La cárcel del pueblo: un plan trunco, las dos bandas que ve Rilla y la pregunta de Mahía

La apertura al público de “La cárcel del pueblo”, una casa ubicada en el Parque Rodó de Montevideo, en la calle Juan Paullier 1190 (u 1192) donde el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) mantuvo cautivos a políticos, y donde años después, según denuncias de militantes comunistas, militares del Ejército torturaron a hombres y mujeres, ha generado una revisión de los hechos históricos.

El 27 de mayo en 1972 las Fuerzas Conjuntas encontraron el lugar y detuvieron a quienes la operaban. Casi 50 años después, los interesados podrán visitar el lugar, ya que el Ministerio de Defensa Nacional lo dispuso. La próxima semana, el sábado 23 de abril, abre sus puertas al público “La cárcel del pueblo”. El fotógrafo Dante Fernández, de la agencia Foco Uy, realizó un registro del lugar el 8 de abril.

Este martes, el ministro de Defensa, Javier García, informó en Telenoche cómo surgió la idea. "El año pasado conversamos con el presidente porque los que integramos una generación sabemos que allí hay uno de los fenómenos, de las figuras más emblemáticas de esos momentos. Yo tomé conocimiento cuando asumí el ministerio que esa casa estaba en poder de la cartera", dijo el martes el ministro.

"En el mes de noviembre vinieron las autoridades de la organización 'Toda la Verdad' y me plantearon que fueran familiares de Frick Davis, que estuvo preso allí, y de Pereira Reverbel y les dije que sí", agregó. Carlos Frick Davies fue ministro de Ganadería y Agricultura, y Ulysses Pereira Reverbel presidió UTE y fue un político colorado cercano a Jorge Pacheco Areco.

Además, explicó que el presidente le pidió que anunciara la apertura del lugar luego del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Esto es parte integrante de la historia reciente y la historia para ser comprendida en su totalidad, no puede tener recortes (...) Este año justamente se cumplen 50 años de que las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, capturó y liberó a quienes estaban secuestrados allí", recordó el ministro.

El ministro confirmó que no habrá guías ni folletos que relaten lo que sucedió allí, aunque las fotos de Foco Uy revelan que hay algunos carteles en el lugar. "Acá hay una historia sin recortes, ¿la va a compaginar con otras partes de la historia, y como ciudadano del Uruguay tendrá sus conclusiones. No le corresponde a un ministro sacar las conclusiones, le corresponde al ciudadano", dijo el ministro.

Dante Fernandez / FocoUy

García expresó que "las violaciones a los derechos humanos, la tortura, muerte o desaparición, son repudiables siempre, las cometa quien las cometa”.

Un día antes, el lunes, la senadora Silvia Nane del Frente Amplio (La Amplia) dijo en entrevista con La diaria que "el ministro de Defensa Nacional está validando con su accionar que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado". Ante esto, García respondió que "es el ministro de todos los uruguayos".

Por su parte, el también senador frenteamplista José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), también cuestionó la medida y el enfoque que le dio el ministro. “Lo que hay que ver ahora es si el ministerio pone a disposición toda la historia a la ciudadanía y va a un cuartel en Minas, donde estuvo detenido el general [Líber] Seregni, detenido y torturado, y hay que ver si va a mostrar ese lugar a toda la población de Minas, con o sin relato”, dijo el senador y profesor de historia a Montevideo Portal.

Los historiadores Carlos Demasi y José Rilla también se refirieron al asunto, cada uno por su cuenta. “Ya hubo antes una iniciativa de este tipo, cuando Eleuterio Fernández Huidobro era ministro de Defensa dijo que le parecía que esa casa no tenía que permanecer en el Ministerio de Defensa, y que quería que se hiciera algo con esa casa. La ofrecía a la sociedad civil para escuchar alternativas. Y ahí fue que yo pude entrar a ver esa casa con un equipo de historiadores y la idea era que hubiera un debate social sobre el tema: no lo va a decidir un equipo de historiadores, no lo va a decidir el Ministro de Defensa Nacional; que defina la sociedad lo que se va a hacer con ese espacio, cómo se va a gestionar”, recordó Demasi en el programa Punto de Encuentro de radio Universal, y luego cuestionó la forma en que se tomó la decisión.

Dante Fernandez / FocoUy

“Lo que me llama la atención no es que se abra, sino lo repentino de la demanda y el hecho de que se decida sin debate social previo, sin que se planteé exactamente qué es lo que se va a hacer. Es una decisión del ministro acordada con el presidente. ¿Quiénes son el presidente y el ministro para decidir sobre estos temas por toda la sociedad? Yo tengo mucho respeto por las instituciones de mi país y tengo mucho respeto por el presidente, pero vendrá este presidente y vendrá otro, y no son temas que los presidentes puedan decidir, y menos aún los ministros, que si los presidentes duran cinco años nunca se sabe lo que durará un ministro. Allí me parece que hay un problema en todo el conjunto de las decisiones”, dijo el investigador y profesor de historia.

