El cruce entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las ollas populares ha ido in crescendo. Mientras que desde el Gobierno estiman que hay elementos suficientes para comprobar delitos e intereses político-partidarios en torno a la organización de ollas y merenderos, desde la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) postulan una premisa diferente: “Claro que tenemos activación política. El hambre es político y creemos que en tal caso les molesta que tengamos una organización independiente”.  

En las últimas horas, las 700 fojas de la instrucción que realizó una funcionaria del Mides a instancias de la directora general de Secretaría, Karina Goday, llegó al despacho de la fiscal de Flagrancia de 1° turno, Graciela Peraza. Hasta allí viajaron los más de 50 testimonios que consignó El País y en los que la instructora de la investigación administrativa constató supuestos hechos delictivos, cantidades “infladas” —con comillas en el original— y organización política. 

Algunas conclusiones e irregularidades señaladas pueden ser leídas de forma diferente en la realidad de las ollas.

La investigadora aseguró que 68 de las 250 ollas estimadas en el informe de 2021 de Solidaridad.Uy —colectivo que es parte de la CPS— dejaron de funcionar. Ese informe fue actualizado para el período 2021-2022 tras volver a contactar a las casi 700 iniciativas que existían en 2020 y los datos, relevados en marzo de 2022 y publicados en agosto, arrojaron números diferentes. 

En la actualización, Solidaridad.Uy constató 311 iniciativas activas, de las cuales 179 eran parte de la CPS. Si bien en el propio informe se asume la variabilidad de las iniciativas, que ocasionalmente van de activas a inactivas (no siempre cerradas definitivamente), la conclusión de la investigación del Mides fue que había 68 ollas que no funcionaban y seguían figurando, por lo que —asumen— hay una intencionalidad política en ello.

Desde Solidaridad.Uy aseguraron a Montevideo Portal que no fueron convocados por la funcionaria que realizó la investigación y que desconocen de qué iniciativas se trata o quiénes efectúan las denuncias. La propia investigación oficial aclara, sin embargo, que la CPS presentó —entre el 1 y el 3 de octubre, unos días después de lo establecido por el Mides como fecha tope— dos listas: en la primera contaban 192 iniciativas y, en la segunda, 179. De ese primer corte, la investigadora concluye finalmente que hoy hay 25 inactivas.  

“Puede haber pasado que hayan ido un día que no hacen olla, como sucedió con la de Casavalle, y lo anotan como que no existe”, aseguró Pía Mascari desde Solidaridad.Uy, y añadió: “Nunca nos preguntaron, ni llamaron, ni avisaron de la denuncia; nunca nos llegó”.

La investigación administrativa en el Mides comenzó tras los cruces y negativas de la CPS a entregar datos, aunque luego lo hicieran, y de la sospecha de Uruguay Adelante y del propio Mides sobre el desvío de alimentos y el aprovechamiento político por parte del Frente Amplio. Una vez constatadas ciertas “irregularidades e inconsistencias en datos proporcionados por la CPS” en visitas salteadas a distintas iniciativas —sobre lo que las ollas responden aduciendo que no son “oficinistas” sino “organizaciones voluntarias y dinámicas”—, se procedió a dar curso a dicha instrucción.

El Mides enmarca la decisión de control y revisión en la percepción de la caída de la demanda de ayuda a partir de dos lecturas: la merma detectada especialmente por Uruguay Adelante y el entendimiento de que la seguridad alimentaria es un problema “estructural” que arrastra Uruguay hace años. Lo validan con datos de la FAO (ONU) que dicen que en 2016 los registros de inseguridad alimentaria eran los más altos (moderada y severa en torno al 28%, severa en 9%). Pese al descenso ininterrumpido de los años subsiguientes, que llevó la inseguridad alimentaria al 22% y la severa al 6% de la población en 2019, se produjo un salto abrupto en 2020 (pandemia mediante): la inseguridad alimentaria moderada subió a 25%, y la severa a 8,6%.

Ese punto (el hambre estructural) parece ser el único en el que coinciden todos los involucrados, desde Solidaridad.Uy, desde el INE —que en octubre presentó un informe en el que se habla de 15% de hogares con inseguridad alimentaria en Uruguay— o desde estudios académicos, como el que realizaron docentes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Entramando barrios. Ollas y merenderos populares en Uruguay 2021-2022. En dicho informe se establece que la variabilidad de iniciativas no afectó mayormente a la cantidad de alimentos demandada: las porciones servidas se mantienen casi inalteradas en el período. Pero todos coinciden en que un 25% de las iniciativas registradas existían previamente porque es una solución relativamente estable de sectores vulnerables.  

Más allá de esto, dados los datos del Mides sobre el descenso en las demandas e iniciativas sociales alimentarias, uno de los aspectos más sensibles para el ministerio aparece esbozado en el segundo punto de las conclusiones presentadas por la investigación, donde se constató testimonialmente que se habrían “inflado” los números de atención de las ollas. Los testimonios insisten en que es algo extendido en la CPS y en todas las ollas, y desde Uruguay Adelante ratificaron que este elemento, como el de malversación o acopio indebido, también estuvo presente en su organización. Sin embargo, advierten que la respuesta fue “contundente” y que, al detectarlo, intervinieron con los responsables y los desafectaron.

