense visitó la planta de Boreal en Salto en tres oportunidades, por última vez en enero de 2020, previo a que la pandemia del covid-19 llegara a Uruguay.

Aunque el inversor se llevó una buena impresión de sus visitas a Uruguay, luego la relación con Aguiar comenzó a cambiar, registrándose ocultamiento y presentación de documentación falsa por parte del empresario recientemente asesinado. En esta línea, el demandante señala que hubo a partir de esos meses “apropiación, artificiosos engaños e incluso falsificación”.

Ante la insistencia en el reclamo de Pollesel, Aguiar comenzó a enviar comprobantes sobre supuestas operaciones de ventas, una por 3 millones de euros, otra por 2,5 millones de euros y otra por 2 millones.

Luego, ventas por 21 y 39 millones de euros, además de una documentación que supuestamente acreditaba que en la cuenta de la empresa había US$ 90 millones. La única venta que realmente ocurrió fue una de US$ 7.500, según surge de información de Uruguay XXI.

El resto fueron comprobantes falsificados por Aguiar del banco BBVA y del Banco República, incluso el estado bancario por US$ 90 millones.

Ante esta situación fue que, durante 2021 y 2022, Pollesel comenzó a sospechar realmente de la información que le remitía Aguiar, en particular por las excusas que ponía el uruguayo para no realizar la distribución de los dividendos.

Ya para 2023, el vínculo entre Aguiar y Pollesel era inexistente. Además, el inversor (accionista mayoritario de Ignapin SA) no tuvo acceso a los estados contables o a ninguna documentación de dominio público sobre la sociedad que financiaba.

Según surge de los documentos en poder de Montevideo Portal, Aguiar utilizó el dinero que le confió Pollesel para “comprar suntuosos bienes a su nombre, viajar por el mundo y un sinfín de gastos personales millonarios”.

Tras la estafa y apropiación del dinero, Aguiar compró varias casas en Punta del Este, terrenos en el mismo balneario, un yate, un Ferrari 458 Spider, un BMW, una camioneta Volkswagen Tiguan, motos de agua, cuatriciclos, entre otros bienes, así como el Lamborghini que apareció en la escena del crimen.

Según informó el periodista Eduardo Preve, el fiscal Gilberto Rodríguez resolvió conformar un equipo especial para seguir adelante con la denuncia por estafa realizada por el empresario canadiense, pese a la muerte de Aguiar.