Por su parte, Rilla planteó también en Punto de Encuentro de radio Universal que “el tema ahora vuelve y está bien”. “Escuché al ministro con atención, creo que manejó una posición de equilibrio frente al tema”, dijo el historiador, y aseguró que políticamente en este tema el gobierno “compite” con la oposición y, por otra parte, el herrerismo lo hace con uno de sus socios de la coalición: Cabildo Abierto.

Un plan trunco

En 2015 o 2016, Demasi fue convocado para visitar “La cárcel del pueblo” por parte del entonces ministro de Defensa, Fernández Huidobro.

“Cuando se anunció que el Ministerio de Defensa Nacional quería desprenderse de esa casa, el equipo de investigadores que estábamos investigando el pasado reciente, que habíamos publicado los libros, que manteníamos una página web por un convenio de Presidencia de la República y Universidad de la República, fue invitado a visitar esa casa. Fuimos y estuvimos mirando toda la casa, la parte residencial también. Allí Aldo Marchesi largó la idea – que a mí y al equipo de investigadores nos pareció una buena idea – de crear una especie de complejo museístico que mostrara no solamente ´La cárcel del pueblo´, sino también esa casa que era un poco la evidencia de las formas de vida de la clase media alta de los años 50. Allí vivía una familia que tenía un tren de vida y un confort adecuado a aquellos años y que uno podía suponer que algo afectó a esa familia que la llevó a vincularse con los tupamaros y a ofrecer su casa para hacer un refugio de esas características. Y buscar después la forma de que, siendo que esa casa también fue un centro clandestino de detención, sumarle también los testimonios de la gente que estuvo allí detenida clandestina. Armar una especie de panorama de los dramas de la historia reciente del Uruguay a partir de su localización en esa casa que resulta tan emblemática por varios motivos, no solo porque esté ahí ‘La cárcel del pueblo’”, dijo.

Foto: Montevideo Portal - Gerardo Carrasco

El historiador recordó que la idea de Fernández Huidobro de abrir el sitio “generó un debate que en su momento estuvo bastante picado” pero “la propuesta de repente bajó de cartel, dejó de estar”.

El profesor criticó luego lo que planteó el ministro en Telenoche. “Una de las cosas que me llamó la atención es que repentinamente se decida que eso se va a poner para la visita del público, sin debate social previo, como era una de las cosas que se quería hacer en aquella época (2015 o 2016) y que incluso se reclamaba por parte de los partidos de la oposición, que reclamaban que no podía ser el gobierno que resolviera por sí mismo lo que podía pasar por esa casa”, dijo el historiador.

Demasi cuestionó especialmente la equiparación que realizó el ministro de los delitos cometidos por militares y tupamaros en el lugar. “Se supone que los Estados modernos surgen como resultado de la necesidad de su población de poder vivir en paz. El estado de naturaleza, el estado en el que las comunidades vivían sin autoridad, era un estado que generaba muchos problemas. Entonces, como dice la declaración de independencia de Estados Unidos para defender los derechos es que se crearon los gobiernos. Existen derechos naturales del hombre y que como en la vida social corriente esos derechos eran permanentemente atacados por otros ciudadanos, los hombres decidieron ceder una parte de su libertad y someterse al control de un estado para que el estado salvaguarde la vigencia de esos derechos”, tras esta introducción, agregó: “El Estado está para defender los derechos de los ciudadanos y para proteger a aquellos cuyos derechos han sido lastimados, por lo tanto, si un ciudadano cualquiera de la sociedad civil lastima un derecho de otro ciudadano, comete un delito, y eso está establecido en el código penal. La cárcel del pueblo no es un lugar donde se violaron los derechos humanos, es un lugar donde se cometieron delitos en la época de los tupamaros”.

“Quien viola los derechos humanos es el que tiene la obligación de respetarlos y defenderlos, que es el Estado. Si un particular viola los derechos de otro particular, el Estado lo configura como un delito y lo mete preso. Ahora, si es el Estado el que viola los derechos, ¿quién lo mete preso? ¿Quién lo juzga? Allí hay un escalón diferente: violación de derechos humanos es una cosa y delitos comunes es otra. La cárcel del pueblo tenía que ver con delitos comunes, no con violación a los derechos humanos”, dijo Demasi.

“Por otro lado, hay otra parte que, aunque se dice que tenemos que contar toda la verdad, se está contando solo la mitad, que es la siguiente: durante la época de la dictadura, desde 1975 y 1976 en adelante, hay muchos testimonios de muchos detenidos que dicen que pasaron por esa casa, gente sobre todo del Partido Comunista, que estuvieron detenidos y fueron torturados en esa casa, y allí no queda nada de evidencia donde diga ‘ahí es donde torturaban a los prisioneros, esta es la picana eléctrica’. Aunque se dice vamos a contar la historia completa, solo se está contando la mitad”, expresó el historiador, autor del ensayo “El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro”.

Dante Fernandez / FocoUy

“Además, se está mostrando una mitad bastante afectada por una opinión que considera que los derechos humanos los puede violar cualquier ciudadano en cualquier circunstancia, lo que no es por lo menos el concepto que manejamos de derechos humanos”, dijo Demasi.

“Me impactó la sorpresa: de repente se saca este tema. Cuando se planteó que se iba a hacer un debate para la apertura, el mismo ministro se mostró enojado e irritado y reclamó que no fuera el gobierno a inventarse una historia. Ahora que él está en el gobierno parece que no tiene el mismo temor de que se lo acuse de lo mismo. O bien pretende que una cosa es que las medidas las tome un gobierno y otra que las tome otro gobierno”, agregó.

Dante Fernandez / FocoUy

Las dos bandas que ve Rilla

Por su parte, Rilla consideró que el ministro manejó en la entrevista con Telenoche “una posición de equilibrio frente al tema” y destacó “el esmero que el ministro pone para decir que hay que contar o abrir todas las puertas de toda la historia para que todos tengan el derecho a verlo”.

“Más allá de que me parece bien, de que lo formula en términos correctos, creo que esta apertura forma parte de una especie de competencia - y evito la palabra disputa – que se está haciendo a dos bandas: por un lado, claramente entre el gobierno actual y el Frente Amplio, con las memorias que involucran a cada una de las partes, y que ha tenido idas y vueltas; y por otro lado, interpreto que, a la luz de mi análisis de la trayectoria del ministro García en estos temas, hay una especie de competencia entre el herrerismo, que es el sector más fuerte del gobierno, y un sector del gobierno, de un sector de la coalición multicolor, que es Cabildo Abierto, para que quede claro que el gobierno tiene una política referida a la experiencia traumática de la violación de los derechos humanos y no le cede la derecha a ningún sector de la coalición en esto. Que tiene una política militar, que tiene una política vinculada a la búsqueda de restos de desaparecidos, al mismo tiempo que muestra cierta firmeza con abrir otras perspectivas como esta que está involucrado con la apertura de la casa”, dijo Rilla.

El historiador cuestionó luego que no haya una guía o folleto informativo sobre el lugar. “Sin hechos no hay historia, pero sin narración de los hechos tampoco hay historia”, aseguró, y recomendó el libro “La última cárcel del pueblo”, del periodista Mauricio Almada, publicado por la editorial Fin de Siglo, y además los trabajos del periodista Leonardo Haberkorn, quien también ha publicado varios libros sobre el pasado reciente.

La pregunta de Mahía

El senador Mahía plantea que “si el ministro ingresa en un camino que si lo sigue con la ecuanimidad con la que dice actuar va a tener que ir a lugares que quizá no tenía pensado”.

“Yo considero que toda violación a los derechos humanos es condenable por definición. En eso estoy de acuerdo, ahora bien, en este caso, desde el punto de vista de la definición conceptual, la violación de los derechos humanos que se hace desde el Estado, el terrorismo de Estado, no es equiparable a otro tipo de violencia. Son cosas distintas y tienen un peso distinto, porque precisamente es el Estado el que debe defender a la sociedad de todo tipo de violencia y de violación de los Derechos Humanos, y cuando el Estado es el que lo practica es más grave”, dijo Mahía, en la misma línea que lo planteado por Demasi.

“Si el ministerio ingresa en el camino del relato de la historia reciente y es coherente con lo que ha dicho públicamente y recientemente el ministro, seguramente tendrá que ir a abrir algunos predios militares donde se torturó y se apremió a mucha gente que no estaban vinculados al MLN, sino esencialmente al Frente Amplio, y en muchos casos, la enorme mayoría, sin haber disparado un solo tiro ni haber secuestrado a absolutamente a nadie”, agregó el senador.

García informó que “El 300 Carlos”, un centro de detención y tortura ubicado en predio del ministerio está abierto para visitas. “Ese es uno, pero si busca encontrará más en todo el país”, respondió Mahía.

“La pregunta es si hará lo mismo con predios militares donde sucedieron episodios de tortura, con personas desaparecidas total o parcialmente. Hay que ver si el ministerio quiere mostrar una parte o si quiere mostrar, como dijo, la verdad para que la gente saque sus conclusiones, y que mañana ingrese a un batallón del Ejército y que le digan: 'Acá pasó tal cosa'”, agregó.

“Yo soy frenteamplista y el Frente Amplio nació como una alternativa pacífica a la vía de llegar al gobierno por las armas, que fue el MLN, y la enorme mayoría de los presos del Uruguay fue detenida y apremiada sin haber disparado un solo tiro. Por lo tanto, cualquier tesis, como la que subyace en este caso, que es la teoría de los dos demonios, lo que falsea es la realidad histórica, porque si bien esto fue un episodio, la mirada general de lo que pasó es mucho más amplia y no obedece sin dudas a una concepción que se promueve de un lado, que es la lucha de los dos demonios. Acá lo que sucedió es que en dictadura e incluso en los años previos fue una conducta del Estado que se puede denominar como terrorismo de Estado, no contra una guerrilla solo, sino en general contra la sociedad uruguaya y en particular contra los frenteamplistas y los partidos de oposición, que en menor medida sufrieron también las consecuencias del terrorismo de Estado. Ese es el contexto general, por eso me pregunto si dependencias militares de hoy serán abiertas por el ministro, como en Lavalleja donde fue salvajemente torturado el general Líber Seregni”, concluyó Mahía.