Sobre la comercialización de productos hay un testimonio de Uruguay Adelante en la investigación realizada por la funcionaria del Mides: “Detectar no pudimos. Sí sabemos que en las ferias se viene vendiendo a un nivel que solo la CPS puede tener […]. Gente nuestra los vio, los encaró, pero el tema es que tampoco es un delito, porque no hay un delito atrás de vender algo que recibieron por esta vía”. La misma persona alega que tenía “mensajes” probatorios, pero que los borró.

Otros testimonios recogidos por la investigación insisten en dicho uso. En tanto, referentes de ollas de la CPS que dialogaron con Montevideo Portal —aunque prefirieron sostener el anonimato— confirmaron que sabían de algunas ocasiones en las que habían hallado víveres del plan ABC —de la Intendencia de Montevideo—, o del Mides en alguna feria, pero consideraron que es “imposible” saber de dónde provenían. El propio Santiago Pérez Gazzano, director de Uruguay Adelante, consideró ante este medio que esa trazabilidad es algo que solo el Estado podría hacer.

En el punto 3 de las conclusiones, precisamente, la instrucción determina que la CPS no hacía controles en las ollas a las que proveía, pero consultados por este medio, tanto la organización como el Mides ratificaron que no existe ningún convenio o protocolo entre las partes que estableciera dicha tarea. A partir de la polémica, el Mides empezó a ejercer contralor a través de la realización de visitas que dieron lugar posteriormente a esta investigación.

Otros testimonios consignaron, por ejemplo, que una olla estaba cerrada, pero que “levantaba cosas de ABC” y las vendía en la calle. Desde la CPS, Pedro Rodríguez insiste: “Puede que alguien haga algo indebido, pero no es la generalidad y, además, ¿cuánto se piensan que gana la gente por vender un saco de harina? ¿Doscientos pesos? Lo que hay es hambre, miseria y organizaciones que hacen lo que el Gobierno no”.

Desde Solidaridad.Uy insistieron en otro punto: “En el memorando de entendimiento que firmó la CPS con el Mides [en abril de 2021] nunca se habló de que había que dar equis cantidad a tal olla; los insumos eran para la CPS y nosotros, en base a las porciones, distribuíamos”.

En relación con la “falta de transparencia” a la que refiere el informe en su cuarto punto, la CPS argumenta que los remitos eran generales por cada red de ollas —en total hay unas 13 montevideanas y tres del interior dentro de la coordinadora— y que ellos entregaban entre 18 y 19 toneladas de mercadería, que retiraban los viernes y se repartían los sábados en el Mercado Modelo.

Uno de los firmantes de esos remitos accedió a dialogar con este medio bajo resguardo de su nombre y aseguró que las irregularidades no eran tales porque cada red repartía según lo acordado en los plenarios. Ante la consulta por los testimonios de ex miembros de la CPS que denunciaron ante el Mides la desprolijidad y la obligación de asistir a reuniones políticas, reconoció la importancia de dicha participación, pero descartó que se los obligara: “Si no ibas a las reuniones donde se votaba en asambleas cómo sería ese reparto de alimentos y se constataban las necesidades de cada miembro de la red, después no podías quejarte de lo que te tocaba”.

Por otro lado, Pedro Rodríguez reiteró a Montevideo Portal que la CPS “no gestionaba ninguna olla, sino que es una organización popular que ayudaba en esa organización y reparto”. Sobre los modos de asignación de recursos, insistió: “Cada red decidía en la interna”.

En el punto siete de las conclusiones se señala que una referente retiraba alimentos de la CPS y también de Uruguay Adelante. No queda claro que exista incompatibilidad legal en esta actuación, pero desde la CPS insisten en que “lo que aporta el Mides a través de UA no alcanza y los insumos se obtienen entre eso, lo que aportan vecinos, donaciones y la intendencia”. En el mismo sentido, el estudio de los especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales consideró que solo un 20% de los alimentos que se utilizan en las ollas proviene del Mides.

Cuestiones legales

La investigación del Mides contra la CPS empieza como una instancia administrativa según el artículo 182 del decreto de 1991, en el que se dispone la aprobación del procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la administración central. Sin embargo, en el informe que la funcionaria actuante presentó a las autoridades del ministerio se refirió a su actuación enmarcada en el decreto 222, de 2014, en el que se establecen los procesos disciplinarios ante eventuales sanciones por incumplimientos o hechos irregulares de los funcionarios públicos. En este caso, dada la naturaleza del vínculo y de la investigación, no hay funcionarios públicos involucrados. Aun así, fuentes del ministerio consideraron apropiada la investigación por el involucramiento de fondos públicos. Sin embargo, ante la consulta de este medio sobre eventual manejo de fondos por parte de la CPS, ratificaron que jamás se les entregó dinero.

Por otro lado, el decreto establece la necesidad de que las partes denunciadas sean tratadas con presunción de inocencia y convocatoria a descargar su posición. Según pudo saber Montevideo Portal, el Mides convocó a la CPS por correo electrónico —la vía de contacto que siempre han sostenido mutuamente— y desde la organización respondieron a principios de noviembre diciendo que no acudirían, porque debían resolverlo en plenarios colectivos.

La misma reglamentación de los protocolos establece que, ante una denuncia, se debe garantizar que los denunciados puedan controlar la consecución de las pruebas, pero desde el Mides consideraron que no era necesario dado que “la denuncia no es contra nadie